Impacto del coronavirus en el sector energético

Antes que todo, debemos recordar que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote de coronavirus (COVID-19) constituye una pandemia. Debido a su propagación a nivel mundial y a la cantidad de personas infectadas, así como a los decesos ocurridos producto de este virus mortal. En Panamá, 13 de marzo de 2020 se emitió la Resolución de Gabinete No.11 en la cual, entre otras cosas, se decretó el estado de emergencia nacional (incluyendo la sanitaria), poniendo en confinamiento a toda la población y reduciendo la actividad económica en el país.

Ahora bien, debido a la reducción en la actividad económica y la movilidad de las personas como consecuencia del coronavirus, el sector eléctrico ha sufrido un impacto significativo, como servicio esencial que es. Esta situación va más allá del hecho de estar confinados en nuestros hogares, toda vez que la población está sujeta a toda una serie de decisiones adoptadas por el Órgano Ejecutivo, que por su carácter de salud pública ha establecido medidas encaminadas a que cada uno de los ciudadanos que se encuentran dentro del territorio nacional, se adapten a nuevos métodos de trabajo, como, por ejemplo, la implementación y aplicación de la Ley No.126 de 18 de febrero de 2020, que establece y regula el teletrabajo en Panamá y con ello garantizar la disminución de contagios entre los trabajadores, trayendo consigo la disminución en la demanda de energía eléctrica.

Así las cosas, la cuarentena total (#QuédateEnCasa), producto de las medidas decretadas a nivel mundial de aislamiento domiciliario, han puesto a prueba, una vez más, la prestación de servicios básicos, como lo es el de la electricidad, el cual, es un sector clave en el éxito contra el coronavirus. El agua y las telecomunicaciones dependen inherentemente de la continuidad del servicio eléctrico. En ese sentido, las empresas generadoras, la empresa estatal Etesa, en conjunto con las empresas distribuidoras de energía, han tomado las medidas que permiten al Gobierno nacional afrontar los desafíos que se mantienen producto de la crisis ocasionada por la pandemia. Dicho eso, el sector eléctrico panameño tiene, por así decirlo, el reto de mantener en condiciones de continuidad, confiabilidad y calidad, el suministro de energía eléctrica a nivel nacional y sí lograr suplir de energía eléctrica a todos los hospitales y hogares panameños. En ese sentido, a corto plazo, mantener la continuidad y confiabilidad de la energía eléctrica, garantiza la disponibilidad en sectores claves como lo son los hospitales, las plataformas tecnológicas, entre otras importantes, que a su vez ayudan a disponer de los mecanismos, repuestos e insumos vitales que son necesarios para controlar y mitigar el coronavirus.

Etesa, empresa propiedad 100 % del Estado panameño, relacionada con el servicio de transmisión de energía eléctrica, mantiene planes de mantenimiento permanentes, que aseguran la continuidad del servicio público de transmisión de energía, desde el punto de generación hasta el punto de entrega a las empresas de distribución eléctrica o grandes clientes, asegurando así la continuidad del servicio público de electricidad durante el estado de emergencia nacional y así lograr evitar cualquier tipo de incidentes.

Dichas medidas se priorizan en acciones que permiten mantener la confiabilidad del sistema, una de ellas es el mantenimiento y reemplazo de equipos que han cumplido su vida útil debido al paso de los años. Todo eso, manteniendo la continuidad del servicio eléctrico. Dada las prioridades que son atendidas, apoyando de manera conjunta los sistemas de salud pública, así como anteriormente hemos dicho, sectores esenciales como el agua y las telecomunicaciones.

En definitiva, hemos visto que recientemente se ha publicado en Gaceta Oficial la Ley de orden público y de interés social No.152 de 4 de mayo de 2020, por la cual se adoptan medidas sociales especiales para la suspensión temporal del pago de los servicios públicos y otras medidas producto del estado de emergencia ocasionado por la pandemia del coronavirus. Dicha Ley, adopta medidas sociales especiales, relacionadas a los servicios públicos de electricidad y telecomunicaciones, aplicando la suspensión en pago de dichos servicios por un periodo de cuatro (4) meses, a partir del 1 de marzo de 2020. Sin embargo, el pago de estos servicios públicos será prorrateado, según lo dicta la Ley, en un término de tres (3) años, una vez venza el plazo de suspensión.

Cabe señalar que la Ley 152, va dirigida a beneficiar a todos los ciudadanos afectados con las medidas adoptadas por las empresas, con medidas como la terminación o suspensión de las relaciones laborales, incluso todos aquellos a los que se les ha modificado el contrato de trabajo, en cuanto a la reducción de horas laborales, por otro lado, todos los trabajadores independientes, las micro y pequeñas empresas que han sido afectadas en sus ingresos, entre otros. (Ver Gaceta Oficial Digital del 4 de mayo de 2020, número 29016-A).

A modo de cierre, recalcamos que el sector eléctrico panameño es uno de los pilares fundamentales en esta pandemia, y que el mismo continuará siéndolo al momento de reactivar nuevamente la economía nacional, cosa que todos los panameños esperamos que finalice lo antes posible.