Políticas públicas para la pospandemia

A pesar de la situación de incertidumbre que ha generado la pandemia de la COVID-19, una conclusión aparece muy clara. La región más golpeada y con los efectos políticos, sociales y económicos más profundos, definitivamente, es América Latina. Los desafíos, por tanto, son inmensos. Pero, precisamente por ello, debemos ver esta crisis como una valiosa oportunidad para sacar adelante aquellas reformas estructurales que quizás antes nos parecían difíciles de implementar por falta de consensos o voluntad política. Y el principal instrumento para abordar estos problemas no es otro que las políticas públicas. Pero ¿qué clase de políticas públicas o, mejor dicho, qué características debe tener una adecuada política pública en estas circunstancias pospandemia?

Por la coyuntura, es necesario que las políticas públicas se concentren en medidas de corto plazo y en las reformas institucionales que se deben hacer dentro del Estado y del Gobierno para asegurar que estas propuestas funcionen. Las decisiones serán políticas, pero las soluciones siempre serán técnicas. Es importante que se pueda revisar la evidencia y cuáles son las medidas más efectivas -en términos de costos- que han funcionado, para lograr resultados con gran impacto y casi inmediatos. No es momento para la improvisación. Hay que saber lo que se va a hacer e implementar políticas públicas que se basen en evidencias y no en prejuicios o en suposiciones.

Igualmente, las acciones que se propongan deben poner al ciudadano en el centro de las políticas públicas. El fin es pensar en cómo brindar mejores servicios públicos, promover el desarrollo sostenible y elevar la calidad de vida de los ciudadanos. En este contexto, los componentes de empatía y de solidaridad serán claves para elaborar un plan de esta naturaleza. Primero deben estar el país y su gente y luego los intereses o ideologías partidarias. En este sentido, nadie puede quedar excluido. Es hora de sumar no de dividir.

Otro factor fundamental para tener en cuenta, sobre todo en la implementación de las políticas públicas, es el de la comunicación, cuya relevancia se torna trascendental. Es necesario aprender a comunicar, explicar, hacer sentir el mensaje y convencer. Explicar y hacer que “el otro” o “los otros” comprendan los propósitos de las políticas públicas que emprendemos, sus impactos en favor de la población para que, al menos, un sector importante de la opinión pública “se apropie” de dichas políticas, las respalde y “las haga suyas”. Para remar en el mismo sentido es preciso que todos compartamos la misma información. Esta es una gran responsabilidad que tienen los Gobiernos.

Por otro lado, los proyectos e iniciativas deben tener un carácter pragmático. No deben tratarse de propuestas abstractas que respondan al qué, sino al cómo. Lo más conveniente sería evitar repetir propuestas generales como “mejorar los servicios de salud” o para “hacer más eficaz los programas sociales”, sino que se debe especificar de qué manera se van a mejorar brechas concretas o se van a resolver determinados problemas. La “digitalización” de los procesos internos burocráticos, así como la prestación de servicios públicos puede ser una de las herramientas más útiles para implementar políticas públicas prácticas y con gran impacto. Más aún cuando un poco a la fuerza hemos sido convencidos de que sí es posible conducirse de manera virtual sin morir en el intento. El diseño y puesta en marcha de “presupuestos por resultados” puede ser otro elemento para promover.

La pandemia ha hecho evidente fenómenos o limitaciones que ya existían desde antes. Por ello es preciso reconocer los desafíos institucionales previos a superar para que las propuestas de nuevas políticas públicas puedan ser implementadas. Así, por ejemplo, si no se destraban el proceso burocrático y sus trámites y controles excesivos, cualquier medida, por muy bien planteada o innovadora que sea, no podrá concretarse. Se debe identificar cuáles son estas limitaciones para resolverlas lo más pronto posible. Igual atención corresponde prestar a la promoción de una mayor participación ciudadana para definir las mejores soluciones de políticas públicas. Se trata de un mecanismo que ya existe en las administraciones públicas modernas. Pero ahora su relevancia es mayor no solo para alcanzar de manera más efectiva la “pertenencia” o “apropiación” por parte de los ciudadanos, sino porque necesitamos un rápido alivio a los dramáticos problemas que se deben resolver.

Alfred Chandler, uno de los más reconocidos historiadores y teóricos económicos de los EE. UU., mencionaba que “la estructura sigue a la estrategia”, vale decir que los cambios en la estrategia pospandemia necesariamente provocarán modificaciones en la estructura organizacional del Estado. Se debe estar preparados para este reto siendo capaces de pensar “out of the box” y de manera innovadora. En este mismo sentido, las propuestas que se hagan deberán ser cuantificables y sujetas a medición, por lo cual será necesario que se planteen metas e indicadores. De lo contrario, no se podrán monitorear los avances.

Asimismo, el enfoque territorial e intercultural debe ser permanente en la implementación de las políticas públicas. Los tomadores de decisiones que no conozcan a su gente, que no tomen en cuenta su idiosincrasia, que no sepan cuáles son sus usos y costumbres y que desconozcan cómo llegar a ella, están condenados al fracaso. Asimismo, deberán tener en cuenta un enfoque de género que promueva la mayor participación de la mujer en los procesos de tomas de decisiones de las políticas públicas, pero también en cargos directivos.

Por último, pero no por ello menos importante, el impulso al desarrollo de capacidades técnicas estatales en todos los niveles de Gobierno es fundamental. Igual importancia se debe asignar al componente ético y de valores que debe tener todo funcionario, así como a la transparencia y la vocación de servicio.

Resulta por ello muy positivo que Panamá se haya sumado a esfuerzos ya desarrollados en otros países, para perfeccionar la formación académica de los funcionarios panameños a través de la Maestría en Gestión de Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad ADEN, cuya primera promoción se graduará antes de fin de año. Si el principal recurso humano del país no está preparado, con herramientas técnicas, pero también con enfoques modernos y con sólidos valores, difícilmente se podrán implementar políticas públicas exitosas. Esta es una tarea que recién empieza. No hay mejor camino que seguir adelante.

(*) Cursante de la Maestría de Gestión de Políticas Públicas de la Universidad ADEN.