26 de Nov de 2022

Columnistas

Transparencia y seguridad jurídica

“[...] se necesita el (nombramiento) de un procurador general de la Nación titular, [...] escoger a un funcionario comprometido con la justicia, con la patria y no un subordinado”

Respetar la separación de poderes, la justicia y democracia debe ser la norma a seguir de todo servidor público de alto rango, con la finalidad de garantizar la toma de decisiones justas y puntuales a favor de la patria.

Al actual presidente de la República le ha correspondido nombrar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia que no tuvieran vinculación con él y mucho menos subordinación, lo que representa respeto a la separación de poderes.

Aunque estas designaciones también han sido objeto de cuestionamientos, se ha comprobado que en realidad son profesionales que cumplen con los requisitos.

Considero que es un tema de confianza en las autoridades y de ver el trabajo que se hace en los tribunales de justicia para luego emitir un juicio a favor o en contra.

Según afirman las autoridades, se escogió a los mejores mediante consenso, a través de la evaluación de una comisión especial que dio una recomendación al mandatario para la elección.

Los magistrados se deben al país, a la Constitución, a la Ley y a su conciencia y deben hacer siempre lo correcto y tener presente que ningún interés está por encima de la Patria.

Así como se llevó a cabo el proceso de selección de magistrados, también se necesita el de un procurador general de la Nación titular, mediante una base metodológica y científica y así escoger a un funcionario comprometido con la justicia, con la patria y no un subordinado.

Esta administración ha dicho en reiteradas ocasiones que lo que se busca es fortalecer el sistema de justicia y darle una verdadera libertad para que actúe.

Hay que darle la oportunidad de que demuestre que en verdad este sistema de justicia cambia y se hace lo correcto.

Con estos actos de manera transparente, se empieza a generar confianza en las autoridades, en su actuar y poco a poco se sientan las bases para que sea un norte en futuras administraciones.

Si un mandatario actúa acorde a las normas no tiene necesidad de amañar las leyes o de nombrar personas afines con él para que, transcurrido su periodo, lo defiendan irónicamente de la propia justicia.

Los hechos son la prueba de las intenciones verdaderas.

A pesar de que el sistema judicial ha sido cuestionado en los últimos años, hay que darle la oportunidad de rescatar esa confianza del panameño que ve de lejos todo este actuar.

También se necesita mayor capacitación a los funcionarios de esta carrera judicial, para que puedan enfrentar retos por venir.

La justicia es la base de toda democracia y se requerirá de personas firmes en sus valores para que al ocupar estos cargos lo hagan de manera honesta y pensando siempre en el bien de la patria.

“Por sus frutos los conoceréis”, dice un proverbio y así en un futuro podremos juzgarlos en su actuar.

Vamos con todo, Panamá.

Contador público autorizado.