Temas Especiales

31 de May de 2023

Columnistas

Medicsol y el oligopolio de medicamentos

La libre competencia exige del Estado garantizar un marco jurídico que combata el monopolio o el oligopolio, para que los agente del mercado no abusen siendo el medio para el progreso económico y social

El lunes 27 de junio de 2022 el Gobierno Nacional anunció la creación del Programa MedicSol, como estrategia para resolver el desabastecimiento de medicamentos. Según esto, el asegurado que no obtenga los medicamentos, podrá acudir a los comercios afiliados y adquirirlos sin costo para el paciente. Este anuncio soslayó el problema del precio a pagar por el Estado o la Caja de Seguro Social y la estructura del mercado pertinente de medicamentos.

La República de Panamá no tiene una economía capitalista de libre mercado. Panamá tiene una economía distorsionada y Oligopólica, patrocinada por el Estado (“laisser faire, laisser passer” más cerca de los Fisiócratas del siglo XIX). Las comunicaciones, la energía, los combustibles, los servicios bancarios, la importación de alimentos, los puertos y, por supuesto, los medicamentos podrían ser ejemplos. Un estudio debería confirmarlo, sin embargo, desconocemos si el Colegio de Economistas, la Facultad de Economía, el Colegio de Abogados o Contadores o cualquier otro ente social lo ha realizado y no esperamos una intervención de la Acodeco.

Al decir de un reputado economista (no marxista), Panamá no sufre una involución que la lleva a ser una economía pre-capitalista, parecida a la existente a finales del siglo XIX o principios del siglo XX. Al contrario, nos aclaran, salvo por el pleno ejercicio de la propiedad privada, el sistema capitalista panameño se caracteriza por un proceso de acumulación por expoliación: “En el capitalismo la iniciativa individual permite que se genere riqueza a partir de la explotación de medios económicos privados a la vez que se resuelven necesidades sociales, pero lo que tenemos en Panamá mutatis mutandis, es una sociedad donde la acumulación, no heredada, en mayor grado se logra por el expolio”.

En otras palabras, la clase económica criolla nunca ha salido de la etapa feudal. Desde la Independencia de España, aquella asumió los privilegios reales y se auto adjudicó la propiedad, el usufructo y el beneficio de la res pública. Así, llegamos a que hay propiedad privada y se acumula la riqueza, pero la creación de esta no se genera como fruto de la libre competencia y el control de la clase económicamente dominante de las estructuras políticas sirve para permitir este proceso anti capitalista de expoliación de los recursos sociales y del Estado, lo que es contrario a Adam Smith, partidario de la libre competencia y contrario a los monopolios.

En el pensamiento actual, la libre competencia exige del Estado una responsabilidad que garantice un marco jurídico que permita la libre competencia y el combate del monopolio o del oligopolio, para que los agentes del mercado usen su libertad sin abusos, siendo la libre competencia un medio para el progreso económico y social.

En Panamá, el Derecho de la Competencia nació con la Ley No. 29 de 1996, reemplazada por la Ley 45 de 2007. El artículo 1 de esta Ley, al igual que su predecesora, indicó que “la presente Ley tiene por objeto proteger y asegurar el proceso de libre competencia económica y la libre concurrencia, erradicando las prácticas monopolísticas y otras restricciones en el funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios, para preservar el interés superior del consumidor.”

El régimen jurídico actual prohíbe los actos o acuerdos que restrinjan, disminuyan, dañen o impidan la libre competencia (art. 7), en el mercado pertinente (art. 8) ya sea por prácticas monopolísticas absolutas (art. 12 y 13) o relativas (art. 15 y 16).

Una de estas prácticas monopolísticas es la fijación acordada de los precios (art. 13.1) la restricción del mercado (art. 13.2) o, en general, la manipulación concertada de precios, concursos o subastas públicas (art. 13.4).

La propuesta gubernamental de crear un mecanismo de pago de los medicamentos por parte del Estado o de la CSS a los comerciantes podría significar un abandono, por parte del Gobierno, de preservar la libre competencia en el mercado de medicamentos, como lo ha hecho en otros segmentos del mercado. En la estructura del mercado de medicamentos, se sospecha la existencia de una posible cartelización de precios que se traduce en un Oligopolio capaz de establecer los precios en el mercado pertinente.

Esto no solamente va en detrimento de los consumidores, si no también de la economía nacional, de los recursos del Estado y de la CSS, convirtiéndose posiblemente en otro caso de expoliación de los recursos nacionales en una economía nacional salvaje y descontrolada, donde los simples ciudadanos resultamos en indefensión., frente a la renuncia reiterada de los Poderes públicos.

La práctica constante de las autoridades, de mirar hacia otro lado, de permitir las practicas que aseguren el capital pero que perjudican a los consumidores, llámense estos asegurados, lesiona los intereses nacionales y no tienen justificación filosófica posible. No necesitamos ser de izquierda para constatarlo.

Al decir de Adam Smith: el interés particular de aquellos que ejercen en una rama de la economía es siempre contraria al interés público: el interés del mercader es el de expandir su negocio y de reducir la competencia. Por lo tanto, toda proposición de ley o de reglamento que venga de esta clase de gentes debe ser siempre visto con sospecha y no debe ser adoptado, si no luego de un examen profundo y serio.

Abogado