El historiador prohibido

Por más de cien años, el Estado panameño no ha reconocido al historiador profesional. Sin duda, esta ausencia se ha hecho sentir, sobre todo en archivos históricos, museos e instituciones que se encargan de velar por el patrimonio material e inmaterial, las tradiciones, cultura y memoria histórica. También, en los municipios, en posiciones como historiadores de la ciudad o historiadores locales, encargados de la custodia de los archivos municipales y, por qué no, eclesiásticos.

Esta omisión se constituye en una acción discriminatoria contra miles de profesionales y cientos de estudiantes que hoy día solo pueden recurrir a la docencia o enseñanza. Más aún cuando han estudiado una carrera de amplias posibilidades laborales, que en el caso panameño le han sido vedadas, mientras que a nivel global esa historia pública, fomentada por naciones como EUA y buena parte de Europa, avanza en logros al acceder a audiencias más amplias de la ciudadanía.

Lo anteriormente sustentado es de manera precisa lo que expresa el Proyecto de Ley 638, por el cual se “Regula la Profesión de Historiador”, al incorporar el cargo de “HISTORIADOR” al Manual Único de Clasificación de Puestos del Estado. Y, además, designar como Día del Historiador el 10 de marzo, en homenaje al natalicio del Dr. Carlos Manuel Gasteazoro. Un proyecto netamente profesional, que se constituye en un paso para el desarrollo de nuestro oficio en Panamá. Y que no regula, censura o restringe la investigación, publicación de libros y la enseñanza, tanto a nacionales o extranjeros. Contrario a las afirmaciones malintencionadas de sus detractores, quienes han señalado que la Ley es xenófoba y un retraso al conocimiento científico.

La ley es la visión del compromiso del Estado panameño, liderado en la actualidad por el presidente Laurentino Cortizo Cohen y su administración, de participar de forma activa y eficiente en la labor de consolidar la cultura y la historia de nuestra nación, al establecer la participación de historiadores en los museos de historia nacional, permitiendo la generación de una participación investigativa de este recurso humano en un mirador clave para llegar a audiencias más amplias, democráticas y populares de la ciudadanía.

En adelante las investigaciones sobre temas nacionales, regionales y locales serán de primera línea para enriquecer la necesidad cultural de una ciudadanía que pide a gritos sentirse identificada en los museos como espacios de participación ciudadana, que pide su historia provincial y local como parte de la valoración y aporte a nuestra identidad.

Bien entendió el general Omar Torrijos, al impulsar la creación de museos en la década del 70, que la liberación de los pueblos yace en hacer suya su historia, su pasado común.

Es en este sentido que el Estado panameño no duda en adherirse al compromiso histórico de reconocer al Historiador, no solo en los museos, sino en los archivos donde será gestor de colecciones, haciendo transparente nuestra documentación oficial institucional, que tanto requiere ser salvada para beneficio de futuras investigaciones. Ni olvidar el abanico de oportunidades que brinda la participación del historiador en centros documentales, gestiones culturales nacionales y municipales, todo en aras de esa cultura que debe llegar a todos y todas en cada rincón de este país. Atinado rumbo dará el presidente Cortizo al sancionar esta Ley.