Maltratando niños en nombre de la salud

En la tradición cristiana, el Evangelio de Mateo relata que hace dos mil años, Herodes, el entonces gobernante de Judea, ordenó una matanza de todos los niños varones menores de dos años, con el fin supuesto de eliminar al Mesías. Por ello la Iglesia católica conmemora hoy 28 de diciembre el Día de los Santos Inocentes. En el año 2020, con la excusa de combatir una pandemia, los humanos en parte de occidente hemos cometido y seguimos cometiendo en perjuicio de los niños, una atrocidad en el nombre de proteger la salud, pero no la de los niños.

En marzo les cerramos las escuelas. No critiqué eso en marzo. De hecho, lo celebré. “Mea culpa”. Lo hice, con base en la información que nos llegaba en ese momento. Mucha incertidumbre entonces sobre el impacto de la COVID-19 en niños y adolescentes, y también sobre el rol que estos grupos etarios podían jugar en la propagación del virus. Ante dicha incertidumbre, el principio precautorio dictaba suspender temporalmente las clases escolares, mientras obteníamos mejor información.

Pero el principio precautorio, que es una gran cosa, suele también ser mal comprendido y usado como excusa para cosas que nada tienen que ver con el principio precautorio. En resumen, el principio precautorio es: ante la posibilidad de un evento de consecuencias catastróficas (y no meramente inconvenientes), con probabilidad no despreciable, uno debe adoptar medidas preventivas razonables. Subrayo “razonables”, porque es elemento esencial para entender el principio precautorio y separarlo de la paranoia y la hipocondría. El principio precautorio no nos dice que debamos adoptar toda medida preventiva de un riesgo, sino solo las que sean razonables. Por ejemplo: cruzar la calle por la franja de cebra mirando alternadamente a derecha e izquierda, es principio precautorio. Abstenerse de salir de casa porque existe la posibilidad de que un carro me atropelle, no es principio precautorio sino negación de la vida, un comportamiento patológico. A ver, de las dos conductas ilustradas, ¿a cuál se parece más lo que venimos haciendo desde marzo?

Volviendo a los niños, rápidamente después de las decisiones adoptadas en marzo, ha ido surgiendo evidencia que nos debería haber llevado a reevaluar medidas (el principio precautorio, recordemos, no es “evitemos todo riesgo”). Pero esa reevaluación nunca se hizo eso. Las autoridades en Panamá, lejos de adoptar una actitud responsable de reevaluación continua y crítica de las decisiones adoptadas, adoptaron posición de atrincherarse en sus posiciones iniciales.

La evidencia acumulada, al menos desde fines de marzo/inicios de abril, es bastante fuerte en el sentido de que: i) los niños y adolescentes tienen frente a COVID-19 un riesgo de severidad menor que con la influenza común y corriente de todos los años, para la que jamás hemos cerrado escuelas, y ii) que, a diferencia de la influenza, en SARS-CoV-2 los niños son un relativamente pobre transmisor y no son un impulsor importante de la epidemia a nivel comunitario. Ante esto, resulta claro que los niños no reciben beneficio sanitario del encierro (es discutible que los adultos reciban beneficio del encierro, pero esa es otra conversación) y mucho menos de los cierres de escuelas. Si una persona no recibe beneficio, pero sí daño -y es innegable que encerrar niños y privarlos de la interacción social les hace daño- de una intervención, es éticamente injustificable someterla a la intervención. Y si encima la intervención es hecha a la fuerza, estamos ante una intervención que a mí me resulta muy difícil distinguir de un crimen de lesa humanidad.

A miles de niños panameños se les condenó a perder el año escolar. Solo pudieron medianamente aprovechar en alguna medida el año escolar, los niños de escuelas particulares que pudieron adaptarse rápidamente a las clases por Zoom. En las escuelas oficiales, nos engañamos si creemos que lo que se ha hecho ha sido siquiera medianamente un sucedáneo adecuado a las clases presenciales, dando clases por módulos dictados a través de WhatsApp.

La educación oficial en Panamá ya era deficiente antes de la pandemia. Durante la pandemia, con la excusa de proteger la salud, el Meduca rebajó notablemente esos estándares que ya eran deficientes. Y para rematar, según reportan maestros del sistema oficial, hay entre 60 mil y más de 100 mil -dependiendo de la fuente- estudiantes del sistema oficial de los que ni siquiera se sabe qué fue de ellos.

En una sociedad normal, esto sería un escándalo. Lo que hemos hecho este año con los niños, encerrándolos, negándoles la necesaria interacción social y su escuela, y con los adolescentes, al decirles que si ven a sus parejas y amigos son unos asesinos que causarán la muerte del abuelito, es un acto colectivo de tortura y maltrato infantil y juvenil, que les acarreará secuelas importantes a largo plazo.