Momentos para actuar estratégicamente

En 2019 había $2,880 millones asignados al Presupuesto del Estado en concepto de subsidios. Ese monto representaba más que los aportes del Canal de Panamá. Y como demostraría un somero análisis, nos hemos convertido en una sociedad de pedigüeños. En más de cien rubros de excepciones, incentivos, canonjías y prebendas, existen miles de productores, industriales, comerciantes, promotores, ciudadanos y políticos que se benefician con dineros del Estado. Y esto es un problema porque no hay país ni caja registradora que lo aguante.

Pero hay otro problema más serio que este. Y es que muchas veces el dinero asignado no llega donde debiera llegar y los supuestos beneficiarios son una quimera. Lo cual hace que la política de subsidios sea doblemente nefasta. Quedaría como una responsabilidad más de la Contraloría General de la República asegurar y fiscalizar mejor para que esos millones de dólares lleguen a las instancias correctas.

Y que no se vea que estoy en contra de los subsidios. Un subsidio en sí no es una mala medida; el problema es que se han prostituido y politizado. Todos los países del mundo tienen sectores estratégicos que reciben ayuda. Por ejemplo, en la crisis financiera del 2008, el gobierno de Obama ayudó a los bancos y los inyectó de liquidez. A muchos no les gustó la medida porque los bancos habían sido los causantes de la crisis, pero el gobierno encontró estratégico ayudar al sistema financiero y eliminar el riesgo de una posible estampida. Y al final se salvaron los bancos. Igualmente, en los años 70 el gobierno de Carter le tiró la toalla a Chrysler, y años más tarde el gobierno de Reagan levantó a General Motors de una posible quiebra. Como ven, los estadounidenses han definido a las industrias bancaria y automotriz como sectores estratégicos. También Francia subsidió en su momento a Concorde y Airbus, y el Reino Unido hizo lo propio con Rover y Jaguar. Repito, cuando las ayudas son oportunas y bien aplicadas, pueden resultar beneficiosas para la economía.

Y además estos mismos países subsidian año tras año otras industrias para ayudarlas a mejorar su competitividad y evitar que algún día colapsen. Y ejemplos abundan: maíz y azúcar, para nombrar dos casos patéticos. Y por eso siempre he sugerido que Panamá debería hacer lo suyo y definir sus sectores estratégicos, y subsidiarlos igualmente como hacen los demás países industrializados.

En mi opinión, el primer sector que viene a la mente es el arroz. Panamá consume arroz y es dependiente para su seguridad alimentaria. Yo agregaría que también para su seguridad ciudadana, porque el día que no haya arroz en Panamá, se cae el gobierno y explota el país. Entonces, más que implantar una política de regulación de precio (como inició el gobierno de Varela y ha seguido el de Cortizo) con el rubro más importante y más estratégico de nuestra canasta básica, se requiere establecer una política económica estratégica y dotar al sector arrocero de recursos para que sea más competitivo y más autosuficiente.

Nadie puede decir que la regulación de precio ha ayudado al sector arroz. No importa cuánto subsidio se haya pagado por quintal, la regulación ha sido cruel para los productores. Y lo que es malo para el productor, termina siéndolo también para el consumidor. Por eso hay que cambiar esa política de regulación de precios y concentrarse en incentivar la producción y aumentar la cantidad de hectáreas sembradas, que en un momento se redujeron hasta un 45% cuando surtieron los primeros efectos de la regulación en 2015 y los productores vieron que la medida no sería temporal sino indefinida.

Nuevamente, aquí el concepto clave es a quién y cómo se asignará el subsidio. Y cuanto más distante estén los integrantes de la Asamblea Nacional de esta decisión, mucho mejor para el país. Es obvio que cada vez que los diputados miran un tema, es para politizarlo y tratar de sacar kilometraje político. No conozco todavía a nadie en la Asamblea que sea experto en estos temas y pueda estar a la altura de las circunstancias. Hasta ahora, todo lo que ha salido de la Asamblea en materia de política económica en los últimos años, es puro disparate. Y peor aún, cuando un sector productivo lleva un buen proyecto de ley a la Asamblea y los diputados lo tocan, siempre es para enredarlo y politizarlo.

Bien sabía el presidente Pérez Balladares cuando durante su gobierno todo lo referente a política económica pública lo hizo desde el Ejecutivo. Todas las leyes de privatización, desregulación y liberalización de mercados, todo se hizo en el MIPPE (Ministerio de Planificación y Política Económica) y en la Presidencia. Igual con la ley de sedes corporativas en el gobierno de Torrijos. Se hizo en el MICI (Ministerio de Comercio e Industrias). Es hora entonces de establecer prioridades y tomar decisiones de forma estratégica, y no visceral ni políticamente como ha sido la tónica por mucho tiempo.