El criminal nuestro de cada día

¿Existe un nivel creciente de la criminalidad en Panamá? Es una pregunta muy difícil de contestar, a través de información científica. Sin embargo, los hechos que narran los noticieros exponen casos cada vez más crudos, sofisticados y que alcanzan muchos sectores, cuando antes no sucedían con la gravedad que se perciben en la actualidad. No hay barrio en que no opere una agrupación pandilleril, que condiciona la vida comunitaria.

He escuchado historias de proyectos públicos que se desarrollan en ciertas localidades y, antes de iniciar las tareas, debe consultarse con el “jefe” del área, quien determina cómo participan allí los miembros del colectivo, con la finalidad de mantener tranquilas a las unidades de las bandas locales. Pero los escogidos deben desenvolverse en determinadas calles (territorios) y no invadir aquellas que pertenecen a otros grupos.

Registros internacionales, divulgados por medios nacionales de comunicación, exponen que Panamá ocupa el lugar número 17 en criminalidad, de acuerdo con la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC, por sus siglas en inglés), realizado en 193 países; aquí, varios de América Latina están situados en los primeros -y más graves- escalones. Se indica que el país desmejoró de 5.96 en 2020 a 6.68 en 2021.

Pareciera que, con estos indicadores, la variación ha sido poca; sin embargo, se aprecia en otros órdenes del estudio, el nivel bajo de resiliencia para enfrentar al crimen organizado. Resulta que se cuenta con una posición bastante baja, y con un diagnóstico de debilidad, en cuanto al papel que el propio Estado brinda para enfrentar estas cifras. Cabe preocuparse por el panorama que se expone.

Según el Ministerio Público, los delitos más comunes son: homicidio, secuestro, delitos sexuales, relacionados con drogas, robos, corrupción, violencia doméstica, injuria y calumnia.

Un ejemplo ilustra sobre el alcance de este balance. Las Fiscalías Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas, durante el periodo comprendido entre enero a diciembre de 2020 ingresaron un total 4269 causas para investigación, de ellas, 4202 corresponden a casos por el delito contra la Seguridad Colectiva y 67 casos contra el Orden Económico (blanqueo de capitales).

Al analizar estos y otros tipos de actos descritos, que violan la Ley y disposiciones, se nota que es una especie de fiebre que se esparce por todos los rincones y, en mayor grado exige una acción muy directa para reducir o eliminar la ocurrencia de tales circunstancias. Esto obliga a las autoridades a elaborar estrategias eficientes contra las diversas manifestaciones de prácticas que se contradicen con el nivel de desarrollo de la sociedad.

Según una encuesta que se hace cada año desde 2008, sobre victimización, bajo la coordinación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en 2010 un 10 % de encuestados había sido víctima de, por lo menos, un delito. En 2017, la cantidad había avanzado hacia el 17 %. Esto ha aumentado en los últimos años; incluso en los que hemos sido atacados por la COVID-19.

La reciente decisión de establecer una ley sobre criminalidad en Panamá, es un paso positivo, si se logran definir estrategias óptimas para crear condiciones en todo el país que permitan reducir esa otra pandemia, que aqueja al conjunto de los panameños. Lo peor es que se han generalizado sus síntomas, y muchos conviven con ellos como si fuera algo normal que, cada día, se robe, se mate y ocurra todo tipo de tropelías.

Quien actúa con conductas delictivas ha adquirido un nuevo estatus. Él tiende a lograr la admiración de la gente por sus capacidades y astucias; lo que hace perder la perspectiva de que esta nueva identidad, no sea más que un disfraz de quien requiere camuflarse, porque viola la Ley y promueve afectaciones difíciles de enfrentar.