Caso albergues llega a la Asamblea: citan a la ministra del Mides para rendir cuentas

Con 34 votos a favor, uno en contra y una abstención, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó citar a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, para que responda un cuestionario de 42 preguntas relacionadas con la situación de los albergues de niños, niñas y adolescentes bajo tutela del Estado.

La citación fue impulsada por la diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, en medio de denuncias por presuntas irregularidades en centros administrados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

El cuestionario abarca aspectos administrativos, operativos, financieros y disciplinarios vinculados al funcionamiento de los albergues. Entre las primeras interrogantes se solicita un desglose actualizado del número total de albergues existentes en el país, detallados por provincia y comarca, así como la cantidad de menores que residen en cada uno, especificando grupo etario, sexo y condición de discapacidad.

Los diputados también piden información sobre los estándares físicos, estructurales y técnicos que deben cumplir estos centros conforme a la normativa vigente, cuántos no cumplen con dichos requisitos y qué medidas correctivas se han adoptado. Además, se solicita precisar qué albergues albergan más de un grupo etario, en atención a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 404 de 20 de octubre de 2020.

Otro bloque de preguntas se concentra en el recurso humano. La ministra deberá detallar el perfil del personal técnico requerido para laborar en los albergues, cuántos profesionales existen en cada centro, su tipo de contratación y las capacitaciones impartidas desde julio de 2024 a la fecha, incluyendo número de funcionarios participantes y periodicidad.

El eje más sensible del cuestionario gira en torno a las denuncias por presuntos maltratos y otras irregularidades. Los diputados solicitan cifras sobre irregularidades detectadas desde julio de 2024, número de investigaciones administrativas abiertas, casos remitidos al Ministerio Público y cuántos funcionarios han sido separados preventivamente, destituidos o continúan laborando pese a estar bajo investigación.

Asimismo, se pregunta si existen protocolos institucionales que prohíban expresamente castigos físicos, psicológicos, encierros, aislamientos o cualquier trato cruel, inhumano o degradante. También se pide detallar cuántas denuncias por este tipo de hechos se han recibido y qué medidas concretas se han adoptado frente a cada caso.

La citación incluye interrogantes sobre posibles casos de menores cohabitando con adultos dentro de albergues, embarazos ocurridos mientras estaban bajo tutela estatal y eventuales entregas de niños y adolescentes a personas no consanguíneas sin respaldo técnico o autorización formal.

En el plano financiero, el cuestionario exige un desglose de los subsidios entregados por el Mides a ONG y patronatos que administran albergues desde julio de 2024, así como los mecanismos de control, fiscalización y rendición de cuentas aplicados sobre esos fondos públicos.

También se formulan preguntas específicas sobre el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, entre ellas quién tiene acceso al sistema de videovigilancia, cuál es la empresa encargada del monitoreo, desde cuándo se suministra comida empacada y cuál es la empresa proveedora, así como el plazo previsto para la reparación total de la cocina del centro.

La aprobación de la citación se produjo luego de que el pleno rechazara en dos ocasiones la propuesta, que finalmente fue sometida nuevamente a votación el 12 de febrero. La iniciativa surge en un contexto de creciente debate público sobre la gestión de los albergues y las condiciones en que se encuentran los menores bajo protección institucional.

Paralelamente, la diputada Brenes presentó el pasado 6 de febrero una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación por presuntos delitos de abuso sexual, maltrato al menor e incumplimiento de deberes de los funcionarios públicos, relacionados con irregularidades detectadas en el CAI de Tocumen. Según explicó, la denuncia se sustenta en correos, informes y reportes previamente enviados a las autoridades.

Además, el 11 de febrero Brenes remitió una nota formal a la ministra Carles en la que expresó su “profunda preocupación” por recientes traslados y destituciones ejecutados por la Dirección del Senniaf, señalando que algunas de estas decisiones se habrían producido luego de interpuesta la denuncia ante el Ministerio Público.

En esa comunicación, la diputada solicitó al Mides revisar objetivamente los procesos de traslado y destitución, a fin de garantizar el debido proceso, la transparencia administrativa y la estabilidad institucional en los centros.

Hasta el momento, el Ministerio de Desarrollo Social no ha emitido una reacción pública sobre la citación ni sobre el contenido del cuestionario. La comparecencia de la ministra ante el Legislativo deberá realizarse conforme al trámite correspondiente, en medio de un escenario de alta sensibilidad por la protección de los derechos de la niñez y adolescencia bajo tutela del Estado.