Cambios tributarios anunciados

El gobierno necesita ingresos. Las promesas electorales cuestan plata, no hay mucha tela que cortar y no tenemos una maquinita para imprimir balboas. Una posible disminución de la actividad económica, que amenaza con aumentar el desempleo o empeorar el subempleo, complica el panorama al nuevo gobierno. Como respuesta se han anunciado, entre otras, tres medidas impositivas. Vale la pena comentarlas sucintamente.

Una es la moratoria tributaria. Gran cantidad de contribuyentes morosos deben al Fisco más de mil millones de balboas en impuestos atrasados que gobiernos anteriores fueron incapaces de cobrar. La lógica ahora indica que si se perdonan multas, recargos e intereses los morosos correrán a pagar sus deudas atrasadas. Es algo parecido cuando un negocio anuncia un baratillo durante cierto tiempo con rebajas especiales; los descuentos resultan atractivos para los consumidores. Pero la moratoria tributaria es una medida doblemente discriminatoria: permite cancelar deudas, sin recargos, con dineros que valen menos que cuando el contribuyente cumplidor pagó, a la vez que le reconoce al moroso el derecho de haber gozado libremente de ese dinero, sin intereses, durante todo el tiempo que duró su morosidad. El Estado cede por su necesidad de recursos, pero desalienta a quienes pagaron a tiempo.

Otra medida de dudosa efectividad es el aumento al impuesto de importación de cigarrillos. Una lógica positiva indica que, si se aumenta la tasa, debe aumentar la recaudación total del tributo. Lo malo es que a la par existe una lógica negativa: mientras más alto sea el impuesto, mayor ganancia para el contrabandista y más tentación para correrse el riesgo de contrabandear. La tercera medida es el mentado flat tax , que no es otra cosa que la sustitución de varias tasas del impuesto sobre la renta por una tasa única aplicable a todos por igual, excepto a quienes no alcanzaran a recibir un mínimo de ingresos que definiría la propia ley. El delicado problema es determinar quiénes serían los contribuyentes castigados y cuál tasa le garantizaría al Estado la misma o mejor recaudación total.

Lo que en el fondo implican las tres medidas es el peso relativo que el Gobierno quiera reconocer a dos principios válidos para lograr el justo balance que les permita coexistir en armonía. Un principio reclama la efectividad de un sistema tributario cuyo cumplimiento le resulte sencillo al contribuyente y que, a la vez, su aplicación eficiente no le sea exageradamente costosa al Estado; pero el otro principio exige que el sistema sea justo, que evite la discriminación, que trate a cada cual según su capacidad económica y que dificulte la evasión.

Si se adopta la costumbre de que cada cierto tiempo se permita a un contribuyente moroso ponerse al día pagando sin recargos y con dineros devaluados, se comete una injusticia contra quien pagó a tiempo y se le desincentiva en el futuro; si se aplica la misma tasa de impuesto a dos personas, se comete una injusticia contra quien gana menos; si es fácil comprar cigarrillos más baratos de contrabando, se comete una injusticia contra el comerciante honesto que quiere mantenerse dentro de la ley. ¿Considerarán estos principios en la Asamblea, como lo hicimos al considerar la Ley de Equidad Fiscal de 2004?

*Ex diputada de la República.mireyalasso@yahoo.com