Dirección Pública Profesional: tarea pendiente para América Latina

Durante las últimas décadas, en parte por las grandes transformaciones sociales, como por las reformas estructurales realizadas en varios países en el propio aparato estatal, las funciones de reclutamiento, ingreso y permanencia en el sector público han sufrido cambios, como así también fuertes modificaciones en sus sistemas de formación y capacitación. Esto implica un rediseño institucional y un análisis de las nuevas misiones y funciones que aparecen en las diferentes transformaciones de los organismos públicos.

Este conjunto de transformaciones se ha registrado en numerosas administraciones públicas en América Latina y Panamá no ha sido ajena a las mismas. Esto se debe principalmente a las lógicas de las reformas estatales y a su vinculación con nuevos problemas políticos y sociales, entre ellos el factor científico-tecnológico y su impacto en el sector público.

El ejercicio de las diferentes funciones estatales se ha transformado vertiginosamente experimentando un fuerte reacomodamiento de las estructuras; nuevos ministerios, fusiones de organismos, procesos de horizontalización y redefinición de metas son elementos constantes en un mundo globalizado en el que; sin embargo, el Estado sigue teniendo un papel central como organizador de la vida política. En el caso de América Latina, puede observarse que los cambios acompañaron los procesos de democratización por los cuales han pasado gran parte de los países de la región. Sin lugar a dudas, esto también reconstruye y articula metas, como la necesidad de políticas públicas más eficaces y mecanismos de control y transparencia por parte de la gestión de las políticas públicas. Por tal razón, en muchos casos, la especialización y complejidad de las misiones y funciones ha requerido sistemas estratificados y diferenciados de formación y capacitación, como así también la introducción de elementos de flexibilidad y adaptación que requieren aspectos formativos y pedagógicos de transferencia didáctica en los diferentes programas de actualización.

En la actualidad, frente a la complejidad del siglo XXI, vemos emerger nuevas tendencias en el campo de la administración pública, en donde junto a los procesos de democratización se observan otros de modernización de las estructuras estatales, en donde nuevos saberes y competencias se presentan como un desafío para aquellos que toman las decisiones de última instancia en la sociedad. La aplicación de nuevas tecnologías ha dado paso a una concepción más “abierta”, que, poco a poco, dio lugar a lo que algunos autores han denominado “Gobierno abierto”, en donde no solo se trata de un mayor acceso a la información, sino que también se expresa en novedosos mecanismos de participación y control de la gestión pública.

La expansión de esta cosmovisión por fuera de la órbita estricta del poder Ejecutivo ha dado paso al denominado paradigma del “Estado abierto”, el cual pretende construir una nueva etapa en la vinculación entre el Estado y la sociedad. En ese sentido, mientras la dinámica de mercado muestra una evolución acelerada hacia la sociedad del conocimiento, el Estado por su parte se encuentra vivenciando cambios muy lentos y no exentos de múltiples resistencias.

La preocupación por formar cuadros políticos para la gestión del Estado responde a dos necesidades: por un lado, hacer frente a los nuevos desafíos del mundo actual, y por otro, tener un cuerpo de administradores que acompañe los proyectos políticos nuevos y posea conocimientos actualizados y especializados. A diferencia de otros momentos y modelos de formación, aquí es el Estado quien se compromete a contribuir a la capacitación de los dirigentes en un modelo de formación permanente y continua, con el fin de brindar cada vez mejores servicios y de mayor calidad. Es decir, lo que se busca no es solamente formar nuevos agentes o viejos con nuevas competencias, sino construir un sistema permanente de formación y mejorar la carrera y el acceso a los cargos directivos.

Asimismo, hay que hacer especial hincapié en orientar no solo la capacitación de la Dirección Pública Profesional de saberes vinculados con la gestión del conocimiento, sino que también debemos preparar a los mismos para los desafíos que imponen la inteligencia artificial y la robotización.

Los procesos de formación y capacitación requieren de la investigación específica sobre los conocimientos, saberes y competencias que hacen al ejercicio de las funciones por parte del servicio civil. Posiblemente este constituya uno de los desafíos más grandes en la sincronización de los diferentes “relojes” que hacen a la práctica de la administración pública.