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14 de Oct de 2019

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Columnistas

Las consecuencias del abuso del poder

“Solo se quiere que se conozca la verdad de lo ocurrido y que la mano negra de los intereses de los poderosos no interfiera [...]”

Siempre se dijo que uno de los principales males de la administración Martinelli fue que había actuado al margen de la Ley. Que sus decisiones eran producto de caprichos. En los últimos cinco años nos cansaron con todo aquello, que no redundaré en detalles.

Señalamos en ocasión anterior que, el viceministro de Comercio e Industrias de Martinelli, Ricardo Quijano, envió mensaje a Richard Fifer Carles de que, mientras no saliera de la empresa Petaquilla Gold, el Gobierno no daría la licencia para comercializar su producción. Vaya abuso del poder del que dio la instrucción al anodino viceministro. Fifer se alejó para no perjudicar a los más de 3500 accionistas de la empresa. Pero Varela, fue mucho más allá. Todo indicaba que el objetivo de ambos era controlar la valiosa mina.

Me tocó denunciar ante la Corte Suprema de Justicia a Martinelli por su abuso de poder cuando, a una semana de haber asumido el cargo, con mazo en mano, destruyó el candado de la Marina de Jean Figali en la Calzada de Amador, sin ninguna autoridad para hacerlo, tomándose la propiedad, amparada bajo un contrato vigente con la Nación en ese momento, sin orden de nadie ni de la AMP ni de ningún corregidor. Como decimos los panameños lo hizo de “sus forros”. Ante eso, la Corte Suprema de Justicia, para variar, no hizo nada.

En caso de las propiedades de Herman Bern en Playa Bonita, para ser diferente esta vez, la Corte Suprema sí habló y muy alto y claro; contundentemente. Anuló, a través de sendos fallos de su Sala Tercena Contencioso-Administrativa, la concesión y el contrato de concesión, que le permitió a Bern desarrollar esas tierras en áreas revertidas. Al haber construido sobre propiedad del Estado, a sabiendas de que su concesión había sido cuestionada legalmente, construía a su propio riesgo. Perdió en la Corte; perdía todo lo hecho allí. Quien construye en tierra ajena, pierde lo que edificó sobre ella. Sin embargo, Varela, también de “sus forros”, vendió a su amigo Bern lo que ya era propiedad del Estado; espero que en algún momento ese acto arbitrario sea declarado nulo. El único miembro de ese gabinete que se opuso a semejante venta propuesta por el ministro del MEF, Dulcidio de la Guardia, fue el de Gobierno, Milton Henríquez. Poco les valió que advirtiera a Varela antes de hacer lo que hizo, el error que cometían.

En el caso de Fifer Carles y todo lo relacionado con la mina de Petaquilla, las acciones de Varela llegaron mucho más lejos que las de Martinelli. Pretendió, como en efecto podríamos estar comprobando, apoderarse de todo lo que había allí, mediante la utilización del poder del Estado, ejercido a través de la mano de diversas entidades públicas.

Quizás lo hacían para beneficiar a gente poderosa dentro y fuera del país. De haber sido así, no lo lograron ni lo lograrán. Cinco instituciones fueron utilizadas para tratar de destruir a Fifer; conspiración bien montada. Primero, a través de la Caja de Seguro Social, donde inventaron deuda de cuotas obrero patronales: lo metieron preso por ello, el único detenido por ese delito y peor aún, sin haber cometido ninguna falta, perpetrada por otro, pero con influencias para que no lo acusarán. Se coludieron funcionarios de la CSS del anterior Gobierno con el de Varela. El MICI, porque canceló ilícitamente la concesión, siendo ministro Melitón Arrocha. MiAmbiente, dirigido por Mirei Endara, quien no permitió que Petaquilla corrigiera lo que supuestamente no estaba bien. El Ministerio de Trabajo, dirigido por Luis Ernesto Carles, quien, a través de una “lista de asistencia”, inventó un sindicato amarillo para poder declarar un embargo sobre Petaquilla por el orden de los $5 millones, y poder llevar a la paralización total de la empresa minera. Y el PAN, que, en complicidad con MiAmbiente, realizó una licitación millonaria para reparar lo ya reparado por la empresa y que solo le costó a Petaquilla $60 mil, ocasionándole al Estado una lesión patrimonial millonaria. Conspiración bien orquestada, siendo su director el mismo mandatario. Y eso que se pasaba haciendo galas de la transparencia de su Gobierno. ¿Qué tal que no hubiese sido transparente? Durante los cincos años de Varela nada se movía sin su consentimiento, a pesar de que durante su gestión se dijo tantas veces lo mismo de Martinelli.

Se está caminando por diferentes senderos ahora. Solo se quiere que se conozca la verdad de lo ocurrido y que la mano negra de los intereses de los poderosos no interfiera en el desarrollo de actividades comerciales en que otros, con tanto esfuerzo, han puesto en ellos. Eso es todo lo que pide al Gobierno de Laurentino Cortizo. Que no se use el poder omnipresente del Estado para avasallar a nadie. ¿Será exigirles mucho a quien dirige los destinos de un país? Lo menos que se puede esperar es que a todos los que participaron en estas tramoyas les caiga el peso de la Ley.

Abogado