¿Qué callan?

El presupuesto nacional no es insignificante, para el 2022 suma los 25,294.7 millones de balboas. Siendo ello así, cómo pueden los gobiernos justificar tanta precariedad en la que mantienen a la mayoría de los panameños. Algunos “especialistas” dirán que el presupuesto está influenciado por los ingresos y que estos dependen del desempeño de la economía. La economía ha crecido (salvo 2020 por la pandemia), pero los recursos que se destinan a inversión social tienden proporcionalmente a disminuir, ello es reflejo de la falta de interés y de la ineficacia de los gobiernos en atender las necesidades básicas de la población. Si miramos el presupuesto, se ve que la prioridad entre inversión en infraestructura versus pago del servicio de la deuda pública, esta a favor de la última. Si miramos la gestión de Cortizo, se prioriza lo suntuario en lugar de atender el grave problema de recolección y disposición de la basura. ¿Cuánto se gastó en la comitiva que lo acompaño a una cumbre convocada por Estados Unidos?

Los empresarios permanentemente recriminan los llamados subsidios a las familias; instan a que se eliminen, pero, ¿por qué existen subsidios? Entre otras razones, por la mala distribución de la riqueza que impera en Panamá, donde empresarios acaparan el 60% de la misma mientras que los obreros, que son los que producen la riqueza del país, apenas alcanzan un 25%; por la estructura de mercado que favorece un proceso oligopólico en la distribución, generando ganancias extraordinarias a un puñado reducido de empresarios; por el hecho de que muchos trabajadores a pesar que aportaron cuota a la seguridad social no lograron jubilarse, pues los empresarios jamás la entregaron a la institución; por la creciente precariedad laboral (desempleo, inestabilidad, informalidad, bajos salarios); por el alto costo de la vida, el alza del precio del combustible, alimentos y medicamentos que plantean un nivel de inflación del 4% y los precios siguen aumentando. Los propios organismos financieros internacionales plantearon a mediados de los noventas dos medidas para intentar atenuar las contradicciones sociales que generaba el neoliberalismo (exclusión social), una de ellas, focalización del gasto público, la otra, programas compensatorios (fondos sociales). Porque no admiten que muchos de los subsidios que supuestamente van a las familias, realmente favorecen a bancos, constructoras e inmobiliarias, a empresas distribuidoras de gas y combustible, a lo que habría que sumar las transferencias directas a las empresas, las exoneraciones de impuestos, el uso del excedente canalero como renta sustituta a los empresarios que no pagan, que evaden el pago de impuestos.

Es el pueblo, los trabajadores asalariados y algunos pequeños empresarios y profesionales los que fundamentalmente pagamos impuestos (sobre el consumo y la renta).

Realmente repudiable la conducta de los medios de comunicación, de la partidocracia de los llamados independientes, que se pasan recriminando al pueblo humilde y trabajador, pero no cuestionan las transferencias a empresarios. Quieren focalizar el problema como de juega vivo y clientelismo, cuando son estos sectores los que lo promueven. Toda la partidocracia, que ha sido y sigue siendo financiada por el poder económico, cuando son gobiernos condicionan a los sectores marginados para recibir las transferencias, ya sea obligándolos a inscribirse en sus partidos, o quitando el subsidio si participan en acciones por el respeto de sus derechos que organiza el movimiento social. Utilizan los recursos financieros públicos para sus elecciones internas (mesa para nombramientos, becas, etc.), tal como se denunció en meses pasados con silencio del Tribunal Electoral.

Hoy insisten en preguntar si se debe mantener el vale digital, dado que el 30 de junio concluye la fecha de entrega del mismo. Es importante señalar que el número de beneficiarios del vale digital ha disminuido (entre enero a marzo más de 40 mil personas dejaron de percibirlo), a pesar que unos 87 mil trabajadores a los que se les impuso la suspensión de contratos y salarios no han sido reintegrados, y otro 32% ha sido reintegrado con jornada y salario reducido. Gremios empresariales dicen estar preocupados por los subsidios a las familias, pero piden ayuda al gobierno para “mantener empleo” y flexibilizar Código de Trabajo.