Alto a la hipocresía: necesitamos un ‘solicitor general’

Aquí en Panamá explosiona un escándalo cada vez que alguien ligado al Órgano Ejecutivo acude al Órgano Judicial —principalmente al máximo tribunal— para tratar asuntos de diversa naturaleza. De inmediato surgen declaraciones como “intromisión del presidente de la república en la justicia” o “los magistrados están sometidos a la presión del inquilino número 1 del Palacio de las Garzas”.

Pese a que la Constitución Nacional subraya que, aunque separados, debe existir “armónica colaboración” entre los poderes del Estado, lo cierto es que ese vínculo Ejecutivo-Judicial es, en la práctica, un tema tabú que genera demasiada inestabilidad, sobre todo cuando este argumento es esgrimido constantemente por los animales políticos del patio; en especial aquellos que acampan en la acera de la oposición.

Ahora que se habla tanto de que Panamá necesita una nueva carta magna —en verdad, es una tarea atrasada que ya sobrepasa 30 años, como mínimo—, es imperioso aprovechar la oportunidad para incluir en ese futuro estatuto un “solicitor general”, una figura que funciona con éxito en EE.UU. desde 1870, cuando el Congreso del coloso norteño creó esa posición.

Aunque no hay una traducción idónea al español para ese vocablo anglófono, lo cierto es que el “solicitor general” es el funcionario que representa al gobierno [Ejecutivo] ante los tribunales y supervisa su representación legal en los procedimientos judiciales; además, forma parte del Departamento de Justicia de EE.UU. y es designado por el presidente de la nación estadounidense. Aunque suene repudiable para estándares internacionales, el “attorney general” (fiscal general) en EE.UU. es designado por el presidente —y luego debe ser ratificado por el Senado—, dirige al Departamento de Justicia y, como se aprecia con claridad, forma parte del gabinete ministerial. ¿Se imaginan que el Ministerio Público hoy actuase, de manera formal, como ente subalterno del mandatario panameño?

Para ser más precisos, el “solicitor general” en la nación norteña decide cuáles casos federales apelar ante la Corte Suprema y, asimismo, argumenta la postura del gobierno ante la Corte. Este cargo a veces se denomina informalmente como el “décimo magistrado” debido a su importante influencia en los casos de apelación. Para nadie es un secreto que en nuestro país varios personajes —muchos de ellos hasta sin título de abogado— han sido bautizados con idéntico mote, dado que la Corte Suprema de Justicia panameña está integrada por hasta nueve togados. En varias ocasiones se ha tomado como una verdad de a puño que ese “décimo” vale más que los otros nueve juntos.

Si bien es cierto que allá en EE.UU. el “solicitor general” es subalterno del “attorney general”, en la práctica el primero actúa con total independencia del segundo y solo puede ser removido por decisión unilateral del presidente gringo.

Es un hecho público y notorio que el “solicitor general” no solo argumenta, con la formalidad que la situación exige, casos ante los tribunales, sino que también visita regularmente los despachos de jueces. Los mismos periodistas que cubren las incidencias de la Corte Suprema del país norteño ni se inmutan cuando ven al citado funcionario cada vez que entra al templo neoclásico (construido en 1935 en Washington, DC) donde laboran los nueve magistrados supremos. Dato curioso: el “solicitor general” entra por la puerta principal y ni se le ocurre utilizar una rendija.

Es más, los medios de comunicación reciben diariamente la agenda del “solicitor general”: a cuál tribunal asistirá y qué argumentará ante los jueces federales y estatales. La transparencia en la actuación de este prominente funcionario es un logro que se fortalece cada día desde hace más de 150 años de existencia.

No es exagerado indicar que, en múltiples ocasiones, el “solicitor general” goza de mejor reputación pública que su propio jefe, el que dirige el Departamento de Justicia.

Ahora que el profesor Miguel Antonio Bernal, desde su designación por el presidente José Raúl Mulino, lleva adelante la dificilísima tarea denominada “alfabetización constitucional”, debemos aprovechar la circunstancia para incluir en la futura Ley Fundamental de Panamá el cargo de “solicitor general” y, de esta manera, colocar un punto final al morbo que se produce cada vez que —de manera oficial o solapada— un vocero del Palacio de las Garzas visita al Palacio Gil Ponce.

Para ello propongo que la posición se bautice como Procurador Especial para Asuntos Judiciales, pues es una nomenclatura sana que, desde el Órgano Ejecutivo, se acomoda perfectamente a la estructura gubernamental panameña.