Cuarto Puente sobre el Canal, del ahorro prometido al sobrecosto millonario

El cuarto puente sobre el Canal no es solo una obra retrasada, es el reflejo de cómo se toman decisiones que le cuestan miles de millones al país. Fue un proyecto concebido desde el año 2010 como una solución estratégica para aliviar el tránsito entre la capital y Panamá Oeste, además de complementar la futura Línea 3 del Metro.

El costo estimado era de $1,518 millones, con fecha de entrega prevista para 2021, pero esto cambió y la licitación inicial, ganada por el consorcio Panamá Cuarto Puente, formado por China Communications Construction Company y China Harbour Engineering Company, fue de aproximadamente $1,420 millones y la nueva fecha de entrega era para 2023.

Pero como las cosas que solo suceden en Panamá, en el año 2019 una partida presupuestaria del Ministerio de Obras Públicas (MOP) que estaba destinada para la construcción de esta obra, fue trasladada al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) para el pago adeudado a productores, lo cual la retraso.

En noviembre de 2019, el nuevo gobierno del presidente Laurentino Cortizo, liderado el Ministerio de Obras Públicas (MOP) por Rafael Sabonge, deciden eliminar características del puente, lo cual reduce su costo a $1,372 millones, prometiendo abaratar la obra, pero el problema de su financiamiento detiene la construcción desde el año 2020 al 2023.

La decisión del ministro del MOP, lejos de generar ahorros, terminó provocando un sobrecosto significativo en la construcción del cuarto puente sobre el Canal. El costo total del puente se elevó hasta alcanzar los 2,137 millones de dólares, incluyendo diseño, construcción y financiamiento, evidenciando que los ajustes realizados no solo no redujeron el gasto, sino que encarecieron la obra y comprometieron su funcionalidad futura.

El ministro actual del MOP, José Luis Andrade, indicó que los cambios introducidos al proyecto generaron costos adicionales por aproximadamente 1,840 millones de dólares.

Es importante subrayar que no todos estos costos recaen directamente sobre el puente en sí, sino que reflejan el impacto global de una decisión de rediseño que terminó trasladando el encarecimiento a todo el sistema de transporte que el proyecto debía articular. Es decir, el costo no solo creció, se dispersó y se multiplicó en obras vinculadas.

Pero quizás el hecho más relevante es que, en junio de 2025, el propio Andrade presentó una denuncia sobre este caso, señalando presunta negligencia administrativa en el manejo del proyecto.

Este caso evidencia decisiones tomadas sin sustento técnico, pero con consecuencias millonarias que hoy paga todo el país.

El cuarto puente sobre el Canal, tras la nueva adenda, alcanza ahora un costo de 2,387 millones de dólares, con una fecha de entrega prevista para octubre de 2028. Esto implica un retraso de cinco años respecto al cronograma originalmente planteado en la licitación.

Rafael Sabonge, exministro del MOP, hoy permanece en libertad, sin señales de asumir responsabilidad política o moral, mientras continúa disfrutando de los privilegios que dejó su paso por la gestión pública. Sobre él pesa una denuncia en el Ministerio Público, en un sistema que, para buena parte de la élite política del país, parece no operar con la misma contundencia que para el resto de los ciudadanos.

Panamá merece respuestas, pero sobre todo merece justicia. Es imperativo que todos aquellos funcionarios que tomaron decisiones que le costaron millones al país rindan cuentas ante la ley.

Porque cuando la honra se pierde en el ejercicio del poder, lo único que puede restituir el equilibrio es la justicia.