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20 de Oct de 2020

Adoniram Sanches Peraci

Columnistas

Un futuro para la agricultura familiar panameña

Las zonas rurales en América Latina y el Caribe están marcadas por la desigualdad, la pobreza, y la concentración económica, de tierra y de poder.

Las zonas rurales en América Latina y el Caribe están marcadas por la desigualdad, la pobreza, y la concentración económica, de tierra y de poder. Este diagnóstico es ampliamente conocido y se vuelve aún más impactante considerando que es en las zonas rurales donde se producen los alimentos que comemos y donde hay un abanico de oportunidades que nacen de la diversidad de sus ecosistemas, sus tradiciones y su potencial para el turismo. Aunque ésta sea una realidad conocida y consensuada, los mecanismos de apoyo público para cambiarla aún no lo son.

En su sesión nocturna del pasado miércoles, la Asamblea Legislativa de Panamá dio un paso decisivo para enfrentar estas brechas en las zonas rurales, al aprobar en tercer debate una ley que favorecerá a un sector rural que ha ganado relevancia en las últimas décadas: la agricultura familiar.

La Ley para el desarrollo de la agricultura familiar, que debe ser sancionada por el Poder Ejecutivo, reafirma la diversidad de este sector y reconoce su contribución a la economía, a la seguridad alimentaria y nutricional, a la identidad cultural, y al manejo y conservación del ambiente, posicionando el impulso a este sector como un asunto de interés nacional.

La descripción en la Ley es bastante sencilla y va en línea con el concepto trabajado por el Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar (2019-2028): son establecimientos rurales, administrados básicamente por miembros de la familia, los cuales tienen relaciones con la naturaleza que van más allá de las ganancias, al reflejar un estilo de vida y de cultura que los países necesitan preservar y apoyar. Para mejorar el foco técnico del apoyo estatal a la agricultura familiar, la Ley establece límites de área productiva (hectáreas), de renta bruta y de número de trabajadores contratados externos a la familia.

Atendiendo a esta definición, y en línea con el promedio de los países en América Latina, el 80% de las fincas rurales (de un total de 246 mil) se correspondería con este perfil de productor. Pese a ello, solamente una parte son apoyados por financiamiento o asistencia técnica para desarrollar su producción y sus negocios.

La Ley, elaborada de forma participativa, establece el marco legal e institucional dentro de las estructuras ministeriales, principalmente en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), para establecer esas políticas públicas diferenciadas que necesita este sector para alcanzar todo su potencial. Con base en esta Ley, se pueden dinamizar las economías locales; reducir la persistente sangría migratoria hacia las ciudades; atraer a los jóvenes a los negocios rurales vinculados a la innovación tecnológica; crear condiciones de infraestructura, capacitación y financiamiento; y fortalecer circuitos cortos de distribución de alimentos. De igual forma, estas mejoras pueden fortalecer el vínculo directo de este perfil de productor con los consumidores urbanos y abren oportunidades a las compras públicas de alimentos, como el Programa Estudiar sin Hambre y, eventualmente, con otras instituciones como los centros hospitalarios.

También es una oportunidad para introducir mejoras en el aprovechamiento y gestión de los recursos naturales, como el agua, los suelos, la biodiversidad animal y vegetal, y los bosques, así como para las comunidades costeras e indígenas del país.

Obviamente, dentro de este sector se diferencian distintos grupos de agricultores con distinto grado de producción e integración en los mercados. Hay una base de agricultores familiares que se encuentran en situación de pobreza extrema, concentrados principalmente en los pueblos indígenas y hogares encabezados por mujeres. En el contexto territorial de los 300 corregimientos de la Estrategia Colmena, se deben generar sinergias entre diferentes sectores que serán decisivos para un desarrollo integral, que permita la creación de un ambiente productivo y económico, vinculando procesos de protección social e inclusión productiva, y que faciliten superar progresivamente la situación de pobreza para estas familias.

Esperamos que este empuje institucional redunde en una mayor oferta de productos sanos y diversos, un mayor desarrollo rural y una oportunidad para reducir la huella ambiental. En este camino, desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reiteramos nuestro compromiso a Panamá para seguir avanzando en pro del futuro de la agricultura familiar panameña.

Coordinador Subregional de la FAO para Mesoamérica y Representante en Panamá