Al rescate de la CSS

Hace dos años, manifesté que rescatar la Caja de Seguro Social (CSS), en particular el Fondo de Pensiones, sería el gran reto del nuevo Gobierno. Confieso que abrigaba -y abrigo- esperanzas de que no siguieran el mal ejemplo de las administraciones anteriores, pasando agachados sin afrontar el problema. Llenaron mis expectativas y no evadieron el abordaje de la crisis. En medio, de casi un año, de estar luchando contra una inesperada epidemia de COVID-19, que nos ha ocasionado muertes, sufrimientos y enormes pérdidas a la economía, el Gobierno finalmente convocó al esperado Diálogo. Los panameños esperamos que comience pronto, pero parece que los convocados no se ponen de acuerdo en las reglas del juego; o, por lo menos, no lo han hecho del conocimiento público, lo cual es una primera falencia, pues los asegurados esperamos transparencia absoluta en el proceso.

Espero que los participantes no posterguen su labor, esgrimiendo el antiguo argumento de que “no contamos con informe actualizado de la situación financiera del Fondo de Pensiones”. No obstante, parece haber información, pues, solo ayer, el actual director de la CSS declaró refiriéndose a las reservas del programa de IVM que, en 2020 se recaudó 29 % menos de lo esperado en cuota obrero patronal, agregando que, desde 2016 ha ido disminuyendo la reserva, alcanzando una disminución de 379.5 millones de balboas en el 2020, y en 2021 va a aumentar 35 %, lo cual lo coloca, como ya sabemos, al borde de la desaparición.

De lo que se trata es de encontrarle una respuesta positiva a semejante problema. Acepto que es una tarea titánica que implica obligatoriamente que todos los participantes en el diálogo se pongan de acuerdo en una solución y, lo más importante, que todos los asegurados la aceptemos. No será nada fácil pues, hasta ahora, todo indica que nadie quiere salir de su trinchera ideológica. Pero deben hacerlo, ponerse en los zapatos del otro y cumplir con su deber ciudadano.

Los empresarios y miembros del llamado Subsistema Mixto, se sienten confortables con los beneficios definidos por el subsistema, y la posibilidad de un ahorro personal de acuerdo con su capacidad. En la otra esquina, porque esto parece una pelea encarnizada, se colocan los defensores del previo sistema de beneficios definidos, alegando su solidaridad y la necesidad de que el Gobierno busque la manera de darle un respiro. Se oponen sistemáticamente a la posibilidad de reformas paramétricas, como aumentar la edad de jubilación, o las cuotas, mucho menos la posibilidad de que se disminuyan los beneficios. Este grupo coincide con el anterior en la necesidad de mejorar la transparencia, eficiencia de la gestión, así como el fortalecimiento de las inversiones.

Tratando de conciliar las dos posiciones, no somos pocos los panameños que estamos de acuerdo con que, el debate pasa por considerar la eliminación o modificación de la Ley 51, para que aquellos que así lo prefieran, permanezcan en el sistema privado; planificar la reactivación del antiguo sistema de beneficios solidarios y permitir el ingreso al sistema a aquellos que lo deseen, supeditando la introducción de reformas paramétricas a la recuperación de la economía. Mientras tanto, la solidaridad debe ser del Estado y no de una a otra generación, pues, el derecho a la seguridad social no debe ser exclusivo de los empleadores y trabajadores, es un derecho humano de toda la sociedad.

El camino entonces pasa irremediablemente por dejar el sistema mixto como está, fortaleciéndolo progresivamente, a la vez que se busca que todos los ciudadanos estén adscritos al sistema de pensiones. Este único sistema de pensiones fuerte debe estar basado en aportes tripartitos y eliminar pensiones de lujo para las cuales el beneficiario no cotizó, y es subsidiado por los demás ciudadanos.

¿Y de dónde saldrán los recursos para financiar este sistema? Los expertos recomiendan revisar y adoptar la política de recursos mineros, puertos, concesiones de energía eléctrica, comunicaciones; cobrar eficientemente los impuestos y las cuotas de seguro social; castigar la corrupción y erradicar la impunidad. Se puede pensar en crear una Autoridad de Inversiones de los Fondos del IVM, que funcione como una empresa parecida a la ACP verdaderamente autónoma y con el director general supeditado a una verdadera Junta Directiva, donde cada miembro debe tener título universitario con dos maestrías (leyes, economía, actuarial, finanzas, administración de empresas, salud pública, etc.) sin importar de qué gremio procede y sin espacio para el nefasto clientelismo.

Al final queda la pregunta: ¿a qué le apostamos?, ¿a fortalecer el seguro social o a dar el salto hacia la seguridad social universal? De eso dependerá el sistema de pensiones a desarrollar, y el avance hacia la cobertura universal de servicios integrales de salud y seguridad social. Esperemos la propuesta que nos harán los ciudadanos convocados al Diálogo Nacional, analicémosla con compromiso y decidamos qué hacer para rescatar nuestra CSS.