Académicos en salud no declaran sus conflictos

Hay evidencia de que los médicos que se dedican a labores académicas no declaran sus conflictos de intereses. Tal falta de transparencia impacta la práctica clínica de los médicos que atienden pacientes, quienes en última instancia sufren las consecuencias de intervenciones innecesarias.

En el año 2013, en Estados Unidos, entró en vigencia la Ley Sunshine, que obliga a las compañías farmacéuticas, de tecnología o de dispositivos médicos a informar sobre los pagos que han hecho a médicos durante el año anterior. Esta ley fue respuesta a múltiples escándalos que se han dado cuando han salido a la luz casos de graves conflictos de intereses por parte de médicos clínicos, o en la confección de guías y recomendaciones clínicas. A partir de esto, el Centro de Servicios de Medicare y Medicaid (Centers for Medicare and Medicaid Services) creó base de datos sobre los pagos que hacen las compañías de las industrias antes señaladas, a médicos y otros profesionales de salud. Estas bases de datos son de libre acceso a través del portal de internet 'Pagos Abiertos' (Open Payments) que mantiene dicho centro.

Un estudio [JAMA Surg.  2018; 153 (11):997-1002] comparó los pagos reportados en la base de datos Pagos Abiertos, con las declaraciones de conflictos de intereses financieros que los journals o revistas académicas exigen a los autores de artículos publicados en ellas. El objetivo del estudio era constatar el grado de cumplimiento de los autores académicos respecto de dichas normas éticas de transparencia de las revistas académicas. Los resultados son más que preocupantes.

Los investigadores tomaron de la base de datos de Pagos Abiertos, los 100 médicos que recibieron los pagos más altos –en valor monetario—de las diez compañías fabricantes de dispositivos médicos que hicieron más pagos a médicos para el año 2015. Luego hicieron búsquedas de artículos de los que dichos médicos fuesen autores, en la base de datos PubMed (www.pubmed.org) para el año calendario 2016. Se buscó publicaciones del 2016 para asegurarse de que al momento de la publicación, los pagos recibidos por los autores fuesen previos a la publicación, lo que activa la obligación de declarar el conflicto. De los 100, 64 fueron autores o coautores de artículos publicados en ese período, de un total de 412 artículos. De los 412 artículos, 225 eran relevantes a sus respectivos pagos recibidos según aparecen en la base de datos ya mencionada. ¿Resultado? Solo en 84 de los 225 artículos, los autores hicieron la declaración de conflicto de intereses relevante. Eso es 37.3%. Es decir, en casi 2/3 de los artículos, los autores no declararon sus conflictos de intereses. El total de los pagos reportados por esas 10 compañías a esos 100 médicos fue de $12.4 millones, y la mediana de los pagos recibidos por cada uno de esos médicos fue de $96 mil. Si los que reciben esas altas sumas de dinero no declaran, ¿podemos esperar que los que reciben cantidades menores (pero que sesgan igual, revela la evidencia científica en psicología) lo declaren?

Lo anterior es buena evidencia de que las normas de las revistas académicas sobre declaración de conflictos de intereses financieros, no se están cumpliendo. Esto impide que los lectores de las revistas académicas conozcan de los conflictos de intereses de sus autores, y por tanto no pueden hacer una evaluación informada sobre la probabilidad de los sesgos en los artículos especializados.

Lo anterior es con respecto a las publicaciones de artículos en revistas médicas. Pero también ocurre con los autores de libros de texto de uso en facultades de Medicina y como referencia para médicos. Otro estudio [AJOB Empirical Bioethics, 9:2, 59-68], también reciente (2018), se enfocó en la transparencia de los conflictos de intereses financieros de autores de libros de texto médicos. A diferencia de las revistas académicas, que al menos en teoría tienen códigos de ética que exigen que los autores de artículos declaren sus conflictos, no existen normas similares para los autores de libros de texto.

En este segundo estudio, los investigadores se enfocaron en seis libros de texto biomédicos en sus ediciones más recientes. Esto incluyó libros de Medicina (Harrison's Principles of Internal Medicine – 'Principios de Medicina Interna, de Harrison', que en lo sucesivo referiré como 'PIM'), libros de Farmacología, Farmacia, Medicina osteopática, Terapéutica Aplicada y Odontología. En el caso de PIM, poco más de 20% de autores tiene patentes biomédicas (de fármacos, de dispositivos o de aplicaciones clínicas). En cuanto a pagos de la industria, poco más del 55% de los autores de PIM recibieron pagos (pagos que excluyen becas o fondos de investigación). De los 10 autores de PIM que más pagos recibieron en 2014, el que menos recibió fue por $169 mil, y el que más fue por $560mil.

Los libros de texto que utilizan tanto estudiantes de Medicina durante su formación, como luego cuando son profesionales clínicos, como material de consulta, incluyen recomendaciones de tratamiento, y también criterios para definir enfermedad. En ambos casos hay oportunidad para que la opinión académica del autor plasmada en el libro de texto esté sesgada a favor de un mayor intervencionismo diagnóstico o terapéutico, por razón de sus conflictos de intereses financieros que pueden sesgar esas opiniones hacia un mayor intervencionismo médico.

La evidencia acumulada es robusta y abundante, de que los conflictos de intereses financieros crean sesgos. Además, nos lo dice el más elemental sentido común. Si creyéramos realmente que los conflictos de intereses financieros no crean sesgos, no prohibiríamos a jueces ni fiscales recibir pagos de parte de particulares. Ni veríamos problema alguno en que un funcionario reciba pagos de parte de una compañía que contrata con el estado a través de la entidad en que dicho funcionario trabaja. Es absurda la pretensión de que la naturaleza humana se suspende para los médicos en labores académicas.

Los médicos que atienden pacientes no pueden ser críticos con la información académica que reciben, si no saben siquiera de la existencia de conflictos de intereses de los autores de lo que leen. Engañado el médico, engañado el paciente.

Abogado