¿Cada nación tiene el Gobierno que merece?

Consta en publicaciones que, en septiembre de 2019, un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Banco Mundial entregó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un análisis sobre el "riesgo de una emergencia sanitaria global"; y, como “mayor amenaza” …, una "gripe masiva y mortal", así como de su posible impacto en la economía global.

La “amenaza” de una pandemia, la falta de preparación del mundo… y que había que prepararse, fueron advertidas previamente.

193 Estados (entre los que se cuenta a Panamá) son miembros de la ONU; los que, como tales, entre otras, aceptaron la “obligación” de “promover el respeto de los derechos humanos”.

Entre los referidos derechos, consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), “Todo individuo tiene derecho a la vida…”; y, "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. (Artículos 3 y 25, respectivamente)

A pesar de tales derechos y de la advertencia del citado riesgo a nivel global, han sido notorias las carencias en diferentes países, desde el inicio de la crisis sanitaria; y, de modo contundente, ha quedado en evidencia que la salud pública, aunque debe serlo, no ha sido un asunto prioritario en la agenda de varios Gobiernos; aun, cuando sobre los gobernantes recae la responsabilidad de que el respectivo sistema sea óptimo.

El hecho de que, ante el brote del Coronavirus/COVID-19 y la declaratoria de la pandemia, varios de ellos hayan desestimado la gravedad de la situación y omitido impulsar o aplicar, oportunamente, las medidas recomendadas por los expertos/profesionales de la salud, ha comprometido la salud y la vida de muchos, pues ha contribuido a elevar los riesgos de propagación/contagio, así como a la magnitud de la crisis sanitaria y de su impacto económico.

Si la población de un país no tiene salud y hay una creciente pérdida de vidas; teniendo en cuenta, a su vez, los costos implícitos/asociados, ¿cómo pretender que haya una economía próspera?

Hay que reconocer que, en nuestro país, aunque lo actuado no ha sido ideal para todos, ha resultado determinante, para preservar vidas y evitar el colapso del sistema, que gran parte de las medidas se hayan adoptado con base en las recomendaciones de los profesionales de la salud.

Si bien los recursos que genera la economía son necesarios para todos, el interés superior de todos debe ser la vida/la salud. Conforme a nuestra Constitución Política (Art. 109), como individuos, tenemos el “derecho a la promoción, protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud y la obligación de conservarla”.

Ante los desafíos económicos, como país, podemos salir adelante con nuestro capital humano/talento humano y la participación/colaboración de todos los sectores. En este sentido y para asegurar la paz social, son fundamentales: la ejecución oportuna de un plan estratégico nacional, que armonice las medidas sanitarias, económicas y sociales, dentro del marco jurídico, el manejo eficiente, transparente, con equidad…, eficaz de los recursos del Estado, y la rendición de cuentas.

Es razonable que el Gobierno brinde la ayuda pertinente, tomando en consideración la disponibilidad de los fondos y en orden, en atención al grado de vulnerabilidad de la población; procurando la conservación de empleos y la subsistencia de las empresas que los generan y aportan a la economía; pero, respetando los derechos humanos/garantías fundamentales de “todas las personas”.

La salud abarca el bienestar físico, mental/emocional y social. Para muchos, “quedarse en casa”, sin ingresos ni respaldo, con necesidades humanas, personales/familiares, múltiples obligaciones/cuentas por pagar acumulándose, con la exigencia de requisitos/trámites “burocráticos” por proveedores de servicios/acreedores, con la posibilidad de la suspensión de servicios (efectuada por algunas empresas, a pesar de las medidas sociales aprobadas, mediante Ley, que la pandemia, la emergencia nacional sanitaria y las medidas sanitarias son de conocimiento público; que “la buena fe se presume y la mala hay que probarla”, y que proveedores/acreedores “conocen a sus clientes”), entre otros, se traduce en constantes presiones económicas y psicológicas.

Generalmente, se habla de los “afectados por la COVID-19” y las soluciones aplicables con referencia solo a ciertos grupos; inclusive, a los panameños, sin considerar, por ejemplo, a muchos profesionales liberales/independientes, a muchos del “mercado informal", a los desempleados (recordemos, antes de la pandemia, aquellas largas filas en el Área Panamá Pacífico y en la Arena Roberto Durán), a los residentes…, seres humanos, habitantes de este país, que, al igual que sus familias, también, tienen derechos, y merecen la oportuna y digna solidaridad del Estado.

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”, DUDH, artículo 1.

Nuestra Constitución Política es categórica: “No habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas”, artículo 19.

La experiencia que enfrentamos refleja la necesidad de seguros de desempleo y para otros casos de pérdida de los medios de subsistencia por circunstancias ajenas a la voluntad (derecho consagrado en la DUDH, artículo 25).

Por otra parte, en virtud de la advertencia efectuada el pasado abril, a raíz de la pandemia, por la ONU junto a otras organizaciones multilaterales relacionadas con la alimentación, la salud y el comercio, sobre el “riesgo de una crisis alimentaria mundial”, es indispensable e impostergable la atención de este tema a nivel nacional, de modo que se asegure la alimentación de la población.

Recordemos siempre que, como individuos/ciudadanos, tenemos derechos, a la vez que obligaciones y la responsabilidad que se deriva de nuestras decisiones/acciones y/u omisiones. Asimismo, que las acciones y omisiones de quienes gobiernan impactan y pueden impactar no solo en lo que al país se refiere…, también, directamente en nuestras vidas, en la de nuestras familias y de la población.

Algunos opinan que se necesitan “menos políticos y más patriotas” …; creo que el mundo requiere algo más…, individuos/ciudadanos/gobernantes respetuosos de los derechos humanos, verdaderos líderes.

Joseph de Maistre expresó: “Cada nación tiene el Gobierno que se merece”; considero que ello depende de distintos factores; pero, si es así o no, ningún ser humano merece “pagar el precio” con su salud/bienestar o incluso con su vida y/o la de su familia.