Bloquear la calle para vaciar la democracia

Hoy en Panamá vemos calles bloqueadas, provincias incomunicadas, empresas cerrando, clases suspendidas, familias atrapadas en su propia tierra. Y todo en nombre de una supuesta protesta social contra la reforma del Seguro Social y la mina. Pero ¿es esto una protesta legítima? ¿O estamos viendo algo más profundo, más oscuro, y quizás más peligroso?

Aclaro desde el inicio: no apoyo la reforma de pensiones aprobada. La considero tibia, evasiva y políticamente conveniente. No resolvió el problema estructural del sistema de pensiones; solo lo pospuso. Lo que se requería —por responsabilidad histórica— era una reforma seria: subir la edad de jubilación, las cuotas y la carga obrero-patronal. Quien diga lo contrario, en el mejor de los casos, es un analfabeta financiero. Aunque impopulares, esas son las decisiones que exige un país que se toma en serio a sí mismo.

Tampoco culpo exclusivamente a este gobierno. De hecho, su propuesta original era técnicamente más responsable, pero fue saboteada por los “nuevos” diputados —que resultaron peores que los anteriores—, quienes la rechazaron sin visión ni responsabilidad. Vivirán la condena de la historia por no legislar con luces largas. Esta bomba de tiempo no es nueva: lleva más de dos décadas encendida. Varela, Martinelli, Cortizo... todos supieron lo que se venía y todos decidieron no enfrentarlo. Incluso Martín Torrijos, el único que intentó una reforma, lo hizo mal: colocó un parche que postergó el problema sin resolverlo.

Resulta curioso que los más revoltosos hoy no hayan dicho nada cuando se eliminaron las cuentas individuales de ahorro, una verdadera confiscación del patrimonio de miles de cotizantes. Nadie gritó entonces. Nadie bloqueó calles. Y, sin embargo, ese fue quizás el acto más grave de toda la reforma. Eliminar las cuentas individuales solo alimentaba más al monstruo burocrático, con lo que todos ellos, en el fondo, están de acuerdo.

¿Y quién lidera hoy las movilizaciones? Viejos conocidos: el Suntracs, un sindicato más interesado en obtener poder que en proteger pensiones o crear empleos. Sus cuentas bancarias fueron cerradas por sospechas de lavado de dinero y no desperdician oportunidad para chantajear al país.

A su lado, educadores que paralizan clases sin importarles los estudiantes. Y jóvenes activistas que denuncian al “capitalismo” desde sus iPhones 16 Pro Max, probablemente, sin haber trabajado un solo día para ganarse la vida.

También están los supuestos ambientalistas que rechazan la minería, denunciando enfermedades que no existen y echándole la culpa de problemas ambientales inventados a Minera Panamá. Todo, dicen, en nombre del planeta. Pero ¿cómo se explica que estas protestas estén financiadas por intereses foráneos, a veces ligados al propio sector petrolero? ¿Y cómo entender que quienes rechazan la minería lo hagan con celulares que dependen esencialmente del cobre para existir? Ojalá tuviesen la misma energía para denunciar la tala indiscriminada en Darién, cuyas pérdidas sí son irreparables.

No es que no existan causas ambientales legítimas. Pero la incoherencia es tan evidente que no puede ignorarse. Denuncian la minería de cobre, pero no pueden vivir sin ella. ¿Es esto defensa ambiental o sabotaje ideológico disfrazado de virtud?

Lo más indignante es que, en nombre del “pueblo”, han destruido el sustento de miles de familias humildes al forzar el cierre de Minera Panamá. Más de 50.000 panameños quedaron afectados, directa o indirectamente. ¿Y los influencers? Se fueron a Miami al próximo concierto de moda.

Es fácil indignarse. Lo difícil es sostener esa indignación con coherencia. Porque cuando se recurre al bloqueo, al caos, a la violencia simbólica o física para imponer una visión, ya no se está defendiendo la democracia. Se la está atacando.

Y una vez roto ese espejo, ¿quién queda reflejado?

No el ciudadano común, que pierde clases, trabajo y acceso a medicinas.

No el jubilado, que sigue esperando una solución real.

No el joven del interior, que ve cerrarse las pocas oportunidades de empleo que tenía.

Lo que queda es el oportunista. El que no quiere arreglar el país, sino incendiarlo para poder tomarlo por la fuerza.