28 de Sep de 2021

César Augusto García

Columnistas

Programa IVM: CSS entre la pandemia y la corrupción

“Es preciso que las autoridades de la CSS presenten un informe detallado de la realidad del déficit de caja hasta que los cambios que se hagan en la Ley tengan el efecto esperado para mejorar la situación financiera del Subsistema de Beneficios Definidos […]”

En 2005, con la Ley 51, Orgánica de la CSS, se crea el Programa de Invalidez, Vejez y Muerte; el nuevo Régimen de Pensiones, es la crónica de una muerte anunciada, para el Subsistema Exclusivamente de Beneficio Definido o Solidario, porque a partir del 1 de enero de 2008 todos los nuevos cotizantes entrarían a ser parte del Subsistema Mixto, y el Sistema Solidario no tendría nuevos cotizantes. Esto significa que, si antes de la reforma a la Ley, la relación cotizantes versus pensionados era de 5 a 1 en un sistema único (Solidario) en el plazo de 10 años la relación disminuiría a niveles de 2 a 1 cotizante por cada pensionado, era evidente que los ingresos disminuirían significativamente para el pago de las pensiones y tendríamos un déficit de caja que nos obligaría a utilizar las reservas del programa.

En el informe Actuarial de 2011, se detallan las dificultades que estaría presentando el Subsistema de Beneficios Definidos (Sistema Solidario), en base a la data disponible a la fecha. Es preciso señalar que el Informe Actuarial se realizó con base al resultado de la depuración de la Data que, por primera vez, se efectuaba en la institución desde su creación.

Debemos indicar que depurar la data es un proceso necesario e indispensable para los cálculos, porque, de lo contrario, estaríamos utilizando información contaminada a través del tiempo, afectando sensiblemente los resultados reales o periódicos del sistema, para conocer el estado del flujo de caja y del déficit actuarial del sistema.

En octubre 17 de 2013 (ver La Estrella de Panamá) anunciamos que la CSS se quedaría sin reservas en el 2025. Lamentablemente, ninguna autoridad presentó interés en tomar medidas correctivas y el tema se mantuvo en suspenso para trasladarlo a los nuevos gobernantes. Es justo reconocer que las autoridades actuales han dado un paso importante en la búsqueda de solución al sistema de pensiones; sin embargo, indicar que no se deben hacer cambios de medidas paramétricas es limitar la capacidad de toma de decisiones a los representantes en el diálogo, que les permita recomendar los cambios necesarios para un programa eficiente y duradero. Ahora, es el turno de los participantes al diálogo de cumplir con su rol de velar por los intereses de todos los asegurados y no por los intereses colectivos, políticos o personales.

En el Informe del 2011, las cifras demuestran que, a partir del período 2015, el programa IVM comenzaría a reflejar déficit de caja y en forma progresiva sería cubierto por aportes del Estado y de las reservas para balancear los ingresos con los gastos. El resultado de esa evaluación marcó la urgente necesidad de hacer los cambios en la Ley; sin embargo, las decisiones políticas de las autoridades fueron ignorar la realidad del sistema y endosarlo a los próximos Gobiernos.

Según información que aparece en www.telemetro.com/nacionales/05/20, con fecha de 20 de mayo de 2020, el subdirector de la CSS manifestó que “Liquidez para pago de pensiones debe resolverse antes de junio”. Por su parte, el director general declaró, el 29 de julio del 2020: “Lo que existe es un problema de liquidez para pagar las pensiones de aquí hasta el mes de diciembre”, afortunadamente pasó la Navidad, los Carnavales, Semana Santa, 2 fases de la pandemia, y se han pagado las pensiones hasta hoy. Entre sus comentarios señaló que “en el peor de los escenarios, se tendría que pagar de abril a diciembre $1542 millones en pensiones”. Sustentó que el subsistema tiene en efectivo $90 millones, $260 millones en depósitos y títulos valores por $1703 millones. Interesante conocer las fuentes de fondos que se están utilizando para el pago de las pensiones, dada la insuficiencia de fondos manifestada por las autoridades de la CSS.

Por otra parte, manifestó que “A pesar de estos recursos, al utilizar el efectivo y depósitos disponibles para resolver el problema de liquidez, queda un déficit de aproximadamente $1190 millones por pagar, por lo que sería necesario vender los títulos valores del subprograma”. Las preguntas de rigor serían: ¿cuál sería el balance de las reservas?, ¿por cuánto tiempo tendríamos fondos para pagar las pensiones?, ¿con qué flujo de ingresos garantizarán el pago de pensiones una vez agotadas la reservas?

El Programa de Invalidez Vejez y Muerte en particular el Subsistema de Beneficios Definidos (Sistema Solidario) mantiene un Déficit de Caja que, según el estudio actuarial, estaría en el orden de los $400 millones para el período 2021; sin embargo, en reciente declaraciones del director general, el déficit para el 2020 está por encima de los $500 millones, por los efectos de la pandemia. Este aumentará significativamente y para el 2023 podrían agotarse las reservas totales, afectando a más de 290 mil pensionados con sus consecuencias sociales, económicas e institucional en el país.

En mayo 6 de 2021, TVN noticias, aparece información específica que “La CSS reporta caída de ingresos de 460 millones de dólares por efectos de la pandemia”. Según el Estudio Actuarial de la JTA del 8 de octubre de 2020, cuadro 28 sobre Flujo de caja del Subsistema de Beneficio Definido / Sistema Solidario, para el período 2021, el total de ingresos sería de $1591.8 millones y los egresos de 2005.7 millones, que se traduce en un déficit de ($413.9) millones. Si tenemos en cuenta que la institución reporta caída de ingresos por $460. millones, podríamos esperar que el déficit corriente para este período será cerca de los $875 millones. Es preciso que las autoridades de la CSS presenten un informe detallado de la realidad del déficit de caja hasta que los cambios que se hagan en la Ley tengan el efecto esperado para mejorar la situación financiera del Subsistema de Beneficios Definidos (Sistema Solidario).

Economista