Protección para las áreas protegidas

Panamá posee 126 áreas protegidas, lo que significa que más del 30 % del territorio nacional está bajo alguna categoría de protección ambiental. Las áreas protegidas son un instrumento tradicional de gestión ambiental orientado principalmente a la conservación de la biodiversidad para asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos en áreas suficientemente extensas y representativas de las distintas unidades ecológicas y para mantener muestras de los distintos tipos de comunidades naturales y paisajes, en especial, de aquellos que representen la diversidad única y distintiva de un país. También pueden atender objetivos de recreación, educación o investigación de los recursos naturales y culturales.

En la medida en que en Panamá el acceso a tierras es cada vez más restrictivo por un mercado de tierras acaparado y distorsionado con precios impagables para la gente común, que la degradación de las tierras continúa por falta de ordenamiento territorial y malas prácticas productivas acentuadas por el cambio climático, y que la gestión institucional ambiental se centraliza, en lugar de descentralizarse, la protección de las áreas protegidas se vuelve un tema prioritario.

La situación actual de los parques nacionales Coiba y Volcán Barú representa el fracaso de la capacidad de establecer alianzas entre el Ministerio del Ambiente y las organizaciones dedicadas a la conservación ambiental para trabajar en agendas de colaboración y no en modo de conflicto.

El tema de fondo es el tránsito del modelo conservacionista a uno de gestión socio ambiental, en el cual las áreas protegidas, como instrumento clave para la conservación de biodiversidad, puedan también integrarse a procesos de desarrollo sostenible, a fin de que aporten, no solo beneficios de biodiversidad, sino también beneficios sociales como salud pública, nutrición, acceso al agua. El desafío es conciliar objetivos de conservación y de beneficio social.

Este ha sido el principio inspirador de la gestión de áreas protegidas en Panamá, ya que, salvo algunas excepciones, nuestras áreas protegidas albergan comunidades enteras que viven dentro de sus límites. La idea de incorporar a las organizaciones comunitarias y ambientales en esquemas de manejo compartido (comanejo) no ha pasado de ser una aspiración y objeto de discursos y regulaciones, con escasa a nula aplicación práctica. La reciente medida de eliminar el cobro de tasas de entrada a las áreas protegidas como mecanismo para promover la visitación, parece más clientelismo ambiental que manejo técnico y sistemático del patrimonio natural del país.

Un principio clave es respetar las categorías de áreas protegidas. Hay unas que por su alto valor de biodiversidad (especies endémicas, hábitats únicos) no deben dedicarse a procesos de uso, sino de conservación. Un ejemplo es el Parque Nacional Coiba, cuyos valores de biodiversidad son reconocidos a nivel nacional y global. El principio orientador es simple: el desarrollo no debe ser en Coiba, sino en la costa. Para ello se trabaja en desarrollar capacidades en las comunidades costeras aledañas, principalmente del sur de Veraguas y en crear los mercados de bienes y servicios que puedan sostener esos emprendimientos. El modelo en el Parque Nacional Coiba debe ser uno de visitación controlada, no de intrusión en la isla. Para esto además de las disposiciones establecidas en el Plan de Manejo, se contaría con lo que disponga un Plan de Uso Público, cuya aprobación es motivo actual de conflicto entre el MiAmbiente y el Consejo Directivo, máxima autoridad del Parque, según la ley del Parque. La supuesta rehabilitación de la pista de aterrizaje que existía en la isla no es una forma de avanzar en este camino. Mucho menos si se hace arbitrariamente sin apego al procedimiento de toma de decisiones mediante el Consejo Directivo. La situación actual en el Parque Nacional Volcán Barú con la construcción de una carretera hasta la cima del Volcán es más o menos similar.

Cuando pensamos que estaríamos avanzados en la rigurosidad y manejo técnico de las áreas protegidas con más personal especializado en campo y estrategias para aumentar la conectividad entre las áreas protegidas ya creadas y el resto del paisaje, parece que los esfuerzos deberán volver hacia justificar la existencia de las áreas protegidas, blindarlas contra procesos intrusivos y afanes de reducirlas. Como en procesión, un paso hacia delante y dos hacia atrás.

ESPECIALISTA EN AMBIENTE Y DESARROLLO.