La cacería de brujas en La Joya

Proteger y Servir ha iniciado una feroz cacería de brujas contra los privados de libertad de la cárcel La Joya. Se están vulnerando sus derechos humanos, sin compasión ni distinción alguna, cuando ya se tienen imputados a sus autores y como si todos los internos hubieran participado en el desafortunado, triste y lamentable crimen del oficial “post mortem”.

Las requisas, a las cuales nadie se opone, van acompañadas del riegue de gas pimienta por doquier, como si se tratara de una fumigación masiva para exterminar cucarachas e insectos. A los internos los mantienen tirados en el piso bajo intenso sol por muchas horas, sin agua ni alimentos, les pegan y hasta la escasa vestimenta se las botan o destruyen.

Las unidades de bajo rango están acatando órdenes superiores irracionales e insensatas típicas de la turbas, que pudieran generar graves consecuencias. Las torturas, crueldad, intimidación y malos tratos, son actos de barbarie ya superados en el mundo que no deben repetirse. Si este es el fin para alcanzar rectitud y el respeto de la sociedad, han escogido el camino equivocado.

¿Pero por qué la policía vuelve a tropezar con la misma piedra? Será que olvidaron pronto que ese mismo tipo odio, hace unos pocos años, desencadenó la infame y dolorosa muerte de siete adolescentes que se convirtieron en antorchas humanas dentro del Centro de Custodia de Tocumen, precisamente siguiendo órdenes equivocadas de mandos medios y superiores de la policía.

No debe olvidarse el artículo 34 de nuestra Constitución Política que reza así: “En caso de una infracción manifiesta de un precepto constitucional o legal, en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad al agente que lo ejecuta. Se exceptúan los miembros de la Fuerza Pública cuando estén de servicio, en cuyo caso la responsabilidad recae únicamente sobre el superior jerárquico que imparte la orden”.

Señor ministro de Gobierno, le pedimos que pare esta conducta irracional del garrote. Usted es un profesional del Derecho y no un policía más o mandadero de los titulares de los estamentos policiales y de seguridad pública, quienes, al parecer, se han aprovechado de su juventud para presionarlo a tomar decisiones al calor de la presión mediática, lo que pudiera dar al traste con todo un trabajo de resocialización que ha venido impulsando, con los poquitos recursos asignados, el Sistema General Penitenciario.

Sería un craso error y un retroceso destituir sin fundamento legal, violando el debido proceso, a profesionales de la Sicología y de Trabajo Social que forman parte del equipo multidisciplinario que tanto se necesita en las juntas técnicas penitenciarias, para poder desarrollar científica y coordinadamente el sistema progresivo de clasificación, evaluación que requieren los privados de libertad, conforme a la Ley 55 de 30 de julio de 2003 y el Decreto Ejecutivo 393, que establece el Reglamento Penitenciario.

De esos 25 millones de balboas anunciados para la modernización del sistema de seguridad en nuestras cárceles, le recomendamos destine una importante inversión que contemple ascensos, nombramientos de nuevos profesionales y sobre todo, capacitar y perfeccionar el recurso humano.

Estamos seguros de que los cambios serían profundos para lograr la convivencia pacífica, la resocialización de la población penal y su posterior reinserción dentro de la sociedad, que debe ser el principal norte y razón de existencia de los sistemas penitenciarios.

Finalmente, con el mayor respeto, solicitamos a los titulares de la Policía Nacional y del Ministerio de Seguridad Pública detener los abusos y crueldades que están cometiendo contra los privados de libertad. La violencia engendra más violencia.

Lo más sensato en estos momentos es que estas instituciones se concentren en buscar fórmulas de entendimiento con los equipos multidisciplinarios del Ministerio de Gobierno, y en conjunto establezcan una política criminal científica, basada en el respeto a los derechos humanos y al mismo ofrezcan respuestas efectiva al tema de introducción de las armas letales dentro de los centros penitenciarios.