Infraestructura Penitenciaria con sentido humano

Nelson Rolihlahla Mandela, ex presidente de Sudáfrica, quien dedicó su vida a luchar contra la discriminación racial y para el tratamiento digno de las personas en reclusión dijo “suele decirse que nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una sus cárceles”. Bajo esta idea se dedicó a promover y abogar para que existieran condiciones de encarcelamiento dignas y a sensibilizar acerca de que las personas privadas de libertas son parte de la sociedad.

Estas dos ideas, además de la valoración de la importante labor del personal penitenciario, inspiraron en el 2015 la resolución 70/715 de la Asamblea General de las Naciones Unidas con la que se aprobaron las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como Reglas Mandela en honor al Laureado Premio Nobel de la Paz, que pasó 27 años en prisión, durante sus luchas por los DDHH, la igualdad, la democracia y la promoción de una cultura de paz.

La agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible reafirman la importancia de un tratamiento humano a las personas privadas de libertad, al orientarse bajo el principio de “no dejar a nadie atrás” en los esfuerzos de alcanzar el desarrollo de los países y su población, y esto incluye a los privados de libertad.

Panamá ha dado pasos importantes para mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad. La Ley 55 del 2003, reorganiza el Sistema Penitenciario, fundamentándolo en principios de seguridad, rehabilitación y defensa social consagrados en la Constitución Política del Estado panameño.

El Título III de esta Ley desarrolla la denominación y clasificación de los Centros Penitenciarios y, establece las condiciones de alojamiento de la población privada de libertad, un paso importante en su tratamiento desde una perspectiva de DDHH. No obstante, este esfuerzo requiere fortalecerse. A pesar de que la Ley establece que los centros penitenciarios deberán alojar solo la cantidad y clase penal de personas privadas de libertad para las cuales fueron diseñadas, su aplicación es una asignatura pendiente en la gestión pública.

En términos de infraestructura, la dotación de centros penitenciarios en Panamá ha constituido una sucesión de esfuerzos que requieren una reorientación y que sean considerados los ámbitos de habitabilidad, reinserción sociolaboral y gestión de los Centros Penitenciarios.

El desafío es superar viejas prácticas que implican convertir en cárceles instalaciones que han sido diseñadas con fines militares o industriales. Estos esquemas y paradigmas son incompatibles con la incorporación de las Reglas Mandela, las reglas de la ONU para el tratamiento de los reclusos y los requerimientos específicos de cada comunidad penitenciaria integrada por custodios, privados de libertad, personal administrativo y visitantes en general. Ejemplo de estas viejas prácticas son los proyectos desarrollados después de la demolición de la recordada cárcel Modelo. Entre estos La Joya, La Joyita, La nueva Joya, Centro Penitenciario de Colón y recientemente el Centro Penitenciario de Chiriquí.

Para avanzar en una agenda inclusiva y enfocada en derechos humanos, se impone la necesidad de organizar los proyectos de infraestructura de manera distinta. Es decir, separando en la contratación de la infraestructura, el proceso de diseño del proceso constructivo; estableciendo con precisión planes maestros para cada caso; desarrollando estudios y diseños conceptuales previamente; elaborando la ingeniería de detalle, línea de tiempo, estándares y especificaciones técnicas basadas en las mejores prácticas. Estos aspectos deben ser la base para determinar previamente los recursos financieros requeridos para la implementación de los proyectos.

La intención de construir el Nuevo Complejo Penitenciario de Colón impone el reto de no replicar los viejos paradigmas que terminan con infraestructura en la que prevalece el hacinamiento, sistemas básicos colapsados, la inseguridad, y la condena de personas a condiciones infrahumanas de vida que hasta podrían constituir una forma de pena de muerte.

En este desafío, la Oficina de la Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), pone a disposición del Gobierno panameño sus conocimientos, experiencias, herramientas y enfoques de trabajo para cooperar técnicamente en el desarrollo de capacidades, provisión de infraestructuras penitenciarias funcionales y resilientes, a la altura de un país de renta alta y sobre todo en el aseguramiento del respeto de sus DDHH a toda persona privada de libertad.