Batalla por el trabajo decente y la informalidad

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su último informe “Trabajo, empleo, protección laboral y social en América Latina y el Caribe”, la informalidad afecta a casi el 50 % de los trabajadores de la región. De igual forma, según la última Encuesta del Mercado Laboral de la Contraloría General de la República (Instituto Nacional de Estadística y Censo), el sector informal impacta hoy a 77.578 hogares en todo el país. Sin embargo, estas cifras —que pronto serán actualizadas— no dimensionan el verdadero aporte de los trabajadores de plataformas digitales, técnicos, trabajadores por cuenta propia y profesionales independientes.

El último informe de la OIT (1994–2025), elaborado por Fabio Bertranou, director de la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, establece que la informalidad limita el crecimiento económico, la productividad y la protección social, afectando de manera particular a los jóvenes y ampliando las brechas entre las micro, medianas y grandes empresas. También señala que profundiza la pobreza en un sector de los trabajadores, mientras las cifras de desempleo en la región se mantienen estables.

En el ámbito internacional, específicamente en el viejo continente, se estima que Grecia (36 %), Italia (31 %) y España (24 %) lideran las estadísticas de informalidad, lo que impacta negativamente en su crecimiento económico. El efecto contrario ocurre en Francia y Alemania, que han logrado implementar normativas y políticas públicas efectivas para enfrentar la precariedad laboral, generar ocupación efectiva y promover ingresos formales.

Por otro lado, a pesar de la desaceleración que enfrentan los países de nuestro continente en los últimos años, los trabajadores por cuenta propia siguen sin ser visibilizados en los sistemas de seguridad social. Por ello, resulta positiva la iniciativa de introducir esta concepción en la recién sancionada Ley 462 del 18 de marzo de 2025.

Este avance presupone que las entidades gubernamentales, el sector privado, los ciudadanos, en fin, todos los actores del mundo laboral, deben ajustarse a esta nueva política pública. Además, es indispensable adoptar un enfoque gradual para la fijación de nuevas normas, redefinir conceptos sobre economía informal, mejorar los mecanismos de medición y establecer regulaciones más estrictas. También es clave reconocer las nuevas formas de trabajo, realizar un seguimiento constante y fortalecer los sistemas de evaluación y análisis. Un ejemplo de esto sería establecer una regulación especial para los trabajadores de plataformas digitales, intermediarios digitales y repartidores.

Recientemente, el director general de la OIT, Gilbert Houngbo, en su reunión anual junto al Fondo Monetario Internacional, pidió a todos los países de América Latina y el Caribe establecer medidas urgentes para replantear prioridades y redoblar los esfuerzos por impulsar al sector privado, siempre y cuando exista un verdadero compromiso con la inversión que busque generar empleos de calidad. Asimismo, ante el Banco Mundial, Houngbo expresó su preocupación por los déficits persistentes que nos aquejan como humanidad, y enfatizó la necesidad de enfrentar esos desafíos con madurez y a través del consenso nacional.