Por un abordaje integral de la Salud Pública

Ahora que nos encontramos en la recta final del Pacto del Bicentenario “Cerrando Brechas”, y comenzamos el tercer año del Gobierno actual, es obligatorio que, tanto el Ejecutivo como los convocados al Diálogo, y la población en general, tengamos presente la necesidad de desarrollar un abordaje más integral para la salud pública, a fin de enfrentar los desafíos de los próximos años y, sin duda alguna, el control de la epidemia en el corto plazo, pues la emergencia provocada por la epidemia de COVID-19 está lejos de terminar y se mantiene como una amenaza creciente para la salud de la población.

Al mismo tiempo, como he señalado antes en esta columna, nuestro gran desafío es superar las causas y los efectos de la sindemia caracterizada por falencias históricas en los terrenos políticos, sociales y económicos que determinan la salud y la equidad en la salud de cerca del millón de panameños, que han estado tradicionalmente fuera del ámbito de acción de la salud pública y de los beneficios del desarrollo.

En ese contexto, ahora que el presidente subrayó en su discurso la importancia de redoblar el esfuerzo contra la epidemia, colocando a la vacunación universal como la más alta prioridad, lo cual celebro y felicito; considero necesario recordar el viejo precepto de que “salud no es solo ausencia de enfermedad”, y referirme en esta glosa a las intervenciones necesarias para que nuestro sistema de salud sea capaz de responder a los retos planteados por los problemas de salud, los nuevos y los de siempre, en particular las enfermedades crónicas, los accidentes, la violencia de todo tipo; así como sus determinantes, entre los que destaca la desigual distribución de los recursos necesarios para el desarrollo humano integral en nuestro territorio.

En lo relacionado directamente con nuestro sistema de salud, es ineludible avanzar en el cumplimiento con la estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud. Es el camino obligado para superar las inequidades en las condiciones de acceso y el énfasis en los servicios curativos a expensas de los servicios de prevención y promoción, así como para la construcción de un modelo de atención centrado en las personas y las comunidades, a la vez que se crean los mecanismos para la colaboración entre diferentes sectores gubernamentales y no gubernamentales para abordar los determinantes sociales de la salud.

Adicionalmente, para desarrollar esa visión más integral para la salud pública, la OPS propone la necesidad de renovar el marco conceptual de las llamadas Funciones Esenciales de Salud Pública, y establece cuatro pilares necesarios para alcanzar ese propósito. Hago votos porque las autoridades los incorporen en su quehacer.

Lo primero es aplicar valores éticos de la salud pública para abordar las inequidades en relación con la salud y sus causas. Es indispensable que, el logro del derecho a la salud, la solidaridad y la equidad en la salud se transformen en el objetivo del ejercicio de la salud pública, para así orientar y mejorar su práctica. El derecho a la salud es el derecho de toda persona al goce del grado máximo de salud y principio primario y ordenador de los sistemas de salud. La solidaridad se considera un principio que sostiene el desarrollo del sistema de protección social, con mecanismos redistributivos a través de contribuciones definidas en función de la capacidad económica de las personas y las necesidades de la población. Por último, la equidad se refiere a la ausencia de diferencias injustas, evitables o remediables entre los grupos de la población en el estado de salud y en el acceso a la salud y a los ambientes saludables.

No menos importante será abordar las condiciones sociales, económicas, culturales y políticas que determinan la salud de las poblaciones. Estos determinantes sociales incluyen no solo las condiciones sociales del entorno de la población con una perspectiva de territorio, sino las estructuras y mecanismos del Estado que ofrecen cobertura y protección social a la población.

Igual importancia tiene garantizar el acceso universal a servicios de salud pública integrales e integrados, individuales y colectivos; entendidos estos como las acciones poblacionales e individuales para promover la salud, prevenir las enfermedades, prestar atención a la enfermedad (diagnóstico, tratamiento, cuidados paliativos y rehabilitación) y ofrecer los cuidados de corto, mediano y largo plazo necesarios. Asimismo, los servicios de salud individual y colectiva constituyen intervenciones de salud pública que buscan tener algún efecto sobre las condiciones sociales, económicas, culturales y políticas que afectan la salud de las poblaciones.

Finalmente, considero que el éxito de la propuesta requiere del fortalecimiento de la función de rectoría de las autoridades de salud. Entendida la rectoría como “la capacidad de liderazgo de las autoridades de salud para conformar y apoyar una acción colectiva que permita la creación, el fortalecimiento o el cambio de las estructuras de gobernanza del sistema de salud”. Por gobernanza se ha entendido “los arreglos institucionales que regulan a los actores y los recursos críticos que tienen influencia sobre las condiciones de cobertura y acceso a los servicios de salud”.

Tienen la palabra nuestras autoridades…