¿Qué sector privado queremos en Panamá?

Un amigo, expresidente de la Cciap, que me suele pedir que amplíe mis análisis de la situación nacional y mis propuestas de solución, tal vez por considerarlas utópicas o cargadas de extremo centro, no sé, me solicitó que esbozara mis criterios de cómo sería esa empresa privada bajo un concepto de “ganar-ganar”, tal como lo vislumbro y he reiterado en varias de mis reflexiones. A continuación, doy respuesta a esa solicitud.

Más allá de utilizar teorías de izquierda o de derecha para hablar del sector privado y analizar el capitalismo, sus prácticas y sus consecuencias, positivas y negativas, he preferido recurrir a una reciente encuesta del World Benchmarking Alliance (WBA), que pincela en detalle qué clase de sector privado queremos y necesitamos en Panamá. La encuesta cubrió más de mil compañías, en más de sesenta países, en los cinco continentes.

La WBA agrupa a empresas preocupadas por los riesgos que presenta la inequidad social y comprometidas con realizar acciones concretas para lograr un desarrollo sostenible, que no excluya o deje atrás a nadie, que promueva economías resilientes, que genere confianza y participe en la construcción de una sociedad que reconozca la existencia y valore la contribución del sector privado al bienestar de la sociedad.

La agrupación ha identificado y desarrollado indicadores en siete áreas para una transformación verdadera y duradera, ocupándose de manera sistémica de: la naturaleza y la biodiversidad; la agricultura y los alimentos; la descarbonización y la energía; el urbanismo y la digitalización, arropados por las estructuras financieras necesarias para lograr los cambios requeridos y centrados en objetivos de transformación social, como ejes de un desarrollo humano justo y equitativo.

Muchas empresas ensayan diferentes fórmulas para presentar a la sociedad otros propósitos más allá de la maximización de sus ganancias y con ello, lograr su preferencia en el mercado de consumo. Sin embargo, muchos de los programas de responsabilidad social empresarial (RSE) o la emisión de acciones ESG (“environment, society and governance”), por mencionar algunas prácticas de moda, son vistas en su mayoría como ingeniosas y engañosas campañas publicitarias sin mayor contenido, o, por lo menos, sin mayores resultados tangibles y significativos para la sociedad.

Para la transformación social, la WBA trabaja en tres temas básicos: 1. derechos humanos; 2. trabajo decente y 3. conducta ética, cada uno con sus indicadores para medir el avance en la construcción de una base sólida hacia un desarrollo sostenible.

En cuanto a los derechos humanos, la WBA busca eliminar la discriminación y la inequidad, adoptar políticas de inclusión laboral y evaluar, de manera formal, los riesgos sociales de las operaciones de cada empresa. El 78 % de las empresas encuestadas no mostraron ningún avance en estos indicadores, lo que se pudiera interpretar como la necesidad de legislar sobre estos temas específicos frente a las aspiraciones del sector privado de operar en un clima ausente de leyes y de regulación voluntaria del mercado.

En relación con el trabajo decente, se requiere de las empresas establecer condiciones de trabajo saludables y seguras; pagar a sus trabajadores un salario digno, que les permita cubrir sus necesidades básicas; crear mecanismos para atender agravios o quejas y cumplir con el principio de “a igual trabajo, igual salario”. La encuesta arrojó que solo el 4 % de las empresas cumple con uno o más de los requisitos señalados, una clara demostración de que cuando los empresarios pregonan que sus trabajadores son su mayor activo, la práctica se encarga de desmentirlos.

El punto de conducta ética refleja que, en la asociación entre empresas y Gobiernos, las primeras terminan por cooptar a los segundos, lo que sirve para elaborar políticas de Estado y relaciones de poder asimétricas, donde las reglas de juego favorecen a las empresas y sus propietarios. Aspectos puntuales, como el pago a tiempo y correcto de los impuestos, los que existan; políticas empresariales en contra del soborno y la corrupción; el cabildeo responsable y el financiamiento de campañas políticas, entre otras prácticas, deben ser parte de la normativa corporativa. Solo el 29 % de los encuestados muestran avances en estas áreas.

Si bien la empresa privada está rodeada de prejuicios, equívocos y confusiones, los resultados de la encuesta aludida nos hacen preguntar si estas apreciaciones reflejan más una realidad que una ideología. La transparencia, la honradez y la rendición de cuentas son elementos de una cultura a la que debe evolucionar toda la sociedad panameña. Al sector privado le corresponde hacer lo propio y ganarse la confianza y el respeto de todos los ciudadanos.