Información, propaganda y bochinche

Las autoridades tienen la obligación constitucional de proteger la honra de las personas y también una responsabilidad innata de ayudarlos a entender sus obligaciones legales, aunque se alegue que esa ignorancia no es excusa; y, por otro lado, no existe ley que obligue a publicitar las obras de gobierno. Algunos de estos factores que se manejan para influenciar la opinión pública se han venido exagerando últimamente; otros se han descuidado.

Las recientes reformas tributarias son ejemplo de escasa divulgación oficial. La tributación no es asunto de fácil comprensión general; peor aún, el incumplimiento de ciertas obligaciones puede acarrear severas sanciones que aplica la administración. En septiembre se aprobó una reforma “ transitoria ”, cinco meses después se sancionó una reforma “ definitiva ” y ya se anuncian modificaciones a las modificaciones en sesiones legislativas extraordinarias. Siendo el tema tributario de fondo suficientemente complicado, la situación resulta doblemente peliaguda para quienes deberán cumplir las reordenadas obligaciones tributarias. Igual sucede con algunas interpretaciones erróneas recaídas sobre la nueva tasa del 7%, que algunos comercios aplican para aumentar exageradamente sus precios cuando en realidad en muchos casos significa un aumento del 2% del impuesto solamente.

La realización del Censo de Población 2010 es otro ejemplo de insuficiente divulgación que produjo confusiones. La publicidad se concentró en anunciar el hecho del censo en sí, pero faltó aclarar ciertas preocupaciones puntuales, como las de quienes entendieron que debían ser censados en su lugar de residencia y, en ese caso, se creyeron obligados a trasladarse al interior para ser censados allá.

La ausencia de esas instrucciones contrasta con el bombardeo constante de propaganda gubernamental costosa que caracterizó las pasadas administraciones, también copiada por la actual. Resulta ser un intento de persuadirnos de la eficiencia gubernamental a punta de anuncios publicitarios, en lugar de impresionarnos con inauguraciones de obras y acciones completadas.

Junto a la poca información por un lado y al exceso de propaganda por el otro, el público recibe lo que equivale a simples rumores perjudiciales contra la honra y conducta de funcionarios públicos. Hago constar que no opino sobre la veracidad o falsedad de tales bochinches, porque desconozco el fondo, pero no considero constructivo que se acuse con tanta facilidad al primer mandatario del país o a una magistrada del Órgano Judicial de conductas que, más que a ellos a título individual, empañan a la nación que representan. Acusaciones de esa índole no deben ser lanzadas alegremente, porque, querámoslo o no, manchan el cargo y la posición oficial que ellos ocupan y nos salpican a todos los ciudadanos de este país. Recordemos que la percepción a nivel internacional de Panamá y los panameños, durante la época de Noriega, fue lamentable.

Se aprecia, pues, una exageración en la utilización de propaganda oficial costosa; se nota alguna reticencia en brindar información necesaria para cumplir con importantes obligaciones ciudadanas; y nos inundan con meros bochinches que a todos nos abochornan y que deben ser despejados rápidamente de no existir mérito o, de lo contrario, ser probados cuanto antes. Es natural y también positivo que el gobierno se preocupe por cultivar una buena opinión pública, pero ello se lograría más eficientemente con una auténtica disposición de servicio como respuesta a las inquietudes de la gente y una genuina señal de respeto al ciudadano, mostrando una actividad transparente pública y privada.

*Ex diputada de la República.mireyalasso@yahoo.com