De la soberanía a la subordinación

La historia de Panamá está marcada por una lucha constante por consolidar su soberanía en todo su territorio, particularmente sobre el Canal, símbolo de identidad nacional y orgullo patriótico. Hoy, tras casi medio siglo de los Tratados Torrijos-Carter, que sellaron la transferencia del Canal a manos panameñas y consagraron el principio de neutralidad permanente, Panamá enfrenta una nueva amenaza: la estrategia de confrontación global de Estados Unidos ante su declive hegemónico, de la cual Panamá no es parte.

El memorándum de entendimiento recientemente firmado entre el Ministerio de Seguridad de Panamá y el Departamento de Defensa de Estados Unidos constituye un retroceso peligroso en la autodeterminación nacional. Aunque sus defensores argumentan que no se trata de la instalación de bases militares permanentes, el acuerdo permite el despliegue rotativo de tropas estadounidenses, la reactivación de antiguas instalaciones militares como Howard, Rodman y Sherman, y operaciones conjuntas en nombre de la “seguridad del Canal” y la “cooperación contra amenazas regionales”. Esta ambigüedad funcional erosiona el artículo V del Tratado de Neutralidad del Canal, que establece: “Después de la terminación del Tratado del Canal de Panamá, solo la República de Panamá manejará el Canal y mantendrá fuerzas militares, sitios de defensa e instalaciones militares dentro de su territorio nacional”.

Esta presencia militar, aunque disfrazada de colaboración, riñe con el principio de neutralidad del Canal al alinearse con la estrategia estadounidense de responder a la supuesta amenaza de China en América Latina. Washington ha expresado abiertamente su preocupación por la influencia de empresas chinas, como CK Hutchison Ports, que opera dos de los cinco puertos adyacentes al Canal desde 1997, tras ganar el concurso en el que participaron empresas estadounidenses, antes de completarse la transferencia del Canal a Panamá.

La administración Trump ha señalado a Panamá como un punto estratégico que debe ser “recuperado”. En este marco, la política exterior panameña comienza a inclinarse peligrosamente hacia una subordinación a Estados Unidos sin cuestionar los falsos señalamientos trumpistas.

La lógica detrás de esta nueva relación militar es clara: asegurar el control irrestricto de Estados Unidos del Canal ante un eventual conflicto global con China. Pero esta lógica no contempla los costos políticos, diplomáticos y sociales que asume Panamá. ¿Qué sucederá si el país se convierte en blanco de represalias por parte de potencias afectadas? ¿Cómo afectará esta remilitarización al equilibrio geopolítico de la región y a nuestra reputación internacional como nación neutral?

El memorándum no solo contraviene el texto y naturaleza del Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, la Constitución Política y el derecho internacional, sino que también vulnera la dignidad nacional. Nos arriesgamos a repetir los errores del pasado, cuando el territorio panameño fue escenario de ocupación, intervenciones y violencia, todo en nombre de intereses ajenos. No podemos permitir que, bajo el pretexto de “seguridad compartida”, se reinstale un componente esencial de la dominación neocolonial.

El pueblo panameño tiene la obligación histórica de rechazar esta nueva forma de sometimiento y defender el cumplimiento del Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá. No podemos permitir que el país retroceda a los tiempos oscuros en que la alianza oligarca imperialista impuso sus intereses sobre la nación panameña.

La soberanía se reafirma con acciones claras: exigir transparencia total en los acuerdos firmados, consultar al pueblo panameño sobre la presencia de tropas extranjeras, forjar un gran frente patriótico unitario, ejercer una política exterior insumisa, que coloque los intereses nacionales por encima de alianzas unilaterales. La coyuntura requiere de la movilización popular, el ejercicio de plenas libertades democráticas y el debate nacional, sin censura.