• 12/10/2023 00:00

Efecto cancha inclinada

Los estudiosos de la ciencia política señalan que la ventaja del oficialismo funciona independientemente de las virtudes de sus candidatos

Enfrentar una candidatura oficialista, en todo su rigor, es algo que no hemos tenido durante los últimos treinta años, en Panamá. Ciertamente, en cada elección desde 1994, ha habido un candidato o candidata del partido en gobierno, pero, primero, no ha estado ejerciendo simultáneamente un cargo gubernamental y, no siempre, ha recibido el apoyo del gobernante en funciones.

Las candidaturas oficialistas son un peligro para la democracia, porque reducen la competitividad y generan una ventaja electoral indebida.

Quede claro que aquí no me refiero a la evaluación de una gestión gubernamental, eso puede tener efectos negativos o positivos. Hago referencia al uso del poder en beneficio una candidatura; porque la vigencia efectiva del principio de igualdad es fundamental para la democracia.

El tema no es de menor importancia cuando la Constitución fija limitaciones para impedir ese riesgo del apoyo oficial a una candidatura. El principal, la no reelección para el cargo de presidente de la República, por los dos períodos inmediatamente siguientes (art. 178). Por otro lado, prohíbe “El apoyo oficial, directo o indirecto, a candidatos a puesto de elección popular, aun cuando fueren velados los medios empleados a tal fin” (art. 136).

Nuestra historia, también de los últimos treinta años, ha demostrado que ningún gobierno ha repetido. Para quienes estudian los comportamientos electorales, queda claro que el pueblo panameño hace una gran apuesta por la alternabilidad en el poder.

Lo anterior no limita que debamos proteger nuestra democracia.

La candidatura oficialista para presidente de José Gabriel Carrizo, actual vicepresidente de la República en funciones permite comprender que muchas de las decisiones del gobierno, a lo largo de los últimos años, han tenido como objetivo último el beneficio de sus intereses políticos, creando un escenario caracterizado por el uso y abuso del poder, privilegios y recursos del Estado.

La situación descrita hace peligrar el equilibrio institucional necesario en una sociedad democrática.

Conforme nos acerquemos a la campaña electoral será más evidente lo que ya está pasando solapadamente y que podemos anticipar de manera más burda.

En el 2014, el señor Varela fue candidato a presidente siendo vicepresidente en ejercicio, pero, es un hecho público y notorio que su candidatura fue en oposición al gobierno del cual formó parte. Si se trata de salvaguardar nuestra democracia, lo que corresponde es la estricta, expresa, real y absoluta separación de su candidatura del ejercicio de la gestión de gobierno.

Nuestra endeble institucionalidad no soporta un vicepresidente que participa de reuniones de gobierno, toma decisiones y, simultáneamente, es candidato a presidente.

En un país como el nuestro, donde las instituciones de control están en deuda con la ciudadanía, donde es pregunta frecuente: ¿Existe la Fiscalía General Electoral?

Para salvaguardar la convivencia democrática se requiere que las autoridades asuman sus facultades de manera diligente, competente, independiente e imparcial para asegurar un legítimo proceso electoral y pleno respeto a la voluntad popular.

Los estudiosos de la ciencia política señalan que la ventaja del oficialismo funciona independientemente de las virtudes de sus candidatos y le llaman efecto “cancha inclinada”. La amenaza se multiplicará y agravará la gran cantidad de candidaturas reeleccionistas a diputados, alcaldes y representantes.

Las reformas al Código Electoral en medio del proceso, las recomendaciones por parte de la Asamblea de aumentar el presupuesto general del Estado en más de 700 millones de dólares, el uso indiscriminado de las partidas de la descentralización paralela y un largo etcétera solo vienen a demostrar que quienes detentan el poder están dispuestos a usarlo para “incidir” del resultado electoral.

Todos los protagonistas de este proceso electoral, que ya arrancó, deben advertir el grave escenario hacia el cual estamos dirigiéndonos. Por supuesto, que no solo se trata de señalarlo, la participación ciudadana será la única que podrá contenerlo.

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