Atraco al pueblo o desigualdades de clase

En seguimiento al tema tratado en esta columna el sábado último sobre las desigualdades de clase, nos dedicamos a desmenuzar un poco algunos mecanismos indirectos a través de los cuales las clases más ricas despojan de activos y riquezas a las clases menos pudientes que ellas, ya no solamente a las más pauperizadas, sino también a otras con recursos para generar riquezas, en escalas menores.

En cualquier caso, el Estado es un actor clave e irremplazable en este proceso de despojo, ya sea estableciendo leyes para legalizarlo, ya sea reprimiendo a quienes osen alterar este desvalijamiento, o bien, mentalizando a la ciudadanía de que tales mecanismos de despojo son correctos y hasta convenientes para el país, como la multimillonaria contratación a una de las empresas del magnate Carlos Slim, para la “eficiencia” de la gestión del IDAAN.

En efecto, Stiglitz (2012) asesor del ex presidente Clinton, planteaba cuatro mecanismos básicos a través de los cuales las clases más ricas de Estados Unidos se hacían más poderosas, ampliando la desigualdad cada vez más insoportable en esa sociedad.

Un mecanismo es la compra de activos del estado por parte de grandes propietarios privados, a precios por debajo de su valor. En Panamá, registramos el “regalo” que se le hizo al dúo Martinelli-Virci, del ingenio azucarero La Victoria cuando el gobierno de Pérez Balladares lo privatizó. Igual se registra en la memoria histórica, el acaparamiento de “connotadas familias ricas” que hicieron sus capitales originarios gracias a la usurpación de grandes extensiones territoriales que luego legalizaron por una bicoca al estado.

Otro mecanismo, tiene que ver con la expoliación de bienes naturales, no solo depredando los mismos sino peor aún, no otorgando al tesoro público lo que comercialmente cabría reconocer por ellos.

El caso de Minera Panamá es particularmente ejemplar, tanto por la fuerte aportación al cambio climático en la transformación del uso del suelo en miles de hectáreas de las provincias de Colón y Coclé, como porque evade olímpicamente y bajo el beneplácito de las autoridades, la cuota parte que correspondería al fisco panameño por las toneladas de minerales que explota y no declara.

Un tercer mecanismo de expoliación indirecto, de las clases más ricas sobre las menos ricas y sobre las clases pauperizadas, alude a la venta de bienes y servicios al estado a precios por encima de su valor incluso de mercado. Aquí, los casos conocidos de los años posteriores a la invasión de 1989 son cada vez más burdos.

Entre los más famosos aparecen casi todos los proyectos “llave en mano”—o versiones antecedentes de las “Asociaciones público privadas”— en el sector del transporte y comunicaciones, como las mega obras del metro —la línea 1 debió haberse construido con menos de mil millones de dólares y terminó superando los 1,880 millones de dólares, sin que nadie haya sido acusado de nada—, en el sector de salud y saneamiento como el fraude de la ciudad hospitalaria, hoy ciudad de la salud; además de las mega ventas de insumos y medicamentos al MINSA y la CSS.

También entran como muestras reprochables, ventas en escalas menores en el sector educación, recuérdese el caso de las mochilas y los alimentos dañados —administración de Lucy Molinar— donde todos los implicados salieron impunes.

Estos últimos, empero, representan empresarios —burócratas y políticos— que no pertenecen a las clases más ricas, solo son aspirantes a estas, pero a las que los medios le fijan su mirada. El resto de los casos mencionados, los han perpetrado los empresarios con grandes intereses transnacionales; guardándose para sí las mayores magnitudes de atraco a los fondos del pueblo. A la postre, han convertido nuestro mercado interno, en lo que Paul Baran (1957) señalaba desde hace más de 60 años: en un “apéndice del mercado interno del capitalismo occidental”, es decir, de las poderosas clases globalizadas, más no de las clases sociales locales con poco o ningún activo.

Contrario a las fórmulas seguidas por los gobiernos desde 1990 a la fecha, la posibilidad de eliminar las desigualdades principales, por tanto, pasa por anular todo tipo de mecanismo —no solo los indirectos que hemos tratado, aquí sino los directos— empleado para favorecer a las clases con inconmensurables recursos, esto es, democratizar el acceso y la posesión de los activos, de los medios para generar esas riquezas, más que lo producido por tales activos, llámese bonificaciones, subsidios a la pobreza o salarios mínimos ridículos.