La corrupción de nuestros políticos

Cuando el presidente Martinelli fue elegido en 2009, prometió restaurar la integridad estatal al declarar “se puede meter la pata, pero no la mano”. Cinco años después, varios de sus compañeros fueron investigados por sobornos y peculado, y tuvo que abandonar Panamá y luego extraditado de los Estados Unidos por cargos de escuchas ilegales de teléfonos. Del mismo modo, durante el quinquenio siguiente de Varela, el país registró una alta percepción de corrupción que hizo temblar los cimientos de nuestra institucionalidad, al punto que en estos momentos la corrupción es la amenaza más apremiante que enfrenta Panamá. El tema es que aquellos que llegan al poder se olvidan del problema.

La corrupción ha sido un tema persistente a lo largo de la historia de Panamá y ha afectado a políticos, funcionarios y empresarios. Todos estamos de acuerdo en que es un problema, pero todavía no decidimos sobre cómo definirlo y mucho menos combatirlo de manera efectiva. Incluso en los Estados Unidos, los mismos fundadores predijeron en 1783 que la corrupción sería una amenaza constante, cuando George Mason advirtió que “si no brindamos contra la corrupción, nuestro Gobierno pronto llegará a su fin”. Es decir, era una preocupación legítima desde el principio de la democracia.

En Panamá, cuando los próceres en 1903 crearon las bases para la fundación de la República, entendieron que la corrupción había que enfrentarla, aunque entonces se limitaba solamente al intercambio simple y explícito de efectivo por un voto. Ahora sabemos que la corrupción es más que eso y que una forma republicana de Gobierno requiere que los hombres y mujeres actúen como ciudadanos, preocupados por el bien público, y no simplemente como individuos privados e interesados. El filósofo de la Ilustración, el barón de Montesquieu, sostuvo que “la desgracia de una república... ocurre cuando la gente se gana con el soborno y la corrupción: en este caso se vuelven indiferentes a los asuntos públicos y la avaricia se vuelve su pasión predominante”.

No hay duda de que la preocupación por la corrupción ha sido un tema dominante de la política panameña desde nuestros orígenes, pero de meras preocupaciones no se puede solucionar nada. Hemos sido muy permisivos y terminamos siempre mirando hacia el otro lado cuando nos toca hacer lo propio. El cabildeo, por ejemplo, ha sido siempre permitido en la cultura política nacional y ha dominado prácticamente todos los círculos políticos y económicos de Panamá por igual. En otros países, el cabildeo está regulado porque es considerado contrario a las políticas públicas. En los Estados Unidos, varios estados, como Georgia y Arkansas, lo tenían como un delito hasta mediados del siglo pasado y ahora después que ya no es delito, los tribunales simplemente se niegan a cumplir los contratos de cabildeo, sobre la base de que tal conducta es contraria a la política pública.

Evidentemente, hemos recorrido un largo camino desde entonces. Hoy en Panamá, ser diputado es un negocio en sí mismo. Igualmente en los Estados Unidos, la mitad de todos los miembros del Congreso se convierten en cabilderos al abandonar el cargo. Lejos de ser una mala palabra, cabildear es visto hoy como un derecho y, de hecho, es una parte necesaria de la democracia. Sin embargo, también es una amenaza peligrosa para la integridad del proceso, ya que la función social del cabildeo es tomar dinero y convertirlo en poder político.

El desafío que tenemos como sociedad es evitar que el libre flujo de dinero en el proceso de creación de leyes y asignación de proyectos perturbe la esencia de la democracia. Se supone que los políticos deben responder a los deseos de sus electores y deben obtener el apoyo de sus electores para la elección y la reelección. Sin embargo, si un funcionario electo toma dinero a cambio de un voto, la capacidad de respuesta se convierte en corrupción.

Así es como funciona nuestra política criolla. Con individuos y corporaciones gastando cantidades ilimitadas de dinero en campañas políticas, y cuando la sociedad está marcada por grandes disparidades en la riqueza, existe un riesgo real de que la democracia se convierta en una oligarquía, ya que los funcionarios electos no nos representan a todos por igual, sino a los que están dispuestos y pueden gastar grandes sumas de dinero en su nombre.

Montesquieu y Masonn temían que, a medida que los ciudadanos se volvieran cada vez más escépticos de que el Gobierno está sirviendo al bien público, sería menos probable que actuaran como ciudadanos con respecto a lo público y más propensos a tener un comportamiento egoísta y miope. Una imagen cada vez más precisa de la política panameña actual.