Uno de los puntos clave mencionados fue la interacción de la APA con otras carteras del Estado para garantizar que los procedimientos se realicen en regla...
- 16/03/2026 00:00
Día Mundial de los Derechos del Consumidor: reclamar también es un derecho
Cada 15 de marzo se conmemora el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia de conocer y ejercer las garantías que protegen a quienes participan en el mercado. En Panamá, estas disposiciones se encuentran establecidas en la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, normativa que reconoce diversos derechos fundamentales destinados a equilibrar la relación entre consumidores y proveedores de bienes y servicios.
En ocasiones, al presentarse una situación irregular durante la compra de un bien o la prestación de un servicio, las personas sienten la necesidad de manifestar su inconformidad y exigir el respeto a sus derechos como consumidores. Reclamar no debe verse como una molestia, sino como un derecho legítimo que contribuye a mejorar las prácticas comerciales y fortalecer la confianza en el mercado.
Cuando un consumidor se ve afectado por anomalías o prácticas desleales en un establecimiento comercial, lo primero que debe hacer es expresar su reclamo directamente ante el proveedor. Lo recomendable es dirigirse al gerente o a la persona responsable con capacidad de resolver la situación. La clave es actuar con firmeza, pero con respeto, procurando siempre una solución inmediata.
Un ejemplo común ocurre cuando el precio anunciado de un producto en el anaquel no coincide con el registrado en el lector del código de barras al momento de pagar. En ocasiones la diferencia es mínima y muchos consumidores prefieren no reclamar. Sin embargo, la legislación de protección al consumidor establece que, si un producto tiene más de un precio marcado por el proveedor, prevalecerá el menor y el comercio está obligado a venderlo a ese precio.
La misma normativa también señala que todos los bienes ofrecidos en un establecimiento deben tener su precio al contado de forma clara y visible. A pesar de ello, todavía es frecuente observar comercios donde esta información no se presenta adecuadamente, lo cual vulnera el derecho de los consumidores a recibir información veraz y oportuna.
Si el reclamo directo no obtiene una respuesta satisfactoria, el consumidor puede acudir a las autoridades administrativas correspondientes. En Panamá, los casos relacionados con bienes y servicios comerciales pueden presentarse ante la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), institución encargada de velar por el cumplimiento de las normas que protegen a los consumidores. En situaciones vinculadas a servicios públicos como electricidad, agua potable o telecomunicaciones, la instancia competente es la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.
Para que un reclamo sea efectivo, es fundamental conservar los documentos que respalden la transacción comercial, tales como la factura, el certificado de garantía u otro comprobante relacionado con la compra.
La legislación panameña reconoce diversos derechos que buscan equilibrar la relación entre consumidores y proveedores. Entre ellos destacan el derecho a la seguridad frente a productos o servicios que puedan representar riesgos para la salud o la integridad física; el derecho a recibir información clara y veraz sobre las características de los bienes y servicios; el derecho a elegir libremente entre diversas opciones en el mercado; y el derecho a la protección de los intereses económicos del consumidor.
Asimismo, los consumidores tienen derecho a ser escuchados, a recibir educación y orientación, a obtener compensación o reparación por los daños ocasionados por un proveedor, y a ser protegidos contra la publicidad falsa o engañosa.
Conocer y ejercer estos derechos es fundamental para promover relaciones de consumo más justas y transparentes. Un consumidor informado y dispuesto a reclamar cuando sea necesario contribuye a fortalecer la cultura de respeto en el mercado y a garantizar que las normas de protección al consumidor se cumplan en beneficio de toda la sociedad.