Cuando la norma llega tarde: la urgencia de que la Ley Anticorrupción avance en Panamá

Panamá ha dado un primer paso firme exigiendo justicia sin impunidad, pero la realidad es que las reformas anticorrupción avanzan más lento que las prácticas que buscan combatir. La brecha entre la voluntad ciudadana y la velocidad institucional se está haciendo cada vez más evidente, y esa distancia, si no se reduce pronto, puede seguir debilitando la confianza pública y la reputación internacional del país.

La discusión de la Ley Anticorrupción no ocurre en un vacío. Al contrario, se desarrolla en un contexto donde los panameños son testigos de múltiples prácticas que, aunque normalizadas, revelan fragilidades estructurales del sistema. Uno de los ejemplos más frecuentes es el uso de pequeños comercios —como salones de belleza, barberías o locales que reportan altas ganancias sin actividad real comprobable— como vehículos para ocultar flujos financieros irregulares. Esta tipología ha sido identificada por organismos internacionales y no señala a nadie en particular, pero evidencia cómo sectores informales pueden ser utilizados para operaciones ilegítimas cuando no existen controles suficientes.

Otro fenómeno que afecta la credibilidad institucional es el ejercicio del nepotismo, la contratación sin méritos y el uso de influencias indebidas. No se trata de casos aislados ni de nombres específicos, sino de una cultura que se reproduce en distintos niveles del sector público y que erosiona la confianza ciudadana en la administración estatal. Cuando la percepción es que los cargos se obtienen por conexiones y no por capacidades, se debilita cualquier esfuerzo de reforma, por más bien intencionado que sea.

Panamá bajo la lupa internacional

A estos elementos internos se suma un escenario internacional que Panamá no puede ignorar. Aunque el país ya no esté formalmente en la Lista Gris del GAFI, continúa bajo monitoreo y evaluación constante, lo que significa que el mundo sigue observando su desempeño en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Para los organismos multilaterales, no basta con removerse de una lista: importa la consolidación de prácticas sostenidas que garanticen transparencia y supervisión efectiva.

La situación se vuelve más compleja cuando se analiza cómo Panamá suele aparecer mencionado en investigaciones regionales sobre flujos ilícitos que cruzan el continente. Algunos estudios recientes han destacado que estructuras criminales internacionales ven al país como un punto atractivo para mover capitales por su conectividad financiera y logística. No se trata de afirmar que Panamá es responsable de esas conductas, sino de reconocer que la vigilancia global es real y que la aprobación de una Ley Anticorrupción robusta fortalecería la posición del país ante cualquier señalamiento injusto.

Del lado europeo, también existen listados y evaluaciones propias. A diferencia de OFAC en Estados Unidos —que sanciona personas y entidades—, la Unión Europea maneja clasificaciones de países con deficiencias estratégicas o riesgos en materia de transparencia fiscal y financiera. Si Panamá quiere mantenerse fuera de esas listas y proteger su sector financiero, debe demostrar que las reformas anticorrupción no se quedan en anuncios, sino que se convierten en herramientas efectivas aplicadas en la práctica.

El retraso en aprobar la Ley Anticorrupción no solo afecta la imagen del país; tiene efectos concretos en la economía formal, el clima de inversión y la competitividad regional. Las empresas necesitan reglas claras, instituciones fuertes y sistemas que prevengan conflictos de interés. Los ciudadanos necesitan confiar en que la justicia funciona, que las denuncias reciben seguimiento y que quienes actúan al margen de la ley enfrentan consecuencias.

Panamá tiene una oportunidad poderosa en este momento: demostrar que la transparencia no es un discurso, sino una política de Estado. Para lograrlo, es necesario avanzar en cuatro líneas claras:

1. Modernizar la supervisión financiera y administrativa, incorporando tecnología que permita trazabilidad y análisis de riesgo.

2. Fortalecer los mecanismos de mérito y selección en el servicio público, eliminando cualquier espacio para el nepotismo.

3. Promover educación cívica y ética institucional, creando una cultura anticorrupción desde las escuelas y universidades.

4. Asegurar que la Ley Anticorrupción se apruebe sin dilaciones, reflejando el compromiso del país con los estándares internacionales.

La lucha contra la corrupción no admite pausas

Panamá ha demostrado que puede levantarse, corregirse y avanzar. La ciudadanía ya hizo su parte al exigir transparencia. Ahora corresponde a las instituciones actuar con la rapidez que demanda el momento histórico. La lucha contra la corrupción no admite pausas, porque cada retraso abre espacio para que viejas prácticas se fortalezcan. Si Panamá decide caminar hacia adelante con determinación, tiene todo para convertirse en un referente regional de integridad y buen gobierno.