Los retardos en la política económica en Panamá

La llegada del COVID-19 a Panamá ha trastocado íntegramente los cimientos de la sociedad panameña. Desde lo institucional a lo económico-comercial, y en el aspecto social lo peor ha recaído en la parte familiar, debido al distanciamiento provocado por las cuarentenas y los cercos sanitarios puntuales.

La economía nacional venía desacelerando su nivel de crecimiento en los últimos años y el 2020 apuntaba a que seguiría el mismo camino, pero la perturbación de carácter exógeno denominada COVID-19 le colocó la cereza al pastel al verse las autoridades en la imperiosa necesidad de adoptar, como medida de mitigación del virus, la paralización de las actividades económicas, con las excepciones conocidas por todos.

Ante esta situación, el Gobierno Nacional al no poder imprimir papel moneda, recurre al financiamiento externo porque las finanzas públicas mostraron un desequilibrio descomunal que impedía lidiar con la gestión gubernamental de la mejor manera posible.

La deuda a proveedores que ascendía, aproximadamente a $1,200 millones, transacciones sin registrar por otros $700 millones y un bono de $2,500 millones que vencía en enero de este año, fueron los tres primeros golpes al hígado, con caída incluida, que recibió el gobierno. Aún así, los organismos como el FMI y el Banco Mundial estimaban que Panamá arrojaría signos positivos en su crecimiento para este año.

Pero los datos económicos no mostraban fortaleza y el descenso seguía, por lo que la segunda caída se veía venir. La pandemia declarada embate con creces y nuevamente vamos al mercado internacional para conseguir recursos y hacerle frente al dichoso virus, sino que también los ofrecimientos crediticios pactados con el FMI, la CAF entre otros organismos, hacen que se dé la segunda caída, luego de que los nuevos pronósticos de organismos internacionales estimaran que Panamá mostraría signos negativos (-2%) para el 2020.

Si de por sí la situación económica no iba bien, y las decisiones para contener el virus impedían que el resto de los sectores reiniciara labores para reactivar la economía, la tercera caída asomaba su rostro cuando las autoridades de la Caja del Seguro Social (CSS), sin estados financieros auditados mucho menos los análisis actuariales respectivos, dijeran que las Reservas del programa de IVM solo contaba con recursos para el pago a los jubilados y pensionados para unos 18 meses.

Si hoy día la cantidad de jubilados y pensionados ronda las 240 mil personas y para ellas resta, según las autoridades de la CSS, lo antes mencionado, que será de quienes estamos en el programa solidario y nos acercamos a nuestra edad de jubilación. ¿Será que para nosotros la jubilación no existirá?

Justo aquí es donde cabe poner atención a cómo gestionará el gobierno actual los diversos mecanismos para impulsar la política económica y no llegar a números rojos, no solo en la CSS, sino en el resto de las actividades económicas.

Con base en ello se hace fundamental conocer, de verdad, cómo funciona la economía del país en términos macroeconómicos y otra cómo desarrollan los agentes privados sus actividades y, a partir de allí, reconocer las afectaciones generadas por el virus y en qué medida se aplicarán los correctivos respectivos, esto es, las políticas económicas.

Digamos, por ejemplo, que el Gobierno requiere que la población incremente sustancialmente el Consumo, siendo esta variable uno de los principales motores del crecimiento de cualquier país. Pero, el nivel de desempleo es alto, mucho más con el virus y las finanzas públicas están de capa caída. La economía de por sí está creciendo muy por debajo de su potencial.

Asumamos que el Gobierno tiene a su haber, el uso de un seguro por desempleo (esto no existe en Panamá) y ello podría mantener el consumo hasta cierto nivel, pero esos son fondos cuya cuantía no ayuda mucho a impactar el PIB. En nuestro caso, se ha instaurado los vales y/o Bonos Solidarios para que las personas a quienes se les asigne ese recurso ($80/mes) se suplan de alimentos y medicamentos durante la cuarentena, recordando que la Canasta Básica de Alimentos es un poco más de $300/mes, cuatro veces menos lo que se impacta el PIB por la vía del Consumo Privado.

El Gobierno ha impulsado igualmente la compra de productos nacionales para las Bolsas de Comida y eso en algún porcentaje ayuda a mover la economía. Pero eso tampoco ayuda mucho, debido a que los recursos utilizados para ello provienen del endeudamiento.

Le corresponde igualmente activar, por la vía de la política económica, la inversión; sin embargo, el sector privado no siente en el mercado el aliciente suficiente para invertir (mucha capacidad ociosa) debido a que el Consumo sigue deprimido, por lo cual parece que la otra variable a impulsarse será la Inversión Externa la que podría coadyuvar a mejorar la situación y mover un poco más la rueda de la economía.

Si bien, la inversión gubernamental ha estado detenida y los proyectos que se tiene previsto generarían gran impacto, lo cierto es que las finanzas públicas como se ha anunciado no ayudan mucho para ponerlos en ejecución, y si a eso le agregamos las reasignaciones presupuestarias para atender las necesidades del COVID-19, entonces para cuando los Mega Proyectos que, según el Ministro de Economía y Finanzas el presupuesto para ellos ronda los $1,500 millones, han debido ser reasignados para ir a la guerra contra el virus.

¿Será que el endeudamiento externo seguirá creciendo más de lo que ya se incrementó en solo un año? He allí el Dilema del Prisionero, siendo éste último el gobierno nacional.

Los mecanismos de gestión de la política económica, afectan otras variables, como los salarios, el nivel de precios, la inflación, el ahorro etc. Pero la cuestión es, el tiempo de retardo no solo en el reconocimiento del problema, sino en los momentos de decisión y sobre todo de acción. Si la dosis a aplicar para que la situación mejore, como lo es hasta ahora con el bono y los vales, la misma se queda muy corta.

¿Será excesivo o no el incremento de nuestra Deuda Externa, ya sea por la vía de la constitución de un bono o las líneas de crédito pactadas con organismos de crédito?

Las economías grandes han utilizado modelos económicos para determinar las interrelaciones entre variables y cómo éstas afectan la demanda y la oferta agregada de un país y de esa forma estimar el nivel de crecimiento. Similar a lo que hoy hacen los países para estimar el comportamiento del COVID-19 y de paso tener tiempo para analizar su estructura hasta desarrollar una vacuna.

Cómo lo hace nuestro gobierno nacional, no lo sé. Pero las decisiones que a la fecha se han adoptado incrementan con creces nuestra Deuda Externa y comprometen mejores perspectivas a nuestro Grado de Inversión.

Digamos que no había de otra y esas decisiones eran las convenientes en estos momentos, pero el resto del negocio no queda allí.

Hoy día deben tomarse otras decisiones y la cuestión está en los momentos en que se tomen y lo que demora dicha acción en causar el efecto esperado, lo que se denomina en economía los Retardos de las acciones de política económica.

La perturbación exógena (COVID-19) ha afectado aún más el desempeño económico, pero las decisiones gubernamentales a destiempo, se convierten en retardos más pronunciados, porque las decisiones toman tiempo para causar el efecto esperado.

Si bien esta perturbación es transitoria, por sus características intrínsecas, parece que la transitoriedad de este evento de acuerdo a los criterios de la OMS no es tan transitoria como uno espera y eso se nota cuando el Gobierno establece el protocolo para la reactivación y se dan las primeras aperturas para un grupo de actividades económicas, las cuales a simple vista es poco lo que aportan al crecimiento económico y al empleo.

Preocupa aún más que el Gobierno, para reabrir el Bloque 2 haya comentado que pasados 10 a 14 días evaluará la posibilidad de oficializar la medida, y si por alguna razón no pueden abrir en ese lapso, las reaperturas del resto de los bloques seguirán dilatando la dinámica empresarial y el retorno a la senda del crecimiento económico, he aquí el Retardo en la decisión y en la acción.

El Gobierno debe tener certeza en las decisiones a adoptar con tiempo y que en este caso deben equilibrar los sobresaltos del sector salud con los apuros del sector privado y la sociedad en su conjunto, para no cercenar aún más el crecimiento de la economía nacional.