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20 de Ene de 2022

Columnistas

Colón y Coclé: dialéctica de una lucha agroambiental

“La lección del cómo luchar está clara. Pero, abre otros retos, […], que conducen al asocio de sus procesos de producción […] y elevar sus economías de escalas […]”

En todas las luchas agrarias, desde el período bajo tutela colombiana hasta la fecha, ha habido siempre, como mínimo, tres actores: 1) los grupos de clases trabajadoras que han reivindicado la tierra para su sobrevivencia y la soberanía alimentaria; 2) los grupos oligárquicos -primero de Colombia, luego los nacidos en el istmo-; y, 3) los agentes del gran capital monopólico internacional, sea en su versión directamente agraria extractivista o financiera, que está detrás de estas.

Esto es lo que hoy enfrentan los trabajadores del campo de Costa Abajo de Colón y vecinos del norte de Coclé. Primero, como despojados por los latifundistas coloniales, siendo empujados hacia estos lugares donde habitan desde hace ya varias décadas. Después, en este siglo, sintiendo las sucesivas amenazas de nuevos desplazamientos y desposesión de sus tierras por variados megaproyectos económicos.

Hace un par de meses atrás, el Ejecutivo sancionó el Decreto Ejecutivo 141 de 2021, que crea los “Certificados de Acreditación de Uso de Suelo en Áreas Protegidas”. Para las personas que poseen predios, fincas, dentro de áreas protegidas sin haberlas titulado, sin duda merecedoras de ese instrumento que las convirtiera en propietarias, el decreto (lo formal) sonaba bien. Pero, como en toda ciencia, no vale lo formal, sino lo real y esto se verifica a través de las condiciones que dan lugar a un determinado hecho, las condiciones existentes nos indicaban que lo que se proponía o justificaba, no daría el resultado que se argumentaba.

En efecto, se conoce del desorden institucional para saber con antelación quiénes, dónde y cuántos eran esos moradores de las áreas protegidas desde antes de la constitución de estas que se suponía debían ser los beneficiarios de este decreto. Además, se sabe de la existencia de una creciente presión de especuladores de tierras y de grandes empresas extractivas, por hacerse de enormes superficies territoriales para sus actividades, que dependen de la luz verde legal para que la tierra se pueda someter a la vorágine del mercado capitalista, donde los grandes capitales han demostrado sacar la mejor parte. Ante estas condiciones que rodeaban el decreto de marras, la resultante no podía ser otra que de incertidumbre -por decir lo menos- para los campesinos de las áreas protegidas.

Ante tal amenaza, en la región indicada antes, se plantearon dos caminos de lucha. Una llevada a cabo por quienes confían aún en que uno de los aparatos del Estado que custodia los intereses de los grandes capitales del transitismo en el país -el Órgano Judicial- podría acoger como válida la demanda para anular el mencionado decreto. Esta opción de lucha, conocida como lucha legalista, suelen impulsarla quienes no actúan con una profunda vocación antisistémica. En ocasiones, su interés está más con el de su propia firma legal -al deplorable estilo mercenario de ciertos abogados exembajadores- u organismo no gubernamental al que pertenecen, que el interés popular. En otros casos, hay mucho de la ingenuidad -o incluso confusión- política ideológica, propia de las capas medias contemporáneas que suelen dispararse en disputas sin articulación orgánica con los grupos populares afectados. Las cadenas radiotelevisivas aman cederle espacios a estos actores, que dan “buen ejemplo de luchas”.

El otro camino, ignorado por los medios radiotelevisivos, fue el de la movilización popular, pero no a secas, sino con dirección estratégica y asociados con los herederos de Pedro Prestán en la urbe colonense. El siete de diciembre último, alrededor de 1000 campesinos de Costa Abajo y norte de Coclé se citaron en el poblado de Miguel de la Borda.

Luego de cosechar presión para que el presidente Cortizo acudiera al sitio, obtuvieron lo que la lucha legalista muy difícilmente alcanzaría, tal fue: el compromiso del Ejecutivo para la derogación del Decreto 141 y -además- de las resoluciones 89 y 90 del 12 de mayo de 2021, a través de las cuales se le otorgaba a la actividad minera 25 000 hectáreas para su explotación; en estas residen varios cientos de familias trabajadoras del campo.

La lección del cómo luchar está clara. Pero, abre otros retos, a nivel económico y social, que conducen al asocio de sus procesos de producción, hasta ahora parcelarios, y elevar sus economías de escalas, incluso, plantearse una alianza con grandes empresas amigables con el ambiente que potencien rubros comerciales agroforestales en gran volumen (café o cacao o ambos), de lo contrario, habrá un próximo episodio donde la megaminería y sus celadores en el Estado, se podrán salir con la suya.

Sociólogo y docente universitario.