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04 de Apr de 2020

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Leopoldo E. Santamaría

Columnistas

Crisis y educación... Una opinión

La crisis que azota nuestro país, es integral, profunda y aunque irreversible, no irresoluble. A ocho meses del actual Gobierno, no obstante las recriminaciones, advertencias de destitución, llamados al cumplimiento del deber y promesas de diversa índole, la corrupción, la incompetencia y el progresivo deterioro del servicio público, reflejan que las cosas marchan en dirección opuesta a las necesidades de la ciudadanía.

La crisis que azota nuestro país, es integral, profunda y aunque irreversible, no irresoluble. A ocho meses del actual Gobierno, no obstante las recriminaciones, advertencias de destitución, llamados al cumplimiento del deber y promesas de diversa índole, la corrupción, la incompetencia y el progresivo deterioro del servicio público, reflejan que las cosas marchan en dirección opuesta a las necesidades de la ciudadanía. Además, como era previsible, no obstante el maquillaje e irresponsabilidad del Gobierno anterior, el cráter en las finanzas era tan grande, que exigió más endeudamiento, prácticamente para pagar compromisos pendientes; el tiempo propicia la impunidad. La conducción luce errática, los espacios políticos e “irregularidades” en la Autoridad de Aseo, en el Idaan, etc.; la masacre en la cárcel, las pugnas por el control del poder, reflejadas en la “renuncia” de un técnico, que denunció ante la Corte un sinnúmero de nombramientos y ascensos en la Policía, cuyo resultado se desconoce, fue reemplazado por una unidad castrense. El estancamiento de la actividad económica, rayana en franca parálisis, con aumento sostenido del desempleo, generan mayor incertidumbre; no obstante, la Autoridad del Canal aprueba excesos insultantes, ignorando la supuesta austeridad, la contención de gastos y “hacer más con menos”, etc.; confirmando así que la democracia representativa es un modelo obsoleto, palmariamente fracasado, que compromete, seriamente, el futuro de las próximas generaciones.

El estado actual de la educación nacional es resultado de varios años de abandono e improvisación; realidad caracterizada por la falta de una política de Estado, restricción presupuestaria; eliminación de la doble jornada, con recorte del tiempo de clases, reducción de la carga horaria e incluso eliminación de algunas disciplinas v. g: Ética, Filosofía, Gobierno, Relaciones de Panamá con los Estados Unidos, etc. Permitir que el deterioro de la educación continúe, solo traduciría mayor desigualdad e inequidad, con el cortejo de secuelas asociadas, como analfabetismo, desempleo, pobreza, malnutrición y aumento de los índices de violencia e inseguridad, profundización de la dependencia y pérdida de la autonomía, propia de un Estado soberano. La mayoría ciudadana sabe que la educación es la más importante de las inversiones, solo precedida por la salud pública; en tanto facilita la formación del recurso, indispensable para sacudirnos del marasmo inducido y construir una sociedad más justa.

Para las instituciones financieras internacionales y sus aliados internos, la educación es un gasto, que genera distorsiones al “libre” mercado; de modo que en la “Agenda País 2019-2024, propuesta por la Cciap, se le confiere prioridad a la educación privada, lo que explica que el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), construido por el Estado, lo administrará la empresa privada; quieren preparar mano de obra calificada, pero con recursos públicos; la educación superior, prefieren restringirla a la clase empresarial, para asegurarse de mantener el control del poder político, que siga haciendo “leyes” que les permitan usufructuar los bienes públicos, por la eternidad. Con el mamotreto de las reformas a la Constitución militarista, hicieron un intento para destinar fondos públicos a la educación superior privada y ahora, pretenden vendernos las bondades de un gran proyecto para desregular las profesiones reservadas a los nacionales.

La solución a la crisis que atravesamos, depende de nosotros, por experiencia sabemos que las soluciones impuestas causan daños irreparables y superarlos, además de tiempo, exige voluntad y grandes sacrificios; por tanto es urgente e inaplazable, hacer un alto y efectuar un gran diálogo nacional, para tratar de determinar el modelo de sociedad que la mayoría queremos; para lo cual, la vía racional, pacífica, democrática y única capaz de conferirle legitimidad al poder público, es la Constituyente; instrumento que nos permitiría consensuar, inicialmente, tres aspectos de trascendental importancia, la administración de justicia, para ponerle un alto al saqueo indiscriminado del erario e impedir la impunidad; la concertación de un Plan Nacional de Desarrollo y una reforma educativa integral. La educación es uno de nuestros principales desafíos y asumirlo con responsabilidad exige diseñar una política de Estado, con visión de futuro, planificación, metas realistas, plazos definidos, evaluación y control. Urge promover la libertad de pensamiento, el análisis crítico, el debate del entorno sociopolítico, los valores morales, la solidaridad, etc.

La vía es la educación, por eso el poder económico, principal beneficiario y cómplice de la corrupción, la desmanteló y la mantendrá así, hasta que la mayoría lo comprendamos y optemos por la racionalidad de un cambio genuino, no cosmético ni a base de remiendos. No debemos perder de vista que quienes controlan el poder económico, a cuyo servicio han estado todos los “Gobiernos democráticos”, seguirán haciendo todo lo imaginable, y lo inimaginable también, para garantizar la estabilidad del modelo, usando, periódicamente, al electorado para legitimar el “derecho” a usufructuar el patrimonio y el producto del trabajo de la mayoría; el Canal, teóricamente de todos los panameños, es el mejor ejemplo, hoy al servicio exclusivo de la minoría. ¿Acaso alguno de los estrategas de la Agenda País o de los miembros del gremio interesado en importar talento, ha sido investigado por el Ministerio Público o siquiera fue expulsado por participar en el saqueo del erario? La Constituyente, por la justicia, la educación y un Plan Nacional de Desarrollo, es un gran desafío, pero igualmente, la mejor alternativa para el bienestar de la ciudadanía. Sobre todo los jóvenes, porque el futuro les pertenece, deberán comprometerse y luchar por un verdadero cambio; de lo contrario, seguir creyendo los cuentos que venden los mercaderes, que quieren parchar la Constitución militarista y reformar la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, con la aprobación de la mayoría. ¿Lo consentiremos?... ¿Usted qué opina?

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