Legítima defensa

Traslapada la legítima defensa al campo político devela crudeza e inequidad, pero al mismo tiempo confirma criterios de legalidad y paz social. No es cuestión de otorgarle mayor valor a una u otra, sino conceder prioridad fáctica a determinada opción dentro del marco de la continuidad, dinámica y progresiva, de un modelo de vida y producción frente a propuestas y situaciones que amenazan la validez y sobrevivencia de tal modelo.

En lo jurídico, la proporcionalidad entre el ataque y la defensa guarda consideración vital, pero en el terreno político-social esta relación no es igual; según el alcance de las mismas normas legales que la contienen, mantener el orden justifica que la proporcionalidad esté a niveles diferentes.

Esta es la razón para ponderar cuidadosamente las denuncias de los abusos de la represión y de los crímenes que se cometen bajo su amparo. La normativa es clara, conocida de tiempo atrás, utilizada en múltiples ocasiones anteriores, explicada desde la escuela primaria y siempre es parte de las promesas de campaña de nuestras ofertas electorales: defender el Estado de derecho.

En todo el planeta somos testigos de lo expuesto. Es una inclinación natural defender aquello que le da sentido a tu vida. En este contexto, alegrarse con las protestas sociales, promoverlas y justificarlas, conlleva necesariamente un alto grado de responsabilidad. Entre los dirigentes que apadrinan estas expresiones de inconformidad y deseos de cambios debe circular un alto nivel de solidaridad, amor al prójimo, responsabilidad y una disposición aguerrida. En efecto, criminal también es arrojar al pueblo al despeñadero de la Tarpeya social; esto hacen quienes saben perfectamente que el sistema se defenderá ferozmente si huele que el tiro final le atina al corazón; así actúan quienes se pasan la vida desprestigiando las instituciones vigentes, pero que no reparan en acudir a estas para que divulguen y condenen los abusos. Al interior de estas fuerzas no es sorpresa encontrar distorsionados criterios de responsabilidad social cuando de combatir el “statu quo” se trata; acomodar los valores sociales a tus intereses se convierte en algo normal. Por ejemplo, si no estoy de acuerdo con una medida gubernamental, ¿¡salgo a robarme un televisor de 49 pulgadas¡? Cerrar calles está bien; lo que está mal es ¡circular libremente o por obligación laboral!

La mejor defensa no es la represión. La destrucción de los logros colectivos se combate con eficacia, precisamente, fortaleciendo el modelo, pero con métodos novedosos y que sean digeribles por la sociedad. Facilitar el emprendimiento individual no es lo único. Como dicen expertos en Chile, el Estado debe trascender su papel de propiciador de climas favorables a la inversión privada y liderar la creación de “capacidades productivas de una sociedad”. Esfuerzo que empieza por un “sistema educativo universal de calidad que asegure la difusión del conocimiento”.

La ciudadanía debe sentir en sus entrañas que el Estado superó su rol de paramédico, guía académico y director de orquesta, para convertirse en el combustible de la innovación tecnológica y productiva a través de tangibles políticas públicas que permitan sensitivos saltos de las empresas en cuanto a la actividad que realizan en el contexto del anhelado crecimiento general de nuestra economía. “La innovación no funciona en forma incremental, sino que vía saltos”, sentenciaba Joseph Schumpeter. Sumando más gente al goce del desarrollo, la legítima defensa será proporcional.