Cuando la justicia es ciega...

Me enseñaron en mis años de estudiante de Derecho que la justicia debería ser ciega para que fuera justa. En más de cuatro décadas en el ejercicio de tan malentendida profesión he aprendido que la justicia, difícilmente llega a ser ciega y mucho menos oportuna, sobre todo al tener que esperar tanto tiempo para conocer el resultado de un litigio y sujeta a todo tipo de presiones.

En España, de donde deberíamos aprender tantas cosas, nuevamente nos dan otra lección (ver ‘Ejemplo de independencia judicial en España’, publicado en La Estrella, mayo 21, 2012). Me refiero a lo que pasa alrededor de Su Majestad el Rey Juan Carlos de Borbón. En un país donde la monarquía se considera por la mayoría como elemento estabilizador de la democracia, no escaparon las críticas cuando el monarca, en media crisis económica, se accidentó participando de algo tan fuera de lugar como una excursión para cazar elefantes en África; fue tal el reproche que don Juan Carlos humildemente pidió perdón a los españoles.

El caso que nos ocupa está dentro del mismo entorno: las andanzas económicas con fondos públicos del yerno del rey, Iñaki Urdangarín, Duque de Palma, esposo de la Infanta Cristina, hoy alejados por completo de la pareja real. A ambos los conocimos en Washington, en un acto de la OEA donde también estaba el cantante español nacido en Panamá Miguel Bosé. Desde hace rato no se aparecen por ningún acto público.

A Urdangarín se le investiga en el caso Nóos, donde aprovechándose de su influencia, usó fondos públicos para su provecho y el de sus amigos en una fundación (Instituto Nóos), que terminó no siendo tal, sino una mera trama para usarla para su beneficio. La acusación es tan grave que el fiscal que investiga el caso ha solicitado para él una fianza de cinco millones de dólares y se está considerando imputar a la Infanta Cristina si se comprueba que ella ha participado en los delitos que se le endilgan al marido.

La pasada semana, el juez que instruye el caso Nóos preguntó a la secretaria del duque de Palma, Julita Cuquerella Gamboa, por distintos viajes de los hijos de éste, todos menores de los 10 años. Se comprobó que, desviando fondos del Instituto Nóos, recipiente de los fondos públicos desviados en los leoninos contratos con dos comunidades españolas, repetidamente se pagaron pasajes de viajes de los niños. Esto agrega a la lista de los delitos investigados otros más: defraudación de fondos sociales, porque al asumir ese instituto público gastos privados, se generan gastos ilegales que no pagan impuestos.

Este caso, en donde el yerno del rey Juan Carlos podría quedar preso y su esposa, la Infanta Cristina, imputada, refleja la independencia como funciona la administración de la justicia en el Reino de España; poco ha importado el carácter de hija y nietos del monarca. La actitud de la Casa Real ha sido ejemplar: alejar de su entorno a los investigados, porque la justicia además de ser ciega, debe ser sorda y analfabeta y, además, debe tener capacidad de ver en la oscuridad.

EMBAJADOR DE PANAMÁ ANTE LA OEA.