El 'Panamá Solidario' de Cortizo

Desde que se implementó el programa de Panamá Solidario, el mismo ha estado sufriendo una serie de metamorfosis, a pesar de que es de gran beneficio para solventar la grave situación de pandemia, cuya llegada no fue prevista por nadie en el mundo, y sus consecuencias han sido, y siguen siendo, devastadoras: pérdida de empleo, negocios en ruina, familias separadas, muerte de seres queridos y muchos otros problemas que han golpeado fuertemente la estabilidad de la familia panameña.

Es un aliciente considerable, reitero, para muchos hogares y personas que no tenían recursos para subsistir este largo periodo de incertidumbre. Dice el presidente que el mismo ha llegado a más de un millón de personas en toda la geografía nacional. Un número considerable, si lo vemos desde el punto de vista estadístico, pues representa el 25 % de la población del país.

Hoy, nos enteramos de un nuevo requisito para poder que los panameños beneficiados con este aliciente económico puedan tener la posibilidad de contar con él hasta diciembre, y entre ellos está el de decidir participar en tres programas de ayuda social en sus corregimientos por 24 horas; o sea, tres días de ocho horas laborables, o participar en forma personal en la capacitación para el trabajo en el Inadeh de manera virtual.

No veo mal que las personas se capaciten, pues esto puede hacer que adquieran conocimientos nuevos para poder laborar. Lo que me pregunto es si el Inadeh tendrá la capacidad de recibir a ese enorme caudal de personas que serán obligadas a cumplir con este requisito para ser beneficiadas con el vale digital. Mientras que la participación durante 24 horas en labores comunitarias, cada mes, las cuales ya han sido preestablecidas, nos hace preguntar quién se beneficiará de la presencia de estas cantidades de personas haciendo labores comunitarias, ¿el representante? O el diputado o los diputados. Además, ¿se cumplirá con las medidas sanitarias que se han establecido para controlar la pandemia?

Vivimos en un país donde los subsidios están a la orden del día, y durante la pandemia los que más han resaltado son aquellos considerados de ayuda social, me refiero a los programas como Ángel Guardian, 120 a los 65, apoyo a los discapacitados y apoyo a los estudiantes con la beca universal, entre otros, como la bolsa y el vale digital. Pero muy poco se sabe de los subsidios a las empresas, al agro, que cada año se destinan a estos sectores, empresas que no modernizan su producción. En el agro vemos cómo todos los años los productores salen a reclamar el pago de los subsidios a sus producciones, o se condonan las deudas de empresarios con el Seguro Social, bajo la excusa de recuperar algo de las cuotas birladas por ellos. Y estos han estado así por años. Otro es la patente de corso que tienen los funcionarios electos para firmar contratos leoninos con empresas que se están robando los recursos de los panameños, verbigracia los que tienen que ver con los negociados de luz, o con los puertos, ni hablar de las minas. La corrupción es un mal de nunca acabar.

Ahora, mi otra pregunta, ¿usted ha visto algún industrial llevando o haciendo labor social en sus comunidades, ha visto a los productores del agro en alguna labor social? Creo que no. Al contrario, la comida, para dar un ejemplo, está cada vez más cara. Recuerdo cuando el general Torrijos hablo de la “morenita”, la azúcar que no era refinada, un producto al consumidor con un alto valor nutritivo, e incluso abarató considerablemente su comercialización, mientras que, a la azúcar blanca, refinada, se le dieron algunos incentivos para poder mantener su precio, que ya estaba alto. Al final, la industria se comió el mandado, pues hoy ambos azúcares compiten en precio, no hay diferencia.

Vivimos en un país donde el despilfarro de los recursos también está a la orden del día, tenemos una Asamblea Nacional de espalda a la realidad económica del país, un aparato burocrático con igual o mayor insensibilidad ante el problema crucial del momento. Donde la impunidad parece ser el pan de cada día, donde los funcionarios con rango violan sus propios decretos, y la soberbia parece ser su mayor don, pues se sienten endiosados para hacer y deshacer lo que se les antoje, un país donde se vacunan clandestinamente y se negocia con ello, y nadie responde por eso; por otro lado, se sigue endeudando el país sin medir las futuras consecuencias, esto sin dar una pista de tener planes de contingencia o de ahorro, especialmente de austeridad.

Mi punto es que tratar de incorporar a todos los beneficiados a programas de servicio social en las comunidades tienen un sabor amargo, me parece que se está pensando en verlos como electores, y no como ciudadanos con una gran necesidad de apoyo en este momento de pandemia. La obligatoriedad de participar en los programas está tipificada en la ley para aquellos trasgresores de ella, donde se les da una oportunidad de intercambiar este servicio por días o multas. Y vuelvo y pregunto: ¿por qué no se instituye un programa igual para que los presos del país trabajen para pagar su alimentación, por ejemplo? Al contrario, se mantienen ociosos, con todo el tiempo para hacer llamadas con el fin de estafar a los incautos ciudadanos.

El vale digital no es una dádiva, es un programa de auxilio para aquellos más vulnerables de nuestra sociedad, y que realmente lo que necesitan son programas que incentiven el empleo de tal forma que el panameño logre obtener las entradas necesarias para subsistir o superarse en la vida. No medidas como las anunciadas, cuyas intenciones son oscuras, con una gran falta de tacto social. ¿Se han puesto a pensar que en este segmento del vale digital hay personas de la tercera edad? ¿Qué programa tienen, tanto el Inadeh como las juntas comunales, para ellas? Amanecerá y veremos.