Gobiernos a la deriva

Muchos países tienen comités de crisis, manuales de protocolos y acciones a ejecutar de acuerdo con cada tipo de riesgo. Sin embargo, con esta pandemia del COVID-19 han sido pocos los Estados que tenían un capítulo en su manual sobre cómo actuar. El resto de los países no tenía idea de qué hacer.

Sumado a lo anterior, en las últimas décadas, la inversión en materia de salud, investigación científica y educación en muchos países -y en especial en nuestra región- se ha recortado, provocando que esta crisis se tenga que enfrentar con sistemas de salud debilitados, con fallas de suministros, escaso personal profesional, y mal remunerado. Adicionalmente, como el virus apareció de improviso, con una enorme velocidad de propagación, y sin ningún conocimiento del mismo, provocó que muchos gobernantes comenzaran a improvisar con medidas de acuerdo con criterios políticos o económicos y no en función de las recomendaciones de expertos en la materia -científicos, infectólogos, biólogos, etc.-, y en ocasiones tomando decisiones erradas, contradictorias a las recomendaciones de los expertos, o medidas confusas, con el saldo de las cifras de contagiados y fallecidos que hoy se tienen.

Ahora el foco se centra en otro acontecimiento que raya con lo aberrante, la corrupción. En plena pandemia, aprovechando las competencias especiales a las que han recurrido algunos gobernantes para flexibilizar las leyes y así tomar decisiones en la emergencia, se vienen cometiendo abusos, en ocasiones, irrespetando la Constitución, violando derechos del ciudadano, ejerciendo censura; aprovechando la oportunidad para engordar el virus de la corrupción, fortaleciendo a pasos agigantados los patrimonios de estos personajes.

Desde Alaska hasta la Patagonia, desde Asia hasta Europa, los medios reportan escandalosos casos de corrupción, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, por solo nombrar algunos. Mascarillas, test de detección rápida, material de protección de bioseguridad para el personal sanitario defectuoso, que no cumplían las normas de homologación occidentales; otros comprados con sobreprecios.

En nuestra región, hijos de altos funcionarios del Gobierno mexicano vendiendo respiradores con sobreprecios de 500 %, o el Gobierno asignando sin licitación más del 79 % de los contratos. En Panamá, ya son conocidos varios contratos, o cartas de intención de pago por materiales médicos con enormes sobreprecios, o compras cuyo volumen no hay manera de justificar.

En Colombia, en plena pandemia, el Gobierno nacional toma el dinero de los empobrecidos departamentos -provincias o estados- y municipios, para usarlos en la emergencia; decreta un “impuesto solidario”, lo que pone a todos los ciudadanos a pagar un porcentaje de sus ingresos por la emergencia, pero, se gastan más de US$2.5 millones en la compra de 23 camionetas blindadas para la seguridad del señor presidente. ¿En serio? En esta emergencia, cuando hay millones de personas que no tienen comida en sus mesas, ¿se justifica ese gasto? Pero, no es solo el Ggobierno nacional, la Fiscalía y la Contraloría han abierto averiguaciones a varios gobernadores y alcaldes por compras fastuosas por el volumen de lo adquirido, con sobreprecios exorbitantes que no resisten el más mínimo escrutinio.

Según el informe sobre corrupción en América Latina, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, en 2019, estas prácticas ilegales le cuestan más de US$220 000 millones anuales a nuestra región. Ese mismo informe y algunos analistas señalan que con esa cifra ya estaría resuelta la pobreza extrema en Latinoamérica. Esto nos da una dimensión de lo mortal que puede llegar a ser el virus de la corrupción, y por qué en la región no tenemos acceso a más y mejor educación, salud, seguridad e infraestructura.

Más grave aún, hay una relación directa entre corrupción e inestabilidad, cuanto mayor es el “corruptus-virus” más frágil se hacen las democracias y sus instituciones, generando un círculo perverso, pues, ante la debilidad de las instituciones, estas no tienen la capacidad de fiscalizar y menos aún de sancionar la corrupción, y peor aún, como no hay sanción social para los corruptos, estos andan en la calle con total impunidad. La sanción de la sociedad, en forma de desprecio hacia los corruptos, es una tarea pendiente, que urge en ser atendida.

Por último, con estos actos de corrupción en plena crisis humanitaria, los ciudadanos están conociendo y desnudando a los políticos, evidenciando su verdadera naturaleza. Afortunadamente, no ha habido en la historia ningún virus capaz de acabar con los humanos. Siempre resultan vencidos y, con estos dos virus -COVID-19 y corruptus-virus- también los venceremos, y nuevos liderazgos más transparente, empático, entregados a las más nobles causas surgirán y construirán un mundo más justo, solidario e inclusivo.