¿Por qué una moratoria de la minería?

El Servicio Paz y Justicia en Panamá (Serpaj-Panamá) ha acompañado al Comité pro-Cierre de Mina Petaquilla (CCP) desde su fundación en 2004. Hemos acompañado a la Coordinadora Campesina por la Vida (CCV) y a la Asociación Rey Quibián (ARQ), con más de mil indígenas entre Nueva Lucha, Nuevo Sinaí, Río Palmilla y Chicheme. Hemos realizado cientos de reuniones, lo que nos ha acarreado atentados a nuestras vidas por parte de las mineras.

El CCP, la CCV, la ARQ y la Asociación de Productores Agrícolas de La Pintada rechazamos el proyecto de reformas al Código Minero y exigimos una moratoria que nos permita examinar diversos aspectos de la minería.

Necesitamos una moratoria que nos permita aclarar la responsabilidad de las mineras por el cambio climático cuando se asienta en zonas de precipitaciones pluviales, extraordinaria biodiversidad y riqueza hídrica; la prohibición del uso del cianuro; el incumplimiento de obligaciones ambientales y de la Carta de los Derechos de los Pueblos Indígenas; que nos permita examinar los efectos de la minería en Petaquilla, Tonosí, Macaracas, Guararé, Soná y La Palma; ¿por qué el resto de los municipios aún no se ha pronunciado sobre este tema; por qué lo de Petaquilla no se ha analizado en ninguna Reunión Provincial de Coordinación?

Necesitamos aclarar por qué Petaquilla Gold ha continuado ilegalmente sus operaciones, si carecía de Estudio de Impacto Ambiental; por qué han apelado todas las medidas dictadas en su contra por la ANAM, que los ha multado con un millón de Balboas y condenado a pagar gastos mínimos de mitigación; que les ha anulado su falsa consulta pública de diciembre de 2007, y que les ha permitido continuar a condición de que la minera cumpliese con 30 requerimientos, de los cuales no ha cumplido ni uno solo.

Necesitamos saber por qué no ha progresado ninguna de las demandas promovidas por Serpaj-Panamá; por qué tienen amenazados a maestros en Coclesito por contrariar a la minera; si es cierto que la escuela del lugar es financiada por Petaquilla Gold y que algunos funcionarios de Colón reciben prebendas de dicha empresa.

Necesitamos una moratoria que nos permita conocer cómo la empresa les expropió y robó fincas a campesinos, engañándolos acerca de las facultades que le otorga la concesión; amenazándolos de que “les iría peor, si no se retiraban de sus predios, porque les iban a echar de ñapa a la policía”, tal como había ocurrido con los nasos, a quienes el Gobierno desalojó a favor de Ganadera Bocas.

Desde hace cuatro años, Merardo Morales y Martín Rodríguez esperan que Petaquilla Gold les explique por qué les incendiaron sus ranchos en Agua Colorá y por qué quemaron y destruyeron otros ranchos a indígenas que huyeron aterrorizados, abandonando sus viviendas -en total fue una decena- luego de lo cual los jefes y empleados de la minera consumieron gallinas, cerdos y productos agrícolas de sus verdaderos dueños. Fueron muchos los desmanes contra las comunidades, sin que ni la ANAM ni el Gobierno hayan hecho absolutamente nada.

Necesitamos saber por qué, antes de la minería, en Coclesito no había problemas de drogas, alcoholismo, desintegración familiar, madres solteras, violaciones y sida; por qué la Universidad de Panamá no cumplió con la decisión del Consejo General Universitario (bajo GGP) de ayudar a las comunidades, aunque es “vox populi” que la empresa donó computadoras al Centro Universitario de Penonomé.

Necesitamos una moratoria para que la SPIA investigue si Petaquilla Gold y Minera Panamá cumplieron con los requisitos que exige la Constitución; si es cierto o no que las tinas no se construyeron en el sitio más adecuado y si su construcción adolece de anomalías o defectos que expliquen la continua y permanente contaminación de aguas superficiales y subterráneas. Ni el Gobierno ni nadie ha realizado una gira médica a Petaquilla, a pesar de las inundaciones, derrames de las tinas de lixiviación y otras tragedias que han padecido sus moradores con grave afectación a su salud.

Señores diputados: necesitamos conocer si Inmet Mining ha sido objeto de sanciones, multas y decisiones ambientales en la Comunidad Europea, Medio Oriente, África, Canadá, Estados Unidos o Latinoamérica, para saber si se justifica o no su presencia en Panamá.

Necesitamos una moratoria para cotejar el proyecto de reformas al Código Minero (de 1963) con nuestra Constitución, con el Derecho Internacional Ambiental y con el sistema internacional de protección a los derechos humanos.

Y una última cuestión, señores diputados: Uds. tienen la obligación de hacer cumplir nuestras leyes para que sirvan a nuestras necesidades y no para resolverles problemas a las empresas. Nuestras necesidades de inversión no están por encima de nuestros intereses nacionales: ¡no acepto que un Gobierno del Lejano Oriente haya lanzado un ultimátum al Gobierno para que reforme el Código Minero antes de equis fecha “o aténganse a las consecuencias!”.

A principios del pasado siglo, países europeos bloquearon con barcos de guerra a Venezuela para cobrar una deuda. A raíz de este incidente, se aprobó la Doctrina Drago, que prohibía el uso de la fuerza para cobrar deudas.

Si los panameños no hemos sido capaces de poner orden siquiera en Petaquilla Gold, ¿qué le hace pensar al Gobierno que puede enfrentar a las cañoneras de Singapur, Corea del Sur y Canadá cuando vengan a reclamar sus derechos conculcados, ya que exactamente eso persiguen las reformas al Código Minero?