Acordemos desacordar

Consensos y disensos son conceptos que, según el sociólogo Harry Brown, son instrumentos para evaluar el avance del sistema democrático de gobierno y de convivencia que tenemos. Se trata de lograr el justo balance entre una real gobernabilidad, por un lado, y el sentido de participación o pertenencia de la población, por otro lado. Ese balance no existió durante el régimen militar, especialmente durante sus últimos años.

En una tiranía, las políticas, las estrategias o las órdenes de la autoridad se basan exclusivamente en su voluntad unilateral, iluminada por su sabiduría superior y apoyada en el control que ejerce sobre los elementos de la sociedad que podrían oponérsele. Toda manifestación contraria es inaceptable para los gobernantes; eso nos recuerda cómo en tiempos de la dictadura quienes no comulgaban con los designios de las autoridades eran atacados como antipatriotas y traidores, desconociendo sus derechos como ciudadanos legítimamente preocupados por la suerte del país.

Al iniciar la época democrática, comenzaron esfuerzos por acordar grandes objetivos nacionales a través de reuniones que se denominaron diálogos o concertaciones, que Brown enumera. Desde la Declaración de Santa María La Antigua y Bambito I en 1993 hasta la Concertación Nacional para el Desarrollo en 2007, todos esos esfuerzos han estado encaminados a acordar objetivos nacionales que permitan la gobernabilidad necesaria para progresar bajo un sistema de gobierno democrático.

Sin embargo, una pregunta válida sería: ¿debemos mantenernos atados a las conclusiones de los consensos logrados o, por el contrario, puede existir un margen para disentir de suerte que, a partir de una nueva discusión, pueda nacer un renovado consenso? Si es aconsejable que exista esta dinámica en la sociedad, surge otra pregunta: ¿permite el sistema electoral la participación institucionalizada de minorías disidentes o, por el contrario, garantiza únicamente el control por parte de los partidos políticos más grandes? Por ejemplo, la actividad natural de una Asamblea Nacional: ¿debe ser el resultado del debate, de una sana negociación, de decisiones que necesariamente tomen en consideración el punto de vista de las minorías en su seno; o, por el contrario, debe ser una imposición como resultado de una mayoría que pueda ignorar las voces disidentes sin verse forzada a tomarlas en cuenta?

Hay aspectos en los cuales todos los panameños podemos estar plenamente de acuerdo. Uno —primordial y fundamental— es que el presidente del país, que ha triunfó en elecciones prístinas y transparentes, deba cumplir su mandato hasta el último día. Otro —tan fundamental— es creer y respetar la separación de los poderes del Estado como garantía de democracia y de paz social.

Puede haber consenso en el diagnóstico de los grandes problemas que nos aquejan (por ejemplo, inseguridad), pero el disenso puede referirse a las medidas específicas escogidas para solucionarlos. El desacuerdo con una propuesta del gobierno no debe significar, como en el pasado, un acto de traición a la patria, porque el disidente no es un enemigo público, sino un ciudadano con derecho a opinar y a tener un espacio de participación efectiva que, de ser ignorada o censurada, solo aumentará el nivel de tensión y frustración no deseable en la ciudadanía. Pienso, como Brown, que la gobernabilidad con participación ciudadana —institucionalizada y en las proporciones debidas— es la finísima mezcla que hace falta para que nuestra democracia avance hacia su perfeccionamiento.

*Ex diputada de la República.mireyalasso@yahoo.com