Derechos inalienables de los diputados

L o sucedido en la Asamblea Nacional durante la instalación del tercer período de sesiones han motivado comentarios adversos y favorables. La ocasión es propicia para ubicar el tema en una perspectiva apropiada, alejada de todo matiz sectario o partidista. De lo que se trata es del cabal ejercicio de prácticas parlamentarias legítimas, consecuentes con el sistema democrático que tanto nos ufanamos por construir. Como todo en esta vida, en la Asamblea hubo aciertos y desaciertos.

Si nos guiamos por la Constitución que decimos obedecer, el Órgano Legislativo es totalmente independiente de los otros dos poderes del Estado. Los diputados —representantes de los residentes de sus circuitos electorales— son soberanos absolutos dentro de la Asamblea Nacional, en control de lo que suceda allí dentro. Prueba de ello es que los diputados inician sesiones en enero y agosto cada año, sin tener que ser convocados por nadie. En el Parlamento pueden emitir las opiniones que les vengan en ganas y pueden votar según sus propios criterios. Salvo la revocatoria de mandato cuando proceda y su sumisión a la Corte Suprema de Justicia por algún acto policivo o delictivo, los diputados son legalmente intocables. Son derechos inalienables, garantizados para impedir el surgimiento de prácticas tiránicas que aniquilen la democracia y las libertades por las que se luchó desde la Toma de la Bastilla hasta los pañuelos y pailas de Calle 50. Por lo menos, en teoría.

La Asamblea Nacional es un órgano eminentemente político. Significa que sus acciones no descansan necesariamente en conocimientos técnicos o científicos propios; las suyas son acciones políticas inspiradas en el sentido común y en la voluntad de sus electores. En consecuencia, un diputado —o una bancada completa— tiene pleno derecho a retirarse de cualquier sesión plenaria o de comisión, si lo considera justificado como un acto político de protesta o presión, ejercido dentro del recinto parlamentario, que es su casa. Nadie puede censurar esa acción, porque es un acto de carácter político dentro del espacio físico que le pertenece exclusivamente a los diputados.

Sin embargo, todos los ciudadanos tenemos derecho a revisar las motivaciones detrás de esas protestas y a juzgar sus méritos o desmerecimientos. Con los ejemplos concretos ocurridos la semana pasada, podemos hacer algunas precisiones que puntualizo a continuación.

El propósito ostensible del retiro de la bancada del Partido Panameñista fue protestar contra lo que consideró como falta a la palabra empeñada por sus colegas de la Alianza oficialista. Por su lado, la amenaza de la bancada del PRD de retirarse, con el fin de romper el quórum para terminar abruptamente la sesión e impedir la presencia y discurso reglamentario del presidente de la República, resultó ser un deslucido intento por castigar al candidato a la segunda vicepresidencia de la Asamblea, por el hecho de haber abandonado las filas del PRD.

El punto es el siguiente: en su esencia, ambas acciones eran legítimas y no pueden ser reprobadas; pero sus diferentes propósitos particulares merecen ponderación o censura. ¿Es acaso el cumplimiento de un acuerdo político, exigido por los panameñistas un valor que merece ser defendido? ¿Es la acción de ‘sacarse el clavo’ con un antiguo colega un objetivo loable, y peor si —como se rumoreó— se perseguían otros propósitos inconfesables? Pienso que la bancada del PRD equivocó su objetivo: si con su presión se hubiera intentado lograr algún beneficio para la gente —firmeza contra la corrupción o control del costo de vida— o alguna ayuda concreta para los llamados ‘excluidos’, tal presión hubiese estado plenamente justificada y hubiera sido unánimemente ponderada por su buena intención.

Cabe añadir que el control total de lo que sucede dentro del Palacio Legislativo, no otorga el derecho a faltarle el respeto a colegas o a miembros de otros Órganos del Estado, incluyendo al presidente de la República. Personalmente sufrí esa falta de respeto. Una buena educación, reglas de urbanidad, modales mínimamente cultivados exigen que los derechos inalienables de los diputados se enmarquen en un modelo de conducta ejemplar que no nos avergüence, como en buena medida, sucedió la semana pasada.

*EX DIPUTADA DE LA REPÚBLICA.