Cambio climático y nuevo pacto urbano

La buena noticia es que Panamá junto con Bután y Surinam son los únicos tres países del mundo considerados carbono negativo -es decir que nuestros ecosistemas capturan más carbono que los gases de efecto invernadero emitidos en el país. La mala noticia es que la ciudad de Panamá es una de las ciudades latinoamericanas que más gases de efecto invernadero emite, con alrededor de 4.9 toneladas por persona al día.

Las ciudades -que apenas abarcan el 2 % de la superficie terrestre- consumen el 78 % de la energía mundial y producen el 60 % de los gases de efecto invernadero mayormente, debido a la dependencia a los combustibles fósiles. Detener el calentamiento global requeriría transitar aceleradamente hacia el uso de energía verde y modificar los espacios urbanos, incluyendo los modos de transporte, las infraestructuras y los edificios, además de los sistemas industriales.

Cepal y ONU-Hábitat reiteran la urgencia de aplicar políticas públicas para enfrentar el vertiginoso crecimiento de la población en zonas urbanas, así como las consecuencias del cambio climático que afectan principalmente a los más pobres y vulnerables. En el caso panameño a aquellos susceptibles a inundaciones y deslizamientos de tierra y a quienes viven en zonas costeras -como los grupos gunas-, afectados por la elevación del nivel del mar -que sube dos veces más rápido que hace 30 años-. Ambas poblaciones con escaso acceso a sistemas de emergencia.

En el año 2050, según ONU, 2,5 mil millones de personas vivirán en ciudades, produciendo una enorme huella ecológica -indicador que mide el impacto que ejercen los seres humanos sobre el planeta y que establece cuánto territorio necesita una población específica para producir los recursos que utiliza y asimilar sus residuos-.En esa carrera irreversible hacia la urbanización destaca América Latina, no solo por ser la región más desigual del mundo, sino, además, por tener uno de los más altos niveles de urbanización, pues en apenas 65 años pasó de tener 40 % de áreas urbanas a más del 80 % actual.

La Nueva Agenda Urbana (NUA), documento consensuado globalmente por intermedio de ONU-Hábitat, enfatiza las posibilidades de las políticas de planificación urbana para promover empleo, calidad de vida y enfrentar el cambio climático. Explica asimismo sus nexos con la Agenda 2030 de Desarrollo sostenible, cuyo lema fue “no dejar a nadie atrás”, donde se exhorta a privilegiar a los más vulnerables, buscando igualdad y no discriminación. Para ello propuso 17 Objetivos (ODS). De ellos, cuatro están más relacionados con las áreas urbanas y los ciudadanos: N.° 1: eliminación de la pobreza; N.° 2: educación de calidad inclusiva y equitativa; N.° 3: igualdad de género y empoderamiento de la mujer; y N.° 11: construir ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

En Latinoamérica, donde la población está concentrada en ciudades, la infraestructura urbana está muy lejos de satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, datos del año 2020, muestran que el 25 % de la población, unos 160 millones de personas, vivía en asentamientos informales. En Panamá, registros del mismo año del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, exponen que el déficit de vivienda cuantitativa, que crece a un 4 % anual, sobrepasó las 200 000 viviendas; unas 53 479 familias vivían en asentamientos informales, de los cuales un 67 % está en las provincias de Panamá y Panamá Oeste. Son lugares donde la gente vive hacinada, sin acceso a infraestructura y servicios básicos y muchos de ellos localizados en zonas con riesgo de desastres (inundaciones, deslizamientos).

Las causas de la existencia de esas áreas son esencialmente tres. Las necesidades de vivienda de miles de personas. La corrupción de loteadores piratas que se apropian de tierras -privadas y públicas- que luego venden con engaños a los incautos que nunca reciben un título de propiedad. Y, el desinterés, apatía e incapacidad de los sucesivos Gobiernos, atrapados en la falsa idea de que el mercado todo lo resuelve; y, en vez de impulsar políticas públicas que eviten las tomas de tierra, solo reaccionan después de los hechos que siempre van enlazados a urgencias, como olas migratorias, desastres, o consecuencias de una pandemia con sus respectivas crisis económicas y sociales. En relación con ello, ONU-Hábitat ha advertido que es insostenible que las políticas de vivienda se mantengan orientadas solo a la demanda con capacidad de pago y subsidio al constructor, como se hace en Panamá desde el siglo pasado.

Más aún, desde hace décadas está vigente un desatinado e inhumano modelo de desarrollo urbano que muestra una total desconexión de los gobernantes con sus ciudadanos ante los cuales se han deslegitimado por permitir una gestión urbana que facilita especulación del suelo urbano, sin criterios de sustentabilidad y en ausencia de corresponsabilidad de los actores sociales que deben ser los gestores de las ciudades: Estado, sector privado y ciudadanos.

Ese modelo, asimismo, produce gentrificación, desigualdad, pérdida del espacio público, destrucción de áreas patrimoniales, impide la cohesión social, propicia la violencia y la inseguridad. Además, se privilegia a los automovilistas en detrimento de los derechos del peatón y el ciclista y se ha descuidado el mejoramiento del transporte público. Es decir, se pliega a la lógica del mercado permitiendo deterioro medioambiental y social y abriendo camino a prácticas que conspiran contra toda lógica de gestión urbana sustentable, viabilizando acciones que niegan la esencia de las ciudades.

Además, la pandemia acrecentó y evidenció desafíos preexistentes que aún estamos lejos de resolver. Aumentar las habilidades de la población para hacer teletrabajo, el acceso universal a nuevas tecnologías, garantizar una educación inclusiva y desarrollar formas seguras, eficaces y diversas para movilizarnos.

Es momento de incluir paradigmas novedosos en la organización territorial que instituyan un nuevo pacto urbano para las ciudades panameñas en un marco democrático, participativo e inclusivo, dejando atrás el obsoleto modelo de expansión que ha traicionado los derechos ciudadanos de vivienda, movilidad, educación, salud, empleo, energía y espacio público; y de transitar desde una democracia electoral a una democracia participativa, donde los ciudadanos seamos los verdaderos protagonistas de las ciudades, decidiendo sus formas de vida y convivencia.

Indudablemente, la forma en que organicemos las ciudades determinará nuestras posibilidades de disfrutar de condiciones de vida dignas y de enfrentar los desafíos del cambio climático en los términos definidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).