• 01/11/2022 00:00

El derecho a migrar y el tráfico ilícito de migrantes

“Por lo que respecta a nuestro país, [...] se garantizan los derechos de los migrantes, aunque ellos hayan dado su consentimiento, puesto que son personas vulnerables, (y) pueden ser víctimas de violaciones de derechos humanos [...]”

Los diez mejores países para emigrar en el año 2022 son Noruega, Canadá y Nueva Zelandia, entre otros más, aunque, desde 1970, Estados Unidos se ha convertido en el destino de los migrantes, seguido de Alemania, según el Informe (2022) de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), y en el caso de Panamá se considera como el país más fácil para emigrar.

El derecho a emigrar es un derecho reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que determina que toda persona tiene derecho a circular libremente en un Estado y abandonar el país donde se encuentre, incluyendo el suyo y a regresar a su país, y se constituye como la primera etapa del proceso migratorio. Esa migración puede ser forzada, por amenaza a la vida, la seguridad o la libertad (refugiados) y voluntaria, cuando se trasladan por estudios, razones económicas, o por la publicidad que ofrece una vida mejor en otro país, y en ambos casos se han previsto convenciones internacionales para garantizar sus derechos humanos.

No obstante, el derecho a migrar y en concreto inmigrar, no está reconocido como derecho humano, pues en el caso de los desplazamientos internacionales están sujetos a los controles y restricciones migratorias que establecen los países para la entrada, salida y permanencia, y está limitado a la autoridad soberana de los Estados, se dice que “las fronteras tienen un uso principalmente discriminador: sirven para determinar quién entra a la comunidad política y quién permanece fuera” (Carbonell).

Por el momento, hasta la fecha, han atravesado 158 000 personas por el Tapón del Darién, lo cual supera la del año pasado, de 133 000, pero antes han hecho una travesía por mar en lanchas, partiendo de Necoclí, han caído en manos del negocio del tráfico ilícito, que publicita las rutas para llegar ilegalmente a Estados Unidos, y que ofrece servicios de coyote y guías para la travesía por tierra y mar.

Con lo anterior, se han puesto en alerta los controles migratorios y de seguridad pública, se han incrementado las organizaciones criminales asociadas a la migración, y se ha provocado una crisis humanitaria, que Panamá ha tenido que afrontar juntamente con organizaciones internacionales, como la Cruz Roja, Unicef y Acnur, entre otras.

Quizás podría afirmarse que estos migrantes que recurren a los traficantes son personas invisibles para la sociedad, que ellos “se lo buscaron”, y que por ello, no hay que protegerlos contra los traficantes; sin embargo, tanto a nivel nacional como internacional, hay una preocupación para luchar contra el tráfico ilegal de migrantes, negocio lucrativo, en el que alguien ha señalado que “estos mercaderes de seres humanos les sacan a los migrantes y sus familias hasta la última moneda de sus ahorros con la promesa de abrirles las puertas del “sueño americano” (Rojas, R., 2020).

Por lo que respecta a nuestro país, el delito de tráfico ilegal de migrantes se considera como un delito contra la humanidad, hecho que afecta al Estado, pero por encima de ello se garantizan los derechos de los migrantes, aunque ellos hayan dado su consentimiento, puesto que son personas vulnerables, pueden ser víctimas de violaciones de derechos humanos por quienes dirigen, promueven, financian estas organizaciones criminales.

Véase: Migrantes de otro mundo, un negocio cruel, Ronny Rojas, Estevan Muñiz, Suchit Chávez, y otros, 2020. https://migrantes-otro-mundo.elclip.org/un-negocio-cruel/un-negocio-cruel.html

Catedrática de Derecho Penal, UP.
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