Demandamos vida digna para todos

Los Gobiernos posinvasión han implementado medidas económicas que progresivamente agravan la situación socioeconómica y ambiental de la mayoría de los panameños, al reducir al mínimo la intervención estatal en materia económica y social e imponer el libre mercado como el garante del equilibrio institucional y de crecimiento económico. Es decir, la economía panameña, si bien presenta tasas de crecimiento positivas, esta no ha generado condiciones de vida digna; se trata entonces de crecimiento que excluye y pauperiza las condiciones de vida de los trabajadores y su familia, de los profesionales, de los micro y pequeños productores, de los campesinos, indígenas y afrodescendientes.

Existe una profunda contradicción entre crecimiento y desarrollo económico e intencionalmente por parte de los Gobiernos de identificar ambos conceptos, el primero es elitista y concentra la riqueza en los sectores y fracciones del poder económico; es decir, mucho para pocos, muy poco o nada para los muchos. La concentración de la riqueza en nuestro país es vergonzosa frente a las carencias sociales de la mayoría de la población.

El priorizar solo el crecimiento económico ha dado como resultado la exclusión social y la pauperización de miles de panameños, lo que se ve reflejado en los altos niveles de pobreza, desempleo e informalidad laborar, alto costo de la vida (principalmente alimentos y medicamentos), deterioro de la atención de educación y salud, agua potable, recolección de la basura, aguas servidas, transporte público, degradación ambiental y derroche energético, entre otros.

Lo que conlleva a que Panamá ocupe uno de los primeros lugares entre los países con peor distribución de la riqueza a nivel mundial (sexto a nivel mundial, según algunos informes internacionales).

Es decir, el crecimiento económico está concentrado en pocas manos (115 ultramillonarios), pocas regiones (región metropolitana) y pocas actividades (servicio, comercio, finanzas, importación). Además, las carencias sociales no justifican el alto endeudamiento público, más de 45 mil millones de dólares, lo que es equivalente a que Panamá pasara de una deuda por cada panameño de más 2 mil dólares en 1990 a más de 9 mil dólares en 2023.

Desde 1990, cada uno de los Gobiernos ha prometido resolver los graves problemas que afectan a las mayorías, pero terminan agravándolos y favoreciendo intereses personales y de grupos de poder. Todo un marco de violación de los derechos humanos, al que hay que sumar los negociados y sobrecostos en los llamados megaproyectos, que han generado la galopante corrupción que se impone en el sector público, donde son responsables corruptos y corruptores. Esto último genera una pérdida para el pueblo humilde y trabajador del 20 % del gasto social.

Se trata de un modelo excluyente en lo económico, político, social y ambiental, por lo que las formas de gobernar son cada vez más antidemocráticas y en ocasiones se tornan represivas.

Frente a la exclusión social, la injusticia y la discriminación que nos han impuestos los Gobiernos y el poder económico es necesario una política económica centrada en el irrestricto respeto de los derechos humanos, priorización de la atención de las necesidades sociales insatisfechas, gestión ética del quehacer público y construcción de una real democracia participativa. Se requieren relaciones sociales justas y equitativas que generen una base de producción material capaz de satisfacer las necesidades de vida de la colectividad, sustentada en un Plan de Desarrollo Nacional y Social sustentable, que articule los aspectos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Se trata de construir un enfoque humanista y solidario, en el cual el móvil de la economía no puede seguir siendo el enriquecimiento desmedido a costa del empobrecimiento de la mayoría de los panameños. Se trata de construir democracia económica, la cual es negada por los grupos de poder económico, su partidocracia y Gobiernos.