Financiamiento de la integración: ¿qué le toca a cada uno?

Ahora que estamos cada vez más cerca del Diálogo Nacional, donde se debatirá, entre otros temas, sobre el importante asunto de la integración de los servicios de salud, consideré importante poner de relieve que, Panamá cuenta con los recursos financieros suficientes para financiar de forma eficiente y efectiva su sistema público integrado de salud. Por supuesto que es condición indispensable superar el clientelismo político y la corrupción impune, que ha impedido a lo largo de los años, el fortalecimiento pleno del sistema y el logro de la cobertura universal de salud.

Esta aseveración no podemos perderla de vista, pues, si el manejo de los recursos financieros es eficiente y transparente, no debe haber espacio para que la oferta de servicios de la CSS se vea afectada, porque el Minsa no cumple con sus aportes, o viceversa, y la atención que esperan los asegurados y no asegurados, se vea a su vez deteriorada.

En ese contexto ofrezco algunas ideas sobre el financiamiento del sistema público de salud, en el contexto de la integración de los servicios de salud. Recordemos que la financiación de la atención de la salud es la función de un sistema de la salud que se centra en la movilización, la acumulación y la asignación de recursos para cubrir las necesidades de la salud de la población. Por ello, el diseño del modelo de financiamiento del sistema público de salud que desarrollemos, debe garantizar a toda la población el acceso a un nuevo modelo de atención basado en la Atención Primaria de Salud, que contemple la prevención, la promoción, el tratamiento y la rehabilitación, de calidad suficiente, con eficacia y calidad; y, que el acceso de la atención no exponga al usuario a dificultades financieras.

Comienzo subrayando que fallar en el financiamiento eficiente, oportuno y suficiente, no es una opción. Estamos obligados a cumplir con el mandato de nuestra Constitución Política, establecido claramente en su Artículo 109, el cual establece el carácter público del sistema de salud panameño; así como el Artículo 115, que ordena la integración orgánica y funcional de los sectores gubernamentales de salud. Por otro lado, también estamos obligados a cumplir con los compromisos internacionales que hemos adquirido como país, en especial la Estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud y la resolución CD53/R14, ambas aprobadas por nuestro país, las cuales nos comprometen, entre otras cosas, a aumentar la eficiencia y el financiamiento del sistema público de salud, según sea apropiado, tomando en cuenta que en la mayoría de los casos un gasto público del 6 % del PIB es una referencia útil para abordar las necesidades de salud insatisfechas y avanzar hacia la eliminación del pago directo.

Entrando en la materia que nos ocupa, recordemos que, de acuerdo con las proyecciones presupuestarias del MEF, entre el Minsa y la CSS tendrán cada año disponible un presupuesto cercano a los 10 000 millones de balboas, de los cuales más de 3500 corresponderán al Minsa y 6500 a la CSS. Esta cantidad representa un gasto público en salud superior al 6 % del PIB. Esta cifra, administrada con criterios de eficiencia, eficacia, equidad, y, sobre todo, transparente, es más que suficiente para garantizar el financiamiento del sistema de salud que necesitamos y queremos los panameños.

Pero no basta con tener los recursos disponibles en este momento, es obligatorio garantizar la sostenibilidad del financiamiento de la integración de los servicios de salud, y para ello son condiciones necesarias, entre otras, las siguientes: la recaudación de suficientes ingresos tributarios corrientes y de capital, a través de tasas, gravámenes, multas, contribuciones y otras medidas impositivas; el fortalecimiento del sistema de gestión del financiamiento de esos recursos financieros, garantizando la mejor agregación que considere la mancomunación de los fondos, y, como se ha señalado, eficiencia y transparencia; la solución de la crisis que atraviesa el fondo de pensiones de la CSS y; contar con el apoyo de la población, mediante la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas, a la vez que estimula la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el diseño, implementación y seguimiento del proceso.

Para finalizar, subrayo que, a pesar de las condiciones favorables, no es el momento de cantar victoria, pues todavía estamos lejos de controlar la epidemia de COVID-19 que nos afecta desde hace casi diez meses, causando cerca de 140 mil casos y más de 1700 defunciones en el territorio nacional. Además, como he señalado previamente, hasta el día de hoy, ningún sistema de salud ha sido capaz de cubrir todas las prestaciones de calidad para todos en todos los lugares. De hecho, la experiencia internacional disponible nos dice que, el mayor desafío político en este proceso hacia la integración de los servicios de salud, será establecer un orden de prioridades que establezca el acceso progresivo a los servicios de salud para toda la población. Sin olvidar que el nivel de dificultad aumentará a medida que se vayan desarrollando nuevas tecnologías y servicios de salud.