Ayuda financiera a las Mipymes

En medio de cada vez peores noticias del impacto económico y laboral de la COVID-19 a nivel mundial, Panamá debe reactivar urgentemente su economía y generación de empleo, en el marco de severas restricciones sanitarias y una grave crisis de liquidez en el sistema productivo.

El entorno de estrechez fiscal que limita la capacidad de intervención del Estado, el que Panamá es (proporcionalmente a su PIB) el cuarto país más endeudado de Latinoamérica, el sexto más desigual del mundo, y que genera casi exclusivamente empleo informal, hacen dicho reto aún más apremiante.

El “legado” de la COVID-19 en Panamá a finales del 2020 incluirá el parcial colapso de la economía y 250 mil a 300 mil NUEVOS desempleados, que se sumarán a los 146 mil existentes a agosto 2019, para llevar la tasa de desempleo por encima del 20 %, el nivel más alto de la historia.

El impacto es INMINENTE y será particularmente severo en micros, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). Su alcance incluirá la reducción del 15 % del empleo en el país, la pérdida de 125 mil a 150 mil empleos formales y una crisis social sin precedentes.

El comercio perderá a 100 mil trabajadores (entre formales e informales), la Industria y la Logística, 40 mil cada una, y los hoteles y restaurantes reducirán 30 % de su fuerza laboral. El 35 % de los empleos en riesgo pertenece a jóvenes menores de 30 años y más de 100 mil mujeres se verán afectadas.

Al margen de las restricciones de movilidad por motivos sanitarios, la incertidumbre en cuanto a la disponibilidad de ingresos por parte de los consumidores a su vez ocasionará mayor reserva en el gasto, creando potencialmente un círculo vicioso entre exclusión productiva, temor y bajo consumo para una gran cantidad de panameños (as).

En este contexto, el plan de reactivación económica propuesto por el Gobierno nacional para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), estará sostenido por cuatro programas principales: la activación de capital dirigido a microempresas, el fondo de garantía para micro y pequeñas empresas, la Banca de Oportunidades para emprendedores y los créditos preferenciales, este último a través del Banco Nacional y con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Aún se desconocen los criterios bajo los cuales será otorgada la ayuda en estos programas. Sin embargo, aparte del análisis del riesgo crediticio como tal, es previsible que la evaluación de las solicitudes incluirá el estudio de la sostenibilidad de la demanda, proyección de efecto sobre el empleo directo (preservación o generación, según sea el caso), indirecto y efecto multiplicador vía demanda inducida en otros sectores.

De igual manera, se haría necesaria la revisión de las cadenas de valor de los solicitantes, como base para el establecimiento del potencial para la creación de encadenamientos productivos, asociatividad e impacto social medible. Una vez otorgada la ayuda, es probable que se incluyan mediciones periódicas de seguimiento para verificar el cumplimiento de los objetivos de impacto sociolaboral, así como la visibilización de esos resultados.

Ahora bien, hay dos consideraciones importantes. Primero, el sistema financiero nacional también sufrirá el embate de la COVID-19, muy en particular financieras y bancos, ante la imposibilidad de cobrar sus préstamos, lo cual ya está llevando a muchas de estas entidades a cerrar oficinas y reducir personal. De hecho, se estima que este año el sector pudiera perder unos 12 mil trabajadores, la gran mayoría asalariados, 28 % de su fuerza laboral.

En este escenario, algunas entidades pudieran confrontar problemas de liquidez, para lo cual el Gobierno obtuvo un préstamo de $500 millones por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), con el cual se abrirá un fideicomiso administrado por el Banco Nacional, con la Superintendencia de Bancos actuando como la red de alerta temprana sobre dificultades por parte de alguno de sus afiliados, que requiera apuntalar su posición de liquidez, para tranquilidad de sus depositantes.

Segundo, la contracción laboral NO terminará en diciembre 2020. Será en el segundo semestre del 2021, cuando se verán signos concretos de recuperación. Más aún, la casi totalidad de la expansión del empleo en el 2021 será informal, tal como ha sido desde el 2011.

Como reflexión final, el ambiente de polarización existente en el país será quizás más difícil de vencer que la propia COVID-19. La búsqueda de “culpables” y no de soluciones a la peor crisis laboral de la historia solo la asegura. Es hora de consensos, no de reproches.