De pistolas deportivas y otras mentiras

He quedado en estado de estupor al leer en estos días detalles sobre la dimensión del sórdido negocio de tráfico de armas en Panamá. Esto era runrún desde hace años, pero hoy queda despejada toda duda sobre su veracidad. Lo que desvelan las investigaciones sobre este ilícito supera lo que pude imaginar pese a no sorprenderme por hechos de corrupción en algunas instituciones gubernamentales; y tendría que hacer un esfuerzo extra para encontrar en cuáles no hay salpicaduras del fango del delito disfrazado en varias formas. Los que se dedican al negocio de tráfico de armas son parte del crimen organizado, son camaleones posando como empresarios, como comerciantes honestos, pero no lo son: son delincuentes. Todos los que, sin excepción, ilegalmente meten armas al país saben perfectamente que su mayor mercado, sus mejores clientes, son los narcotraficantes. Sobre ellos recae en mayor grado cada muerte, sea de asaltantes de abarroterías, rateros, pandilleros, narcotraficantes reclamando “tumbes”, o víctimas inocentes de balas perdidas. Si bien esta es otra pandemia que cubre, según datos que he recogido en estos días, casi todo el planeta, lo que se descubrió (es un decir) en 2018 es un asunto más viejo “que andar a pie”; lo que da ribetes diferentes es que las investigaciones revelan, de acuerdo con los registros de compra de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de los Estados Unidos de Norteamérica, que entraron armas a nuestro país entre 2013 y 2017, cuando en el país estaba prohibida su introducción. Es decir que este montaje del infame negocio ya estaba floreciente cuando en 2014 el abogado Edgar Torres denunció que al SPI llegó un lote declarado como “set de pistolas deportivas no restringidas”. Y ¡ajá!, como “obsequio para la institución”. A ver, señores, ¿para qué querría el SPI pistolas deportivas? Pues no lo eran; eran armas de fuego y no para inocente práctica de tiro al blanco que, aunque no sé nada de pistolas, imagino que son diferentes a las que matan a seres humanos. Pero fue en 2018 que brincó la liebre, porque durante un asalto una de las armas resultó estar relacionada con una investigación de la ATF sobre armas que salieron ilegalmente desde allá, lo que indica que en el país norteño el tráfico de armas es, también, otro de los grandes negocios del hampa.

Ahora bien, si esta vil actividad se destapó con nombres propios de “empresarios”, empresas, funcionarios de alto y mediano nivel y de grabaciones altamente comprometedoras durante el Gobierno Varela, es un hecho irrefutable, según los datos que aportan las investigaciones locales y en el extranjero, que esta perversa actividad se remonta a años anteriores. ¿Desde cuándo? Haciendo memoria, recuerdo un caso, en 1993, de tráfico de armas en España, dato para los que deseen comprobar si desde entonces nos mencionaban en estos feos asuntos.

Ahora bien. ¿Cómo aceptar que uno de los actores principales en este último chanchullo haya recibido permiso para salir del país tan campante como Juanito el Caminador del Johnnie Walker? ¿Ah? ¿Y que altos exfuncionarios (¿funcionarios?) de la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública y otras instituciones sigan esperando confiados lo que en nuestro país funciona de maravillas, el manto del olvido? Así quedan sin sanción actos de gran corrupción, porque un escándalo reciente va dejando atrás a los anteriores, casi todos en el limbo jurídico, pues, la justicia se estanca, sufre de tortuguismo, de amiguismo y politiquería y de cuanto truco se sacan de la manga habilidosos abogados especialistas en meterle zancadillas a los trámites judiciales. Y como para echarnos sal a las heridas de la burla y el desprecio que les merecemos los ciudadanos, con descaro celebran su impunidad. Durante años ha sido tema este negocio, pero no imaginé que fuera un entramado tan bien engrasado y que, a pesar del volumen y de lo archicriminal de esta asquerosa actividad, se haya manejado, hasta ahora, como si de robarse unas cuantas gallinas se tratara. Y no es así. El tráfico de armas es vital para el narcotráfico que resulta en ajusticiados, asesinatos por tumbes de droga; esto a su vez lleva a rivalidades entre bandas por el control de territorios de distribución, amén de la tentación de robar en abarroterías, restaurantes, gasolineras, etc., donde la vida de personas inocentes es el precio que se paga por el concubinato entre funcionarios y comerciantes corruptos.

En conclusión, este infame negocio se ha hecho con la complicidad de funcionarios inescrupulosos y codiciosos; sin controles estrictos en la cadena de responsabilidades (Aduana, Diasp, SPI, etc.). Hoy enfrentamos una grave pandemia de salud, pero también debe enfrentarse este infame negocio de muerte. Pregunto: Levantada la veda de importación de armas, ¿tiene ya montado el Gobierno los debidos controles para detener el ilegal tráfico de armas?